Paralizada la construcción de 340 viviendas de la Cooperativa San Juan, en Leganés
La construcción de 340 viviendas por la Cooperativa San Juan, en el barrio de Zarzaquemada del pueblo de Leganés, no puede ser realizada debido a la ocupación de los locales de la cooperativa por parte de los integrantes del consejo rector que inició el proyecto de la construcción de estas viviendas. La ocupación se produjo el pasado 18 de febrero y, desde entonces, la junta directiva elegida mayoritariamente por los socios no ha podido acceder a los locales ni hacerse cargo de la documentación del proyecto, según informó en una conferencia de Prensa el presidente del actual consejo rector, José Antonio Carretón.
Ayer, miércoles, la junta directiva de la Cooperativa San Juan presentó un escrito en el Gobierno Civil en el que exigen la inmediata expulsión de los ocupantes de los locales, única forma de conseguir recuperar la documentación necesaria para la construcción de sus viviendas, proyectadas en 1974 con unos precios de 300.000 pesetas y por las que actualmente tendrán que desembolsar alrededor de dos millones de pesetas. Los firmantes del escrito alegan que los ocupantes de sus locales infringen gravemente la Constitución, por cuanto se les está impidiendo ocupar su propio domicilio e incluso no pueden tener acceso a sus documentos, entre los que se encuentra la situación de las hipotecas de las viviendas, pagos realizados por los cooperativistas y permisos de construcción, documentos todos ellos fundamentales para la realización de las obras.Las razones de la ocupación, según declaró el presidente del consejo rector de la cooperativa, señor Carretón, estribarían en que el anterior consejo habría cometido determinadas irregularidades durante su gestión, ya que, según aseguró, en los bancos en los que los cooperativistas han ido efectuando sus pagos figuran registradas unas cantidades superiores a las desembolsadas por ellos. Esta inexplicable situación, junto a la ruina total con que el nuevo consejo rector se encontró al hacerse cargo de la cooperativa, constituyen dos puntos oscuros que podrían ser aclarados si la junta directiva elegida por los socios tuviera acceso a los documentos que permanecen secuestrados en el domicilio social de la misma.
Retención de la secretaria y la tesorera
Según se expuso en la conferencia de Prensa, la primera ocupación de la sede social de la cooperativa (situada en la calle de Monegros, 32, de Zarzaquemada) se produjo el día 12 de febrero, cuando alrededor de cien personas entraron en los locales y retuvieron allí dentro a la secretaria y a la tesorera. El presidente elegido de los cooperativistas, señor Carretón, presentó una denuncia en la comisaría de Leganés, que fue rechazada por el inspector de guardia. El caso fue denunciado entonces en el juzgado de guardia, desde donde se comunicó a la comisaría la necesidad de desalojara los ocupantes. Sin embargo, seis días después, el mismo centenar de personas regresó a los mencionados locales y desde entonces, permanecen en ellos, sin que las denuncias presentadas por la junta directiva ante todos los organismos competentes hayan supuesto la expulsión de los ocupantes. Durante todo este tiempo, la actuación de la policía, siempre según la versión de la junta directiva, se ha limitado a desplazar un coche patrulla que permanece constantemente junto a los locales y que no ha llegado a intervenir en ninguna de las manifestaciones realizadas por los encerrados contra el actual consejo rector.Los asistentes a la conferencia de Prensa manifestaron su temor porque durante todo este tiempo pueden haber desaparecido importantes documentos de los locales de la cooperativa. En el caso de que el escrito no diera los resultados esperados, la junta directiva invitaría a los cooperativistas a adoptar medidas de presión.
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