La policía trata de obtener pruebas sobre las tramas civiles de los golpistas

Las autoridades no ocultan su preocupación por la posibilidad de que elementos de extrema derecha estuvieran preparando una nueva ofensiva en torno a la fecha del 18 de julio, a fin de crear un clima de inseguridad. Se cree que la policía dirige ahora sus actuaciones a profundizar en las actividades de dicho sector y obtener pruebas que avalen las sospechas relacionadas con la trama civil que alimenta el golpismo. No obstante, el Ministerio del Interior continúa sin ofrecer precisiones oficiales en torno a la investigación en marcha.

El juez especial designado para instruir la causa por supuestos indicios de conspiración para la rebelión militar inició ayer sus actuaciones, aunque todavía no ha tomado declaración a los cuatro jefes militares retenidos en distintos acuartelamientos por su presunta participación en los hechos. Los ocho civiles detenidos por la misma causa permanecen en las dependencias de la Jefatura Superior de Policía incomunicados, en virtud de la ley Antiterrorista.Medios políticos piensan que parte de las investigaciones policiales en marcha tienen un efecto más bien preventivo, mientras que un asunto distinto es la posibilidad de que algunos militares y civiles estén implicados en un supuesto intento de espionaje a ¡as comunicaciones del Gobierno.

La impresión de que la policía dirige sus investigaciones hacia la extrema derecha por asuntos distintos se corrobora en las declaraciones efectuadas ayer por el jefe local de Fuerza Joven en Madrid, José Luis Corral, puesto en libertad tras siete días de detención. Los interrogatorios se han dirigido de forma especial a preguntarle por las actividades de Fuerza Joven. Asimismo. le han preguntado sobre una denuncia presentada contra funcionarios policiales por supuestos malos tratos en una detención anterior.

En este contexto se han producido los rumores que han implicado directamente en los hechos al presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes, José Antonio Girón, de quien una de las detenidas días pasados -María de la Paz Nieto- ha declarado a la policía que había participado en una reunión celebrada en su casa con ella misma y con el abogado Luis Sicre -igualmente detenido- y un representante, de El Alcázar. La detenida ha afirmado que el motivo de la reunión era simplemente comercial: obtener un aval bancario para un crédito de cuarenta millones de pesetas destinado al citado diario, órgano de la Confederación de Excombatientes.

También en relación con José Antonio Girón, la agencia Europa Press ha. desmentido un despacho anterior según el cual los abogados del líder de la Confederación de Excombatientes habían anunciado la próxima comparecencia de este último ante la policía para declarar sobre el caso. No sería, sin embargo, la primera vez que las autoridades policiales llaman a declarar a José Antonio Girón en los últimos tiempos: a finales de marzo se hicieron preguntas relacionadas con el colectivo Almendros, colaborador habitual del diario El Alcázar.

Por parte de este diario, fuentes próximas a la dirección calificaron de espectáculo la sucesión de noticias que están produciéndose estos días, y en los que el nombre de dicho diario y el del presidente del órgano que lo edita, la Confederación de Excombatientes, han aparecido vinculados de un modo u otro con la llamada operación desestabilizadora. Las mismas fuentes añadieron que El Alcázar no tiene nada que decir en torno a este asunto, calificado por ellos de serpiente de verano.

Pese a estas opiniones, lo cierto es que un total de veinte personas han sido interrogadas ya en relación con la denominada operación desestabilizadora. Se trata de los siguientes:

Dos miembros de Fuerza Joven, José Luis Cuadrado Garrido y José Luis Corral Fernández, detenidos a raíz de la explosión de una bomba en la confluencia de las calle de Barceló y de Fuencarral, que, según la policía, había sido manipulada por el primero de ellos. El segundo es el que ayer fue puesto en libertad.

-Cuatro militares, tres de ellos detenidos en la noche del 22 al 23 de junio -los coroneles Ricardo Garchitorena y Antonio Sicre, y el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas-, y otro el pasado día 24, el comandante. Jesús Campos Pérez.

- Dos hijos del comandante Sáenz de Ynestrillas, Ricardo y Martín, de quince y dieciséis años, respectivamente. Al parecer, los interrogatorios de estos últimos se relacionan con el asalto a un colegio y, en lo que se refiere al más joven, también con un intento de sustracción de exámenes en el colegio del Cid Campeador, donde estudia, según dato aportado por la agencia Efe.

- Ocho civiles detenidos en relación con la supuesta operación desestabilizadora, todos ellos incomunicados, al habérseles aplicado la ley de Bandas Armadas: Luis Sicre, María de la Paz Pérez Nieto, Concepción Villagrasa, Juan García, José Luis Hernández Torreblanca, Juan José Atienza Sánchez -al parecer miembro de la Confederación de Excombatientes-, Manuel Blanco -ex militante de Fuerza Nueva- y Conrado García Serrano.

- Cuatro civiles llamados a declarar y puestos en libertad: el escritor Angel Palomino, el abogado Justo Maestre Aznar, Manuel Parra Sánchez -ex militante de Fuerza Nueva- y José Antonio Pérez Cabeza.

Mientras se producen estas actuaciones policiales, que duran ya una semana, las autoridades responsables de la seguridad guardan silencio en torno a las mismas. Algunas fuentes tienen la impresión de que no habrá información oficial hasta que los detenidos sean puestos a disposición judicial.