Satisfacción de los abogados por las facilidades para el ejercicio de su función de defensa

El general consejero togado del Consejo Supremo de Justicia Militar e instructor de la causa por los sucesos del 23 de febrero, José de Diego López, explicó ayer a los abogados de los 33 procesados las condiciones en que les será puesto de manifiesto el sumario y los plazos establecidos para presentar sus escritos de conclusiones provisionales y la propuesta de pruebas que estimen pertinentes. El plazo conjunto para todos los defensores será de cuarenta días hábiles, que concluyen el 28 de septiembre. Los abogados expresaron su satisfacción por las facilidades dadas para el ejercicio de su función de defensa.Según la nota oficial facilitada por la oficina de información, difusión y relaciones del Ministerio de Defensa, una vez elevada la causa a plenario y formuladas las conclusiones provisionales de acusación por el Fiscal togado, la causa ha sido puesta de manifiesto a los defensores. A petición de éstos, el plazo normal de diez días se ha ampliado a cuarenta, que comienzan a contarse a partir de hoy.

La nota explica que dicho plazo, común a todos los defensores, «resulta proporcionado al que se otorgó al fiscal, al que se concedió veinte días, en lugar de los cinco que normalmente otorga el Código de Justicia Militar, cuando se trata de una causa tan extensa y complicada como esta». Añade que, dado el número de letrados, veintiocho, que patrocinan a 33 procesados, y el volumen de la causa (las actuaciones abarcan 33 rollos y más de 6.000 folios), «el consejero togado instructor, a petición de los defensores, apoyados por gestiones del decano del Colegio de Abogados de Madrid, ha procurado dar a aquéllos las seguridades materiales posibles dentro de la ley, para que puedan llevar a cabo su prolija labor de consulta del procedimiento, por lo que, además de tener de manifiesto en las correspondientes las actuaciones, se les ha puesto también a su disposición un cierto número de fotocopias para que puedan actuar varios simultáneamente sin entorpecerse en su labor».

En definitiva, lo que los abogados valoraron muy positivamente fue la posibilidad de disponer de fotocopias y de poder sacarlas de la sede del Consejo Supremo de Justicia Militar para estudiarlas en sus respectivos despachos. El letrado. Justo Maestre manifestó a EL PAIS «el profundo agradecimiento», de los defensores al decano Antonio Pedro, «que tenía previsto un dictamen para el caso de que se hubiera producido la anomalía de no permitir a los abogados trasladar las fotocopias a sus despachos profesionales».

Al término de la reunión de los defensores con el general consejero togado -que duró poco más de una hora-, el clima general entre los abogados era de satisfacción. El defensor del teniente coronel Tejero, Angel López Montero, declaró a Efe: «Nos han dado bastantes facilidades; de manera que podemos trabajar bastante bien y estudiar con toda comodidad el sumano. No hay pega de ninguna clase».

Al margen de las facilidades citadas, siete de los defensores presentaron ayer ante el Consejo Supremo de Justicia Militar un escrito solicitando la nulidad de las actuaciones practicadas hasta abora, por considerar que el nombramiento dejueces especiales en esta causa es contrario a lo establecido por el artículo 24 de la Constitución (que establece el derecho a «matener la tutela efectiva de los jueces» y el derecho «al juez ordinario predeterminado por la ley»).

También estiman que no se ajusta a derecho el pase a la reserva activa del anterior fiscal, general Joaquín Lobón, y su sustitución por el general José Manuel Claver. Firman este escrito los abogados Adolfo de Miguel, Angel López Montero, Antonio Pedreira, Antonio Hernández Griño, José Zugasti, Antonio Muñoz Perea y Gerardo Quintana.

El escrito, según versión de Europa Press, subraya la indefensión -en que se ha dejado a dos de los procesados, los capitanes José Cid Fortea y José Pascual Gálvez, a quienes no ha oído eljuez durante la fase de instrucción sumarial.

Nuevas fases del proceso

La causa iniciada por el intento golpista del 23 de febrero pasará a partir del 28 de septiembre próximo a la fase de diligencias de prueba que ha propuesto el fiscal y que podrán proponer los defensores durante los cuarenta días que hoy se inician. El general consejero togado instructor acordará las pruebas que hayan de practicarse y las que deniegue por estimarlas improcedentes. Asimismo podrá «por propia iniciativa» practicar cuantas pruebas estime conducentes al mejor esclarecimiento de los hechos.

Terminada la fase de prueba, cuya duración no es fácilmente determinable, el instructor solicitará al Consejo Supremo de Justicia Militar la orden para la celebración del consejo de guerra, que, según cálculos judiciales solventes, no será antes de enero de 1982.