El Gobierno de Estados Unidos no informa a 200.000 trabajadores que han estado expuestos a sustancias cancerígenas

Cientos de miles de trabajadores norteamericanos han estado y están expuestos en sus lugares de trabajo a peligrosos agentes cancerígenos, y el Gobierno de Washington, que tiene una lista con todos sus nombres, se ha negado a informarles de la circunstancia por problemas burocráticos de distribución de competencias entre las diferentes agencias federales y para evitar el gasto que las notificaciones supondrían.

El diario The Washington Post, en una exclusiva nacional, ha revelado que el Instituto para la Seguridad y Sanidad en el trabajo (NIOSH), un organismo dependiente del Gobierno norteamericano, tiene en su poder una lista con los nombres de 200.000 trabajadores en cuyas fábricas existen sustancias químicas consideradas como cancerígenas, y los de otros veintiún millones de personas que han estado expuestas a otros «materiales contaminantes peligrosos» que pueden afectar seriamente a su salud.El NIOSH ha realizado exhaustivas investigaciones del medio ambiente en las fábricas de Estados Unidos, pero se ha limitado a utilizar los datos obtenidos para la relización de investigaciones médico-biológicas. Las listas de trabajadores sometidos a agentes cancerígenos o contaminantes de cualquier índole únicamente han servido para que fueran tachándose en ellas, con el paso del tiempo, los nombres de los que han ido muriendo.

NIOSH, el Instituto Nacional del Cáncer, laboratorios, universidades y centros de investigación a fondo de todo Estados Unidos cuentan con las listas de trabajadores afectados por los agentes contaminantes, pero nadie ha emprendido la tarea de informarles del peligro a que están o han estado sujetos, dado el coste de millones de dólares de una operación de ese tipo. El NIOSH, una vez obtenidas las conclusiones de sus exámenes, se limita a informar a los directivos de las empresas y a los líderes sindicales, y éstos deciden la procedencia o no de hablar del asunto a los empleados. En cualquier caso, el 70% de trabajadores norteamericanos que no está sindicado no tiene ninguna posibilidad de enterarse de su situación.

Las leyes de Estados Unidos señalan que los trabajadores de este país tienen el derecho a conocer los riesgos que existen para su salud. Funcionarios de la Administración federal han comentado al diario The Washington Post que reconocen que es inmoral no notificar a los interesados el peligro a que están sometidos arguyendo dificultades económicas o burocráticas; pero la realidad es que nadie en el Gobierno ha tomado la iniciativa de intentar resolver la cuestión.

Ahorrar la asistencia médica

Uno de los miedos del Gobierno norteamericano, según el Post es que si notifica a los trabajadores los peligros a que están o han estado sujetos se vería obligado a asistirles médicamente para combatir las enfermedades contraídas o, en el mejor caso, prevenirlas, Y ello tendría que suponer una inversión de alrededor de 60.000 millones de dólares.El Instituto para la Seguridad y Sanidad en el Trabajo no se ha puesto en contacto con los trabajadores para alertarles del riesgo contraído; pero, sin embargo, mantiene una relación constante con Hacienda, el servicio de Correos, las compañías de seguros y la Seguridad Social, con el fin de poder tachar de sus listas los nombres de las personas que, efectivamente, han muerto a consecuencia de su exposición a elementos cancerígenos o contaminantes de cualquier índole.

La agencia nacional norteamericana de protección del medio ambiente tiene una lista de quinientas sustancias que existen en el medio de las fábricas de Estados Unidos y que son consideradas como peligrosas

En 1978, durante el mandato de Jimmy Carter, el entonces ministro de Educación, Sanidad y Bienestar Social, Joseph Califano, creó un grupo especial de trabajo para notificar a cinco millones de trabajadores que habían estado sujetos a los efectos del agente químico asbesto, y para informar a la opinión pública de los peligros del tabaco. La campaña costó 450.000 dólares y tuvo un extraordinario impacto. Posteriores campañas de menor escala fueron dirigidas hacia los cuatro millones de personas cuyas madres tomaron drogas fertilizantes cancerígenas, y a los cientos de miles que corren peligro de contraer cáncer de tiroides por haber sido tratados de problemas en la piel con rayos X.