España no renuncia a ingresar en la CEE en 1984, según Raimundo Bassols
«Soy muy poco partidario de hablar de fechas para la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea», declaró ayer en Ceuta el secretario de Estado para las Relaciones con la CEE, Ralmundo Bassols. El ex embajador de España ante el Mercado Común dijo que los españoles se habían hecho la ilusión de que las negociaciones estuvieran listas en 1981 para su entrada en vigor dos años más tarde, es decir, 1983; pero, posteriormente, Giscard d'Estaing «impuso su retraso y pensamos en firmar en 1982 y ser miembros de pleno derecho en 1984; pero ahora, aunque no hemos renunciado a estas fechas, habrá que darse mucha prisa por cumplir el programa».De los quince capítulos de los que se compone la negociación, trece están muy avanzados, y cinco, terminados; pero «existen dos, como la agricultura y la pesca, que están intocados». El nuevo retraso en las negociaciones españolas para ingresar en la CEE lo justifica el secretario de Estado en la discusión de la política agraria, ya que «los países comunitarios están a la greña para ver cómo se codifica la cuestión agrícola, y existen algunos países que creen que las negociaciones de España con la Comunidad deberían aplazarse, sucediendo lo mismo con la discusión del tema agrícola, pues desean que antes se hubiera rehecho la política agraria comunitaria».
Los cinco capítulos de la negociación que están terminados son los que se refieren a movimientos de capitales, transportes, política regional, derecho de establecimiento y libre prestación de servicios. Añade Ralmundo Bassols que tenía confianza en que, tras las elecciones presidenciales francesas, se levantara la hipoteca sobre la política agrícola, pues Giscard d'Estaing se valió de ello como táctica electoral.
Afirmó que no puede hablarse de una solución para que Ceuta y Melilla no resulten perjudicadas con la entrada en el Mercado Común, porque «nosotros mismos todavía la estamos buscando, al igual que sucede con el problema canario». Referente a este mismo problema de Canarias, Ceuta y Melilla, dijo, por último, que ni la Administración ni el Gobierno se habían pronunciado, y que por ello habían pedido la ayuda y colaboración de los parlamentarios y todas las fuerzas sociales de ambas zonas.
