Calvo Sotelo y Felipe González, dispuestos a firmar el acuerdo autonómico antes de fin de mes

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el secretario general del PSOE, Felipe González, se reafirmaron en su breve entrevista del martes en el compromiso de cerrar el pacto autonómico antes del día 31 de este mes. Pese al hermetismo que ha seguido a esta entrevista, que se pretendió secreta, se ha podido confirmar que el objetivo esencial de la misma fue la cuestión autonómica. Fuentes gubernamentales han desmentido, por otra parte, que el encuentro finalizara con un portazo del líder socialista. La negociación autonómica continuó ayer centrada en la ambiciosa ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que pretende un desarrollo global del Título VIII de la Constitución.

Pese a permanecer abiertos los temas a las diputaciones y a la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, y pese a la lentitud con que ayer se abordó el análisis de la LOAPA, en medios del Gobierno insistían en el total convencimiento de que era posible cerrar antes de fin de mes un acuerdo global sobre el desarrollo autonómico. Por su parte, fuentes del PSOE, afirmaban que cualquiera que fuera el desenlace sobre los temas que quedan pendientes, el día 31 cerraban las negociaciones. La amplitud del pacto es lo que en este momento no está clara para los socialistas.Al día de hoy todavía es prematuro aventurar cuál vaya a ser la suerte del importante paquete relativo a las diputaciones, ya que en el seno del Gobierno y de UCD se está librando una batalla al respecto. Así, mientras el ministro de Administración Territorial, llevado por la lógica del modelo que aconsejan los expertos, está dispuesto a admitir la necesidad de modificar el sistema electoral que rige para la formación de las corporaciones provinciales, en el seno del Gobierno y del partido centrista existe una fuerte resistencia al planteamiento de Martín Villa. Entienden, los que se oponen a la modificación del sistema electoral actual, que la elección directa de los diputados provinciales supondría un descalabro para los centristas.

Las diputaciones condicionan

El Comité Ejecutivo de UCD adoptó recientemente el acuerdo de que se excluyera este tema de la negociación y esa fue la línea defendida en las reuniones de Castellana, 3, por el representante centrista, Juan Manuel Reol. Sin embargo, tras la entrevista del martes entre Calvo Sotelo y Felipe González, el tema ha vuelto a ser replanteado, ya que ambos admitieron la conveniencia de resolver el contencioso, conscientes de que las diputaciones son pieza clave del modelo de Estado que proponen los expertos y que los cuatro partidos están suscribiendo.Socialistas y comunistas admiten el reforzamiento del papel de las diputaciones, frente al de las comunidades autónomas, pero exigen como contrapartida un sistema electoral más respetuoso con la proporcionalidad. Argumentan que la gobernabilidad del Estado, objetivo fundamental de los pactos, no es favorecida en absoluto por el actual sistema electoral, que hace surgir diputaciones centristas en regiones con mayoría de izquierda. Los problemas que plantea al Gobierno autónomo vasco una diputación fuerte como la de Alava, pese a estar ambas instituciones en manos del PNV, hace temer a la izquierda lo que puede ser un enfrentamiento entre diputaciones de UCD, con más poder del que ahora tienen, frente a gobiernos regionales de otro signo.

La necesidad de pactar el tema de las diputaciones viene también forzada por el hecho de que las relaciones entre éstas y las comunidades autónomas constituye todo un título del proyecto de LOAPA, que ayer comenzaron a discutir conjuntamente los cuatro partidos mayoritarios y el Gobierno, que constituyen uno de los tres pilares del pacto sobre el desarrollo autonómico.

LOAPA, "cinturón de hierro"

La LOAPA, que hasta hace dos días se llamaba LOOPA, consta de seis títulos y 39 artículos, en los que se pretende dar cabida a todo el Título VIII de la Constitución. Tras el baile de letras, una a por una o, se esconde la reafirmación del carácter globalizador que se quiere dar a este proyecto de ley, que se configura a la vez como ley orgánica -fundamentalmente por abordar cuestiones de delimitación de competencias- y de armonización, de ahí la a añadida, porque contiene una serie de preceptos con los que se pretende armonizar la legislación presente y futura de las comunidades autónomas entre sí y las de éstas con el Estado.En sus disposiciones generales abordadas ayer en la negociación, la ley comienza por reconocer la exclusiva competencia de las comunidades autónomas en los temas que le reserva la Constitución, pero a renglón seguido hace mención a ciertas salvedades y recuerda la obligación de las comunidades autónomas de cumplir sus obligaciones ante el Estado y los ciudadanos

El cuerpo fundamental de este título del proyecto tiende, sin embargo, a fijar con toda claridad la preeminencia del derecho estatal frente al de la comunidad autónoma en aquellas competencias que, siendo exclusivas del Estado, éste delega o comparte en función de las previsiones constitucionales. En determinadas materias se le reconoce al Estado potestad normativa hasta el rango reglamentario, al que han de someterse las disposiciones legales de las comunidades autónomas. Las normas que el Estado dicte en el ejercicio de las competencias que le reconoce el artículo 149.1 de la Constitución -techo del que ya disfrutan los estatutos vasco, catalán y gallego- prevalecerán en todo caso sobre las normas de las comunidades autónomas, cualquiera que sea la denominación que a esas competencias se den en los estatutos.

La armonización normativa por razones de interés general podrá hacerse antes o después de que las comunidades autónomas hayan dictado las correspondientes disposiciones que han de ser objeto de la misma. Es decir, que leyes ya aprobadas por los parlamentos autónomos pueden ser objeto de revisión por vía de armonización.

En el ejercicio de las competencias estatales, las comunidades autónomas habrán de ajustar su actuación a las instrucciones emanadas de las autoridades estatales competentes. El incumplimiento o inobservancia reiterada de las mismas podrá llevar a la suspensión de la delegación o transferencia.

El proyecto aborda tras estas disposiciones generales, que constituyen el Título I, las relaciones de comunidades autónomas y diputaciones (Título II), el régimen general de las administraciones autónomas (Título III), las transferencias de servicios (Título IV), la reforma de la Administración del Estado (Título V) y la función pública (Título VI).