Palos Madrid, proceso en Bilbao

LA POLICIA Municipal madrileña desalojó ayer brutalmente a unas mujeres que ocuparon el Ayuntamiento en solidaridad con las que comparecerán en un juicio por aborto el martes próximo en Bilbao. Una acción creemos que innecesaria, con heridos por ambas partes, en la que intervino finalmente la Policía Nacional para separar a guardias de manifestantes, varias de las cuales fueron inconcebiblemente detenidas en las casas de socorro a las que acudieron a curarse de sus heridas. El viernes (veinticuatro horas antes), la misma policía de los madrileños se excedió en una carga violenta contra familias que asistían a un acto circense al aire libre. Podemos entender perfectamente el dolor de un cuerpo de seguridad que acaba de ser golpeado por unos asesinos, pero lo peor que puede hacer el señor Barrionuevo, delegado de Seguridad del Ayuntamiento madrileño, es invertir de manera tan súbita e incomprensible el afecto y la confianza que tradicionalmente inspiran a los madrileños sus guardias municipales. No es frecuente desde hace años ver a los «guardias de la porra» usarla, y se puede acabar con su imagen de cuerpo de seguridad ciudadana y entrañable si se les continúa ordenando el desalojo de familias humildes que se desagobian del calor ante una carpa improvisada o de militantes feministas que denuncian pacíficamente -aunque sea de forma ¡legal- la doble moralidad de una sociedad que viene a castigar ejemplarmente el aborto de las mujeres pobres o carentes de información sexual. La autoridad hay que saber ejercerla con tanta firmeza como carencia de brutalidad.En cualquier caso, lo más grave del desalojo a bofetadas de las feministas madrileñas es precisamente el motivo de su encierro: el juicio que se cierne el martes sobre las presuntas abortistas de Bilbao. Un juicio suspendido hace un año ante la presión de la opinión pública y resucitado ahora con sospechosa rapidez y sorpresa, en un momento político escasamente proclive a la tolerancia y coincidiendo con la segunda vuelta en el Congreso del debate sobre el divorcio.

Habrá que recordar que las acusadas de Bilbao van a ser encausadas por hipotéticos delitos cometidos hace siete u ocho años y que, si se demuestra la comisión de los mismos, no puede olvidarse que abortaron en condiciones de miseria económica y social o ante la posibilidad de traer al mundo hijos deformes. En aquellos años, y ahora mismo, miles de mujeres españolas con información y posibilidades abortaban en el extranjero eludiendo así una legislación penal cívicamente obsoleta. No parece cristiano -acaso sea este el adjetivo más adecuado- que las supuestas abortistas de Bilbao, con peticiones fiscales de hasta sesenta años, acaben de chivo expiatorio de la hipocresía sexual española En cualquier caso no sería justo ni respetuoso con la realidad social de este país.

En cinco años de transición democrática hemos tenido tiempo sobrado para abrir un debate intelectualmente serio sobre el problema del aborto. Nada de esto se ha hecho. La Iglesia católica ha repetido sus planteamientos (lo que entra dentro de su lógica); los médicos, biólogos, intelectuales, no han acometido una discusión que parece resultarles ajena y los legisladores continúan aferrados a sus viejos códigos. El aborto es, sin embargo, Un problema candente y acuciante para miles de mujeres en este país. Quienes reclaman su despenalización no lo hacen siguiendo una moda, sino atendiendo a la necesaria respuesta que los ciudadanos tienen derecho a exigir en un Estado democrático. Con palos o sin palos, aunque la opinión pública esté ahora más preocupada por posibles involuciones políticas que por la condena de unas denigradas mujeres en Bilbao, no puede caer este inminente proceso en el desdén o el olvido. Con él nos jugamos todos una posibilidad seria de construir una moral pública en la que el grado de delito no esté señalado por una frontera o una cuenta corriente.