Un déficit público de carne y hueso

Las estridentes declaraciones del gobernador del Banco de España sobre el déficit del sector público y las pautas de comportamiento de los parlamentarios al respecto han coincidido en el tiempo con el voto negativo de los sindicatos al anteproyecto de presupuestos del INEM para 1982, por, subestimar éste, de modo notorio, el coste de las prestaciones por desempleo. El señor Alvarez Rendueles nos llama la atención a los diputados sobre el desmelenamiento del déficit, mientras los sindicatos acusan a la Administración de efectuar una «política de avestruz» respecto de uno de los elementos más dinámicos en la generación de ese déficit durante los últimos años.A primera vista, pudiera situarse el debate con arreglo a un cliché maniqueo: si el déficit es malo, aquellos que pretenden un aumento del gasto sin aportar el correlativo aumento de ingresos deben ser castigados y repudiados. Sin embargo, mucho me temo que las cosas no son tan simples si, por una vez, trasladamos la discusión desde los términos contables a la dura realidad. Y un tema de tanta trascendencia ética, política y social como es el de la cobertura de las necesidades mínimas de aquellos que han trabajado, han cotizado, buscan trabajo y no lo encuentran merece una mínima reflexión en ese sentido.

El paro creciente requiere más seguros de desempleo

En los últimos años, el incremento del paro ha conllevado un aumento paralelo del coste, del seguro de desempleo, aunque la tasa de cobertura de esta prestación se ha mantenido sensiblemente estable y es probable que se mantenga así en el futuro próximo. En efecto, si la entrada en vigor de la ley básica de Empleo ha supuesto, al menos en teoría, una reducción de dicha cobertura, por su parte el capítulo, tercero del acuerdo nacional sobre empleo contiene medidas que tienden a su ampliación para determinados colectivos de trabajadores. Con una tasa de cobertura en relación al paro registrado que ha oscilado entre el 47% y el 49% en los años 1978 a 1980, el coste total de las prestaciones se ha multiplicado por 2,5 en pesetas corrientes, pasando de 125.569 millones en 1979 a 310.921 millones en 1980. Las previsiones para 1981, que incluyen los compromisos correspondientes del ANE, elevan su coste a más de 400.000 millones de pesetas, y los estudios disponibles hablan de superar la barrera del medio billón de pesetas para 1982, a pesar de que la Administración pretende púdicamente presupuestar «solamente» unos 360.000 millones.

También aumentan los déficit generados

Al tiempo que aumentan en progresión casi geométrica el paro y el coste de las prestaciones, se incrementa también el déficit que generan. Así, la recaudación de las cotizaciones para la contingencia de desempleo, que ha cubierto en 1980 el 36,4% de su coste total, frente al 55,8% en 1978 -pese al incremento del tipo de cotización efectuado a mediados del año pasado-, y la creciente aportación directa del Estado -casi 120.000 millones en 1980 y al menos 130.000 en 1981- no son suficientes para cubrir el gasto resultante. Por eso, en 1980 finalizó el ejercicio con un déficit de 77.900 millones, y en el pre-, sente año puede llegarse hasta la cifra de 115.000 millones. Si en 1982 no se incrementa el tipo de, cotización, y la aportación del, Estado es la prevista en el anteproyecto de presupuestos del, INEM, de 140.000 millones, el déficit puede ascender a cerca de 200.000 millones.

En teoría, el artículo 29 de la ley básica de Empleo resuelve la cuestión, al indicar que el conjunto del coste de la prestación debe financiarse en un 40% por el Estado y en un 60% por las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Pero es necesario recalcar el carácter teórico de la fórmula legal, incumplida, por cierto, en 1980, y en vías de ser nuevamente incumplida en 1981. Si de aquí a final de año se quisiera respetar la proporción 40/60, el tipo de la cotización por desempleo debiera aumentar, en el segundo semestre, en unos cuatro puntos, pasando del 4% al 8%. Si la corrección quisiera efectuarse a primeros del próximó año, olvidando lo sucedido en años anteriores, el incremento debería ser de tres puntos a partir del próximo 1 de enero.

De cualquier modo, en uno y otro caso se introduciría un impuesto adicional sobre el empleo que anularía la reducción de los costes laborales pactada en el ANE. El artículo 29, producto de lo estipulado por el PEG del señor Abril Martorell en el caluroso verano de 1979, no sirve.

Tampoco es una solución aceptable la que en cierto modo ha venido aplicando el Gobierno en los últimos dos años, consistente en presupuestar a primeros de año por debajo de las previsiones de sus propios servicios para, a continuación, hacer soportar buena parte del déficit resultante a la tesorería de la Seguridad Social, con lo cual no sólo se hace recaer la financiación del déficit sobre trabajadores y empresarios, sino que se detrae esa cantidad de los fines que le fueron inicialmente asignados por el Parlamento: asistencia sanitaria, pensiones, etcétera.

Por tanto, suponiendo que el tipo de cotización por desempleo ha alcanzado ya un nivel difícil de superar, que la Seguridad Social no tiene por qué cubrir con sus recursos la escasez de las dotaciones presupuestarias y, desde luego, suponiendo que el grado de cobertura de las prestaciones por desempleo no pueden, en modo alguno, sufrir recortes adicionales a lo ya introducidos por la ley básica de Empleo, el margen de maniobra resultante es sumamente bajo. Además, el control del fraude tiene límites que nadie desconoce, y las cantidades que puedan ahorrarse o recuperarse por ese concepto a través de una actuación intensa en ese terreno -que en todo caso debiera emprender derroteros distintos a los practicados en los últimos tiempos- no van a suponer, en el mejor de los casos, más de un 5% del déficit total. Por su parte, los intentos de rebajar de modo sustancial las cotizaciones sociales de los perceptores de las prestaciones no dejan de ser una nueva fórmula para trasladar a la Seguridad Social la factura de los platos rotos, y son en ese sentido rechazables.

En definitiva, se impone la financiación del déficit existente a través de una mayor aportación estatal a la dotación presupuestaria para protección del desempleo, superando sin ambages lo previsto en el artículo 29 de la ley básica de Empleo, precepto que bien pudiera ser derogado para evitar su incumplimiento sistemático. Ello supone a corto plazo que, o se prevé un incremento de la presión fiscal para subvenir a las nuevas cargas, o se incrementa el déficit público, o, tercera posibilidad, se reducen gastos -corrientes, desde luego- como compensación al correlativo aumento de las transferencias.

El déricit público es producto y no causa de la crisis

La reducción de gastos corrientes por valor de 200 millones no parece, en las condiciones actuales, una hipótesis plausible, a pesar del efecto positivo que en ese sentido vayan a tener los compromisos del ANE relativos a la moderación en el crecimiento del capítulo 1 de los Presupuestos y de las pensiones de la Seguridad Social. El incremento de la presión fiscal constituye un tabú para aquellos que aún no se han repuesto de los efectos de la reforma tributaria de la transición. Nos queda, por tanto, el déficit público. No se trata en este caso de una opción ideológica o voluntarista, producto de las atormentadas mentes de los diputados de la oposición, cuya despreocupación por la buena marcha de las finanzas públicas tan afligido tiene al señor Alvarez Rendueles. Nos encontramos ante un déficit con nombre y apellidos, los de todos aquellos a los que la crisis económica ha puesto ,en la calle, a los que el sistema productivo se muestra incapaz de ofrecer un puesto de trabajo.

Estamos ante un déficit producto de la crisis, y no causante de crisis. Y a ese déficit hay que proporcionarle su correspondiente financiación, aquí y ahora. No basta con señalar con el dedo las vergüenzas de nuestra situación económica ni con rasgarse las vestiduras. Hay que asumir nuestra realidad y avanzar soluciones, a sabiendas que la mejor de entre ellas -la creación de puestos de trabajo- no va a ser capaz de reducir el número de desempleados con derecho a prestación, al menos en el corto plazo.