UCD y la televisión

LAS TRONERAS del Gobierno y de Unión de Centro Democrático se han abierto con los calores del mes de agosto y la artillería pesada ha comenzado a batir las líneas de sustentación del actual equipo directivo de RTVE. A las declaraciones ya habituales de los miembros más reaccionarios del partido del Gobierno para todo lo que consiste modernización de la sociedad española siguieron las insólitas manifestaciones del ministro de Cultura que ponía en solfa la política desarrollada por el primer director general de Televisión, designado por las normas del Estatuto aprobado por las Cortes Generales y, por tanto, no dependiente de las veleidades, gustos y caprichos particulares del ministro de turno.Asombra pensar que el Estatuto del Ente Público RTVE, pieza legislativa de consenso entre todas las fuerzas políticas de representación parlamentaria y que configuraba una televisión del Estado al servicio de todos los ciudadanos, no haya sido entendido ni madurado por el Gobierno y los cuadros directivos de UCD. Durante la elaboración de esa importante norma se tuvo muy en cuenta el diseño de la figura del director general como principal órgano ejecutivo, y precisamente por eso se establecieron unas garantías concretas de independencia frente al Gobierno.

Todos sabemos que el partido centrista ganó las últimas elecciones generales, pero desconocemos que haya adquirido en propiedad las emisoras de radio y televisión estatales. Sólo si en las cajas de caudales de la sede central del partido del Gobierno se encontraran títulos que legitimaran tan insólita propiedad se podría entender un poco la actual trifulca para desembarcar del puesto de mando a Fernando Castedo.

En una detenida lectura de los principios recogidos en la norma que rige el desenvolvimiento y actuación del Ente Público no se encuentran motivos razonables para levantar de sus sillones a un equipo que ha intentado desde su llegada a Prado del Rey una mejora sustancial de la programación de mínímos heredada de la anterior gestión y racionalizar el Mato Grosso administrativo, que quedó elocuentemente descrito en la auditoría realizada en su día por la Intervención General del Estado.

Es bastante conocido que el actual presidente del Gobierno intenta desarrollar una política que conceda a la vida pública española tranquilidad y trabajo continuado de la Administración que impida sobresaltos y convulsiones en la pesada maquinaria del Estado. Por eso, resulta un poco incongruente que a los siete meses de haber tomado Fernando Castedo posesión de su cargo se abra un nuevo periodo de nombramientos y se eche al cesto de los papeles el trabajo y los proyectos realizados durante este tiempo.

Es conveniente, no obstante, comprender entonces que las razones para relevar de su cargo al actual director general de la radio y televisión estatales poco tienen que ver con razones de eficacia o coherencia con los principios estatutarios. Todo indica que los desacuerdos se sitúan mas bien en el siempre discutible terreno de la conveniencia partidaria del actual Gobierno, que desea poner al frente ' de tan poderoso instrumento electoral a personas más obedientes de los poblados gabinetes de Prensa de los ministerios y convertir los informativos en una práctica impenitente de las virtudes que adornan al actual Gobierno. Fernando Castedo cometió un error grave en su actuación, y fue licenciar a Gabilondo ante las presiones del Gobierno. Como la historia se encarga de demostrar, la voracidad de los censores no conoce límites, y la cabeza de Gabilondo no fue suficiente para aplacar las tentaciones de quienes piensan que RTVE es un órgano más del aparato de propaganda, publicidad y relaciones públicas de UCD. Ahora, a menos de dos años del plazo que le concede el Estatuto para permanecer en su puesto, le toca su turno.

La televisión es un poderoso juguete que atrae los apetitos de todos los políticos de este país, y, sin discriminaciones ideólogicas, el actual Consejo de Administración ha propinado bochornosos tirones de orejas a algunos profesionales que tenían encomendada la dirección de algunos programas. En ocasiones, algunos políticos han transmitido su oculta frustración de querer ser los presentadores del telediario del mediodía.

Por este camino difícilmente los ciudadanos, que, como consumidores y contribuyentes, financian el sostenimiento de la radio y la televisión estatales, van a poder disfrutar, informarse y formarse. Es preciso reconocer que la titularidad pública de las ondas no es una patente de corso para el arriendo temporal de sus beneficios, sea quien sea el partido que gane las elecciones. En todo este negocio, algo más que un trabajo mecánico tienen que aportar los profesionales de la radio y la televisión.