Convergencia y socialistas estudian la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas catalanas

La posibilidad del Ejecutivo catalán de disolver o no el Parlamento autonómico está en el centro de una larga serie de contactos entre el presidente de la Generalidad y los socialistas catalanes. Ello es de una importancia crucial para las futuras elecciones autonómicas catalanas. Pese a su lejanía, éstas configuran un futuro duelo entre Jordi Pujol y Narcís Serra, cuya versión presente es ya una auténtica competencia entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña a la hora de ofrecer sus respectivas imágenes públicas.

Uno de los más graves errores cometidos por Jordi Pujol desde que ocupó la presidencia de la Generalidad es el de no haber asumido la responsabilidad de impulsar el desarrollo constitucional interno de Cataluña. Como es bien sabido, el Gobierno autónomo catalán carece de mayoría parlamentaria. Suele superar este obstáculo -mortal de necesidad en todas las democracias vivas- con el paradójico apoyo conjunto, de sentido antagónico, de Esquerra y centristas.Para retrasar al máximo la posibilidad de un control parlamentario real, Pujol cedió, desde pocas semanas después de constituido el Parlamento catalán, el impulso legislativo de todo el proceso institucional catalán, que pasó a manos del conjunto de los grupos parlamentarios, mediante la fórmula de ponencias conjuntas. A corto plazo, ello representó y continúa representando un alivio para Pujol.

Sucede, en efecto, que nadie ha intentado hacer caer a Pujol, por cuanto que en tal caso debería reiniciarse el mismo proceso que le llevó a la presidencia, por ser hoy legalmente imposibles unas elecciones autonómicas anticipadas. Ni tampoco el propio Pujol, pese a tener razones para ello, ha intentado llevar a cabo una remodelación de su Gobierno, que fue elegido conjuntamente con su persona por el Parlamento. Por tanto, una mera remodelación debería implicar el cese de Pujol y todo un proceso parlamentario de elección de presidente de la Generalidad. Ello generaría tal desgaste social para todas las fuerzas políticas que esta posibilidad no es ni tan siquiera imaginable, pese a que la incomietencia de algunos consejeros -muy especialmente los de Gobernación y Justicia- sea tal que probablemente carezca de parangón a nivel mundial.

Bajo la Segunda República, el Estatuto catalán fue promulgado por las Cortes Españolas el 9 de septiembre de 1932. El denominado «Estatuto interior» -ley autonómica fundamental de Cataluña- fue aprobado por el Parlamento autónomo tan sólo ocho meses después, el 25 de mayo de 1933. Ahora, el vacío existente permite a Pujol continuar escapando al control parlamentario real, pero con el proceso de concertación autonómica se ha convertido en su peor espada de Damocles. Dicho vacío legislativo puede ser llenado en sentido contrario al que desearía.

Como es sabido, uno de los puntos de la concertación autonómica es la imposibilidad de elecciones autonómicas al margen de las de ámbito general. Tal disposición favorecería a las dos grandes opciones políticas de ámbito estatal, el socialismo y el centrismo. El centrismo catalán se ha pronunciado en favor de que las elecciones autonómicas y las generales coincidan, para lo cual es imprescindible que el futuro Estatuto interior de Cataluña -o como se llame en esta ocasión la ley fundamental catalana- excluya la posibilidad de que el Gobierno autónomo pueda disolver el Parlamento. De no ser así, Pujol aprovecharía la ocasión en su beneficio, del mismo modo que lo pueden hacer obrando en sentido contrario, los centristas y los socialistas.

Posibilidad remota

No hay duda de que el correspondiente estatuto interior de Euskadi podrá evitar tal aspecto de la concertación, ya que allí hay mayoría nacionalista, y, desde luego, un Parlamento es competente para regular su disolución y reelección. De este modo, puede perfectamente suceder que sea el País Vasco la única comunidad autónoma que tenga eleccione autonómicas en fechas diferentes de las correspondientes a elecciones de ámbito estatal. Con los centristas en contra, Pujol tiene la posibilidad de imponer la facultad de disolver el Parlamento con el solo apoyo de los socialistas, pero éstos no se han pronunciado al respecto. No apoyar a Pujol en este punto les supone una nueva pérdida de imagen ante sectores catalanistas, pero hacerlo también les comportaría un perjuicio electoral. Preguntado acerca de la futura capacidad o no del ejecutivo catalán de disolver el legislativo autónomo, Lluis Armet, secretario de Información de la ejecutiva del PSC-PSOE, dijo ayer a este diario que «es un tema que está en discusión». Otras fuentes socialistas se manifestaron muy reacias a la posibilidad de disolución del legislativo, que, en todo caso-«debería ser una posibilidad muy remota, no sometida al mero albedrío del ejecutivo autonómico».En este tema, Pujol cuenta, desde luego, con el apoyo incondicional, en favor de la disolubilidad, de Esquerra, así como, en principio, con el del PSUC, por lo menos mientras dure la actual dirección de los comunistas catalanes, que además de leninista es la más catalanista posible. Estos tres partidos representan 79 votos en el Parlamento autonómico, (de hecho 81, ya que Benet y Portabella se sumarían), cuya mayoría se alcanza con 68. Pero esta alternativa representaría un desgaste enorme para Pujol. «Es una alternativa», dijo ayer a este diario un colaborador de, Pujol, «que podríamos pagar muy cara. De hecho, sería una trampa. Ganamos las elecciones autonómicas, porque dimos una imagen más moderada que la que antes teníamos, y porque prometimos formalmente, durante la campaña que no nos aliaríamos a los comunistas. Esta promesa la hemos mantenido hasta ahora. Romperla sería muy grave. Habría que pensarlo muy seriamente».

Para los socialistas, la conservación del calendario existente también representaría ventajas, por lo menos comparables a las propias de una coincidencia de fechas. Consideran que las elecciones generales representarán un avance socialista en toda España, y que las municipales volverán a representar una clara victoria socialista en Cataluña (en 1979 lograron en el Principado cerca de 700.000 votos, y el 68% de la población catalana vive en municipios con alcalde socialista). Ello les llevaría a quedar en una posición inmejorable en las siguientes elecciones autonómicas (once meses después de las municipales, de respetarse el actual calendario).

Altas fuentes socialistas revelaron a este diario que el alcalde de Barcelona, Narcis Serra juega a partir de esta hipótesis a la siguiente estrategia: presentarse a la reelección como alcalde, con el actual presidente de la Diputación de Barcelona, Francesc Martí, como segundo de la lista, ganar al contrincante presentado por Pujol -que será, ya sin duda alguna, Ramón Trías Fargas-, y meses después dimitir como alcalde para pasar a ser el candidato socialista a la presidencia de la Generalidad.

Jordi Pujol está perfectamente al tanto de esta estrategia, por otro lado obvia, ya que la competencia entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad, a la hora de buscar su propia imagen pública, en detrimento del ocupante el edificio de enfrente de la plaza de San Jaime, es una de las notas constantes de la vida pública catalana. Ello tiene una traducción directa en los medios de comunicación, en particular en los dos diarios que controla Pujol, cuya severidad a la hora de en juiciar al municipio contrasta con la benevolencia con que se analiza la actuación de la Generalidad.