El "grapo" Crespo Galende falleció en Madrid después de tres meses de huelga de hambre

20 jun 1981 - 00:00CEST

El miembro de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) Juan José Crespo Galende, internado desde el pasado 8 de junio en la ciudad sanitaria La Paz en estado de extrema gravedad a consecuencia de una larga huelga de hambre, falleció ayer en este centro sanitario. Un portavoz de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias indicó a este periódico que el citado miembro de los GRAPO, que se encontraba en situación de reclusión desde noviembre de 1979, murió a consecuencia de «una cepsis de origen pulmonar con síndrome de dipstres respiratorio y coagulación intravascular diseminada, que origina una insuficiencia respiratoria y hemorragia generalizada».

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Juan José Crespo, cuyo fallecimiento se produjo alrededor de las tres de la tarde, inició una huelga de hambre hace más de tres meses, en señal de protesta por el régimen penitenciario de la cárcel de Herrera de la Mancha, donde se encontraba recluido. El citado grapo, al ser trasladado a Madrid con motivo de algunos juicios, mantuvo su actitud, primero en la cárcel de Carabanchel y posteriormente en el hospital de este mismo centro, desde donde, dado su grave estado de salud, fue trasladado el pasado día 8 a la ciudad sanitaria La Paz, quedando internado en su unidad de vigilancia intensiva. Hace unos días, el estado de salud de Juan José Crespo se complicó debido a la aparición de una bronconeumonía.La decisión de trasladar a Crespo Galende a la ciudad sanitaria La Paz el pasado día 8 fue tomada por el propio director general de Instituciones Penitenciarias, Enrique Galavís, quien, alertado por los médicos del hospital penitenciario que atendían al huelguista, temió que ocurriera un fatal desenlace. En aquella ocasión, el grapo en huelga de hambre fue tratado con sueros, y en algún momento se dijo que el enfermo había experimentado cierta mejoría dentro de su gravedad, extremo este que hizo pensar que se encontraba fuera de peligro de muerte.

Enrique Galavís declaró ayer a EL PAIS que «hemos hecho lo humanamente posible por salvarle la vida. En La Paz se han volcado con él, y yo personalmente he estado diariamente en contacto con este centro para conocer su estado de salud. Su muerte ha sido cosa de tres horas, a pesar de que su estado era ya delicado y se había complicado en los últimos días con la bronconeumonía».

Un portavoz del Ministerio de Justicia informó, por su parte, que el pasado día 8, cuando Crespo Galende ingresó semiinconsciente en La Paz, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias dio órdenes, pese a la negativa del huelguista, de que le fuera inyectado suero, ya que no se quiso en ningún momento dejarle morir a causa de la huelga.

El mismo portavoz añadió que en La Paz se le aplicó un tratamiento médico intenso, pero, a los dos días de su ingreso, su estado se complicó debido a un proceso bronconeumónico, que, «al parecer, ha podido ser la causa de su muerte».

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El presidente de la Cruz Roja española, Enrique de la Mata, se comprometió a servir de mediador entre las autoridades del Ministerio de Justicia y los presos en huelga de hambre. En la actualidad permanecen en huelga otros tres grapo; uno de ellos, Pablo Fernández Villalabeitia, se encuentra internado en La Paz en estado grave.

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Crespo Galende pedía con su huelga de hambre mejoras para los "grapo" internados en Herrera de la Mancha

Viene de primera páginaEl cadáver de Juan José Crespo Galende fue trasladado ayer desde el centro sanitario La Paz al Instituto Anatómico Forense, donde hoy está previsto que se le practique la autopsia. Efectivos de la Policía Nacional custodiaban este último recinto, en donde a primeras horas de la noche, según comprobó EL PAIS, aún no se encontraba ningún familiar del fallecido. El abogado González Berzosa, uno de los letrados que habitualmente se encargan de los casos de los GRAPO, llamó ayer a La Paz para comunicar que «por expreso deseo de la familia no se debería tocar el cadáver», según dijo el mismo a este periódico.

El propio González Berzosa señaló que a últimas horas de la tarde estaban llegando telegramas de protesta por la muerte del citado grapo, principalmente al Ministerio de Justicia y a la Presidencia del Gobierno. Tres de estos telegramas, firmados por el Grupo de Abogados Jóvenes de Madrid, la Comisión Pro Libertad de Expresión y los abogados que habitualmente se encargan de defender a los presos del PCEr y GRAPO, solicitaban el cese de los principales responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la salida de los reclusos de estas organizaciones de la cárcel de Herrera de la Mancha.

Asimismo, algunas organizaciones políticas de la izquierda extraparlamentaria mostraron ayer su malestar por la muerte del citado grapo. En este sentido se expresó Jaime Pastor, máximo responsable de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), quien manifestó que, «aunque no tengamos que ver nada con la organización a la que pertenecía Juan José Crespo, estábamos de acuerdo con las peticiones de mejora de régimen de prisión que se solicita en la huelga de hambre».

En unas declaraciones a la revista Punto y Hora de Euskal Herría, realizadas hace algunos días, pero publicadas ayer, el abogado de Crespo Galende, Juan Manuel Olarieta, adelantaba ya como probable el desenlace trágico de la huelga de hambre mantenida durante 95 días por su defendido. Olarieta decía que «la muerte de estos presos supondría un descrédito todavía mayor, si cabe, de la política del Gobierno», y anunciaba que los presos en huelga de hambre no iban a ceder, ya que, según sus palabras, estaban dispuestos a salir de Herrera de la Mancha vivos o muertos.

EL PAIS supo también que el presidente de la Cruz Roja Española, Enrique de la Mata, había iniciado unas gestiones cerca del Ministerio de Justicia con objeto de conocer el estado de los presos de estas organizaciones en la cárcel de Herrera de la Mancha, todo ello debido a unas peticiones realizadas en este sentido por los familiares de los huelguistas.

De la Mata dijo a este periódico que, efectivamente, se encontraba realizando tales gestiones, y que había recibido recientemente una comunicación del director general de Instituciones Penitenciarias al respecto, aunque precisó que «la muerte de Crespo Galende me ha cogido en plena fase de puntualizaciones». El presidente de la Cruz Roja añadió que tenía previsto ponerse en contacto inmediatamente con el director general de Instituciones Penitenciarias y con los familiares de los presos.

En la actualidad, según informaron fuentes próximas a los abogados de presos de los GRAPO y PCEr, son cuatro los miembros de estas organizaciones que se encuentran en huelga. Se trata de Pablo Fernández Villalabeitia, actualmente internado en La Paz, con 69 días en esta actitud; Manuel Casimiro Gil Arau o, cuarenta días; Angel Collazo Araujo, cuarenta días, y Francisco Javier Echevarría Pardo, veintinueve días.

Estos tres últimos grapo se encuentran en el Hospital Penitenciario de Carabanchel. Fernández Villalabeitia, por su parte, mantiene su estado precomatoso. Una miembro de esta organización que también había secundado la actitud de sus compañeros, Mercedes Herranz, depuso su actitud el pasado 30 de mayo.

Acusado de varios atracos

Juan José Crespo Galende nació en Las Carreras (Vizcaya), hace veintiocho años. Fuentes policiales indicaron que su primer acto delictivo ocurrió el 10 de septiembre de 1976, fecha en que participó en el robo de una multicopista en la empresa Gispert, de Bilbao.

La policía le acusa de seis atracos a mano armada a entidades bancarias, todos ellos en el País Vasco. A finales de 1978, según las mismas fuentes, era responsable de propaganda del PCEr en el País Vasco, y un año después, es detenido en Madrid dentro de una importante operación en la que quedó desarticulado el aparato central de propaganda de esta organización.

Crespo Galende ingresó en Carabanchel en 1979, acusado de un delito de asesinato, con diligencias que constan en el expediente 183-79 del Juzgado Central número 1. Hasta la fecha se encontraba condenado por cinco delitos, que suman en total 37 años de prisión. Había realizado estudios de bachillerato y era montador de profesión.