La Administración firmará en los próximos días un nuevo acuerdo-marco con empresarios y ayuntamientos sobre vivienda

El Gobierno podría firmar en los próximos días, tras el optimismo que ha despertado el último pacto con sindicatos y patronal sobre política de empleo, un nuevo acuerdo-marco -esta vez sobre vivienda- con empresarios y ayuntamientos. Este acuerdo, patrocinado fundamentalmente por Obras Públicas y Urbanismo, fue perfilado casi definitivamente en la tarde de ayer en una reunión con los alcaldes de las grandes ciudades, y pretenderá, según los textos filtrados, agilizar la concesión de Licencias de construcción y el mercado de viviendas, con lo que indirectamente se estaría atacando el fuerte paro que sufre este importante sector de la economía. No obstante, diversas fuentes, a la vista de las líneas del futuro acuerdo, lo han calificado de documento de buenas intenciones, pero técnicamente inconcreto y poco eficaz.

A la reunión de ayer asistieron los alcaldes de Valladolid, La Coruña, Murcia, Córdoba, Valencia y Oviedo. El texto del acuerdo-marco quedó, como hemos dicho, ultimado ayer, hoy mismo será estudiado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y el próximo día 3, en Consejo de Ministros, tendrá lugar la firma de compromiso con los alcaldes de las veinte ciudades con más de 100.000 habitantes. Por parte de los constructores firmará alguien relacionado con la patronal, probablemente Ignacio Briones, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.Este acuerdo-marco ha sido definido por algunos sectores críticos de la construcción como un mero catálogo de buenas intenciones, tales como la agilización de las licencias de la construcción, la eliminación de obstáculos de calificación del suelo, etcétera. «No contiene un programa específico como lo hacía el Plan Trienal de Viviendas», declararon a este periódico. Sin embargo, el acuerdo-marco necesita de una reglamentación adicional, que quedará fijada con el decreto-ley de Ordenación Urbana, que también está ya perfilado.

Acuerdos en materia de urbanismo y suelo

Los acuerdos concretos en materia de urbanismo y suelo se dividen en los compromisos que adquieren la Administración, los ayuntamientos y los promotores constructores, respectivamente.En primer lugar, se recogen los compromisos de la Administración del Estado, entre los que se encuentran los siguientes:

- Proponer que se atribuyan a las entidades municipales las competencias para la aprobación definitiva de los proyectos de urbanización y del planeamiento urbanístico aprobado.

- Proponer la modificación de ley del Suelo, fijando plazos para los distintos actos de aprobación municipal del planeamiento y adoptando el planeamiento anterior a la nueva normativa.

- Proponer diversas interpretaciones y aclaraciones legales de la normativa en vigor y una regulación clara y precisa de los supuestos y condiciones de las cesiones obligatorias que establece la ley.

- Promover la constitución del Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda y la Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento del Suelo (SEPES).

- Continuar e intensificar la constitución y reactivación de las Gestures (sociedades mixtas estatales de creación de suelo urbano), colaborando con las administraciones públicas y las asociaciones de promotores y constructores y unificando las políticas de actuación.

- Proponer antes del próximo día 1 de enero la extensión de los beneficios de la protección estatal a la adquisición y preparación de suelo para uso residencial.

- Tener actualizado el inventarlo de suelo urbano, a disposición de la comisión de control y negociación que se creará al efecto.

- Coordinar los planes y programas de ejecución de las infraestructuras con los de suelo edificable.

- Proponer las ayudas al planeamiento urbanístico de las corporaciones locales en función de las necesidades reales de vivienda.

En segundo lugar, los ayuntamientos se comprometen a los siguientes temas:

- Realizar y aportar a la comisión inventarios actualizados de suelo edificable de titularidad municipal y no municipal.

- Elaborar programas de actuación urbanística.

- Unificar en un solo trámite la actuación de los servicios municipales que aprueben los diversos trámites legales para construir.

- Hacer uso restringido, por motivos justificados, de la facultad cautelar de licencias de edificación.

- Implantar antes del 31 de diciembre de 1981 la cédula urbanística que establece la ley.

- Estudiar y proponer a la comisión antes de tres meses fórmulas flexibles para el pago a los titulares de terrenos de las compensaciones que procedan.

- No proceder a la paralización de obras de edificación cuando los defectos en las licencias sean subsanables.

- Regular a implantar antes del 30 de junio de 1982 la fiscalidad municipal sobre solares sin edificar, para estimular su movilización.

- Participar efectivamente en las sociedades mixtas en que el Estado participe para la promoción del suelo.

- Programar y ejecutar las infraestructuras necesarias de competencia municipal para cumplir el plan de viviendas y constituir en cada municipio órganos mixtos de seguimiento.

Por último, los promotores-constructores tiene los siguientes compromisos en materia de urbanismo y suelo:

- Aportar a la comisión, antes del 31 de diciembre, un inventario de suelo disponible que se actualizará anualmente.

- Informar a la comisión sobre los solares de que dispusiera y en los que no se haya iniciado la edificación en el plazo de tres años.

- Compromiso a que los recursos financieros se obtengan con arreglo a las disposiciones sobre préstamos privilegiados para la construcción de viviendas.

- Presentar, antes del 31 de diciembre y con actualización anual, estimación de los puestos de trabajo que mantienen o crean.

- Negociar con las corporaciones locales la fijación de otros contractuales para la ejecución del planeamiento urbanístico.

- Favorecer y fomentar la creación de sociedades de economía mixta para la creación de suelo entre las entidades locales, la Administración del Estado y sus miembros.

Acuerdos en materia de vivienda

La Administración se compromete a informar a la Comisión sobre sus planes y programas de viviendas de protección oficial, a procurar una distribución territorial justa y equilibrada supliendo las insuficiencias de la iniciativa privada y de las administraciones públicas territoriales.También, se compromete a negociar con las entidades oficiales de crédito, cajas de ahorro y banca privada la financiación para ejecutar los programas y planes de vivienda.

Asimismo, el Gobierno procurará una cierta revisión de los esquemas de financiación de las viviendas de protección oficial y estudiará y propondrá fórmulas de financiación para las viviendas libres de hasta 105 metros cuadrados útiles y con precio máximo en determinadas localidades con problemas específicos.

En el plazo de tres meses, la Administración propondrá la norma de rango adecuado que permita asumir a las corporaciones locales la competencia en cuanto a expedición de «cédulas de habilitación». Asimismo, celebrará convenios con las corporaciones locales para la promoción pública de viviendas.

Porsu parte, los ayuntamientos realizarán y aportarán a la comisión, antes del 31 de diciembre de 1981, estimaciones sobre necesidades cuantitativas y cualitativas de vivienda, establecerán una inspección sobre las viviendas de protección oficial, propondrán al Instituto de Promoción Pública de la Vivienda -IPPV- convenios concretos para la ejecución de viviendas de promoción pública y establecerán oficinas de información sobre viviendas de protección oficial.

Asimismo, las corporaciones negociarán con las instituciones financieras la obtención de recursos para la ejecución de viviendas de promoción pública municipal y no demorarán el otorgamiento de licencias municipales. En las licencias de obras para las viviendas de promoción pública aplicarán la bonificación del 90% en las tasas a percibir por los ayuntamientos.

También calificarán y adjudicarán las viviendas de promoción pública municipal, establecerán los mecanismos municipales pertinentes para asumir, antes del 31 de diciembre de 1981, la función de otorgar las cédulas de habitabilidad y establecerán los mecanismos municipales para que las concesiones a particulares se unifiquen en un sólo acto.

Los promotores-constructores, por su parte, presentarán a la comisión, antes del 30 de septiembre de cada año, los programas de construcción de viviendas de promoción privada y protección oficial y sus estimaciones sobre puestos de trabajo que se mantienen o se crean.

También se comprometen a utilizar los recursos financieros con préstamos privilegiados para la construcción de viviendas de protección oficial y facilitar a la comisión mensualmente información sobre los créditos

Los promotores adaptarán sus estructuras empresariales a las actividades de rehabilitación de viviendas o a su edificación en el medio rural.