Aparente estabilidad del campo andaluz al cumplirse un año de la huelga de hambre en Marinaleda

A un año de la huelga de hambre de los vecinos de Marinaleda, la situación del campo andaluz parece estabilizada, gracias a los acuerdos firmados en abril por el Gobierno y la Junta de Andalucía, que garantizan cuatro días a la semana de empleo comunitario para los trabajadores en paro. No obstante, el incumplimiento de este compromiso en algunos pueblos podría dar origen a acciones de protesta localizadas y esporádicas.

Ayer, el dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), Francisco Casero, advirtió de la posibilidad de iniciar una campaña de movilizaciones en aquellos lugares donde esta central mantiene influencia y no llegan los fondos necesarios para dar trabajo a los parados durante las cuatro jornadas semanales previstas (es el caso de varias localidades de la provincia de Cádiz). Denunció también que continúa sin aplicarse en profundidad la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables. El comité ejecutivo del SOC se reunirá el sábado para adoptar decisiones al respecto.De todos modos, es evidente que la aguda conflictividad del verano de 1980 no tiene visos de repetirse por ahora. Precisamente ayer, los dos sindicatos mayoritarios y las principales patronales agrarias (ASAGA y UAGA) firmaron en la Diputación de Sevilla, y con la mediación de su presidente, Manuel del Valle, un acuerdo-marco de medidas encaminadas a paliar el desempleo agrario y fomentar la creación de puestos de trabajo en el campo sevillano. El acuerdo supone. en realidad la revisión y actualización de un documento similar suscrito el pasado año.

CC OO, UGT, ASAGA y UAGA, que muestran su satisfacción por la elaboración del nuevo censo agrario y esperan verlo terminado en su primera fase el 30 de septiembre próximo, solicitan del Gobierno Civil de Sevilla que se aplace la puesta en práctica de aquellos aspectos dé la orden ministerial reguladora del empleo comunitario (11 de junio de 198 l), cuya aplicación. inmediata resultaría conflictiva en el mundo rural. En concreto, se pide la no entrada. en vigor de las normas que impiden trabajar en el comunitario a los jóvenes con edades comprendidas entre los dieciséis y los dieciocho años, y reducen a un jornal la prestación que puede disfrutar una familia de cuatro miembros, y a dos jornales las más numerosas.

Al propio tiempo se exige de las autoridades que se actualice el salario percibido en el empleo comunitario -que no se revisa desde finales de 1979-, en función del salario mínimo interprofesional, y que se constituya de forma inmediata una coordinadora de las ocho comisiones provinciales de empleo -actualmente en funcionamiento-, a fin de homogeneizar su actuación. La coordinadora en cuestión estaría presidida por un representante de la Junta de Andalucía.

El documento contiene, en líneas generales, una serie de reivindicaciones asumidas por empresarios y sindicatos, y cuya virtualidad práctica estará en función de la voluntad política de la Administración central, tal y como subrayaron reiteradamente los representantes de las cuatro organizaciones en una cónferencia de Prensa. Entre estas reivindicaciones destacan los planes de regadíos, una ordenación de cultivos favorecedora, de los que empleen más mano de obra (se concretan los planes de expansión de algodón, tabaco, cultivos de primor, remolacha y olivar) y obras de infraestructura. Una comisión de seguimiento se reunirá al menos, cada tres meses.

Por otra parte, las cuatro organizaciones firmantes han solicitado, en carta dirigida al gobernador civil, José María Sanz Pastor, la exclusión del SOC de la comisión provincial encargada de distribuir y controlar los fondos del empleo comunitario. Como es sabido, las espectaculares acciones protagonizadas por el SOC durante el pasado mes de abril fueron el revulsivo inicial que llevó al Gobierno y a la Junta de Andalucía a firmar el acuerdo, mejorando las prestaciones de empleo comunitario.