Directivos de Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra, entre los principales defraudadores navarros a Hacienda

La Diputación Foral de Navarra presentó ayer de forma oficial, durante una conferencia de Prensa, el listado definitivo de las personas que, en 1980, no presentaron la declaración correspondiente a 1979 por el impuesto sobre la renta de las personas físicas y el patrimonio, en el que aparecen 24.535 personas detectadas a través de la informática, entre las que se encuentran parlamentarios forales y concejales de Pamplona y de otras localidades de la provincia. En relación con este tema, el diputado foral de Economía y acienda, Angel Lasunción, informó ayer que dará cuenta formalmente de los nombres de los parlamentarios que no han declarado, en una próxima comparecencia ante la comisión de Hacienda del Parlamento de Navarra.

Las listas dadas a conocer ayer, y que estarán expuestas durante quince días en el departamento de personas físicas de la dirección de Hacienda de la Diputación, contemplan los dos apellidos y el nombre de 24.535 personas, entre las que se encuentran, según ha podido comprobar EL PAIS, el vicepresidente primero del Parlamento Foral de Navarra, José Antonio Urbiola (HB); los parlamentarios forales José Manuel Alemán (HB), Iñaki Archanco (HB), losu Goya (HB), José Fermín Arraiza (EE), Mauricio Olite (Amaiur) y Mike1 Pedroarera (Amaiur), así como Patxi Zabaleta (HB), primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, y los concejales Jesús María Andión (LAIA) y Francisco Javier Mateo (UPN).«Creo que la actuación de los políticos que no han presentado la declaración», aseguró ayer Angel Lasunción durante la conferencia de Prensa en la que se dieron a conocer las listas, «debe ser censurada enérgicamente en un sistema democrático, porque es intolerable. En Alemania, Francia, Inglaterra o Estados Unidos sería impensable que los cargos públicos no declarasen y que, además, hicieran campaña por las localidades, como hizo Herri Batasuna, animando a no declarar. Considero que estas actitudes son otra forma de subversión: se trata de subvertir el orden democrático instituido. Además, estas conductas van en contra de la justicia social, porque con la reforma fiscal las cargas se reparten de una forma mucho más equitativa entre los ciudadanos. Los hombres públicos no sólo tienen que hacer cumplir las leyes, sino cumplirlas ellos mismos, para dar ejemplo».

Durante la conferencia de Prensa, en la que estuvieron presentes Angel Lasunción, Javier Garde, director de la Hacienda de Navarra, y Jesús Iragui subdirector de Tributos de la Hacienda autónoma, se informó que, a partir de la Finalización del período oficial de presentación de las declaraciones, en julio de 1980 el departamento de Hacienda inició los trabajos para elaborar un censo de personas obligadas a declarar -formado, fundamentalmente, por profesionales, trabajadores por cuenta ajena, empresarios, rentistas, apricultores, etcétera-, del que se eliminaron las personas que cumplieron con esta obligación. De esta forma, la Hacienda de Navarra localizó, a través de la informática, a 40.000 nombres que no habían presentado declaración alguna, cuando, según los datos de la Diputación de Navarra, debían haberlo hecho.

Diez mil declaraciones fuera de plazo

A estas 40.000 personas, la dirección de Hacienda les envió un escrito recordándoles su obligación de declarar -fuera de plazo y con un recargo adicional del 10 % sobre la cuota final- a la vez que los servicios de informática de la Diputación rectificaban los errores del censo, ya que se presentaron reclamaciones por parte de personas que habían cumplido con sus obligaciones fiscales en el plazo legal y, sin embargo, figuraban en los listados. De igual modo, y como consecuencia del envío de las cartas, la Hacienda de Navarra recibió las declaraciones de 10.000 personas, fuera de plazo, que fueron eliminadas de las listas de no declarantes, hasta completar un censo de 25.547 nombres de no declarantes bajo control.De forma paralela, la dirección de la Hacienda autónoma de Navarra ordenó al servicio de inspección que iniciara actuaciones sobre una parte significativa de los 25.547 no declarantes, fijando su atención en profesionales, empresarios y trabajadores por cuenta ajena, que en 1979, según los datos que poseía la Diputación Foral, hubieran tenido ingresos superiores al millón de pesetas.

La historia legal del tema arrancaba de mayo de 1979, fecha en que la Diputación Foral de Navarra acordó publicar las listas de los contribuyentes por el IRPF, acuerdo que fue revocado posteriormente y sustituido por otra resolución de la Corporación en la que se acordaba hacer públicas únicamente las listas de infractores por omisión y defraudación. Como paso previo a la publicación de la lista definitiva, el pasado mes la Diputación hizo pública una lista provisional -en la que figuraban 25.547 personas-, advirtiendo que se daba un plazo de quince días para que los interesados con los que pudiera haberse incurrido en un error lo comunicaran a la dirección de Hacienda, con el objeto de publicar a continuación la lista definitiva.

De esta forma, y a partir de hoy, queda expuesto el listado definitivo, formado por 24.543 personas, en las que, según datos de la propia Diputación, se observa que la mayor parte son trabajadores por cuenta ajena y, en número muy inferior, empresarios, profesionales y rentistas. La cifra de 24.535 infractores no declarantes representa aproximadamente un 25% del censo de obligados a declarar por el año 1979, y según puso de manifiesto Angel Lasunción durante la conferencia de Prensa, un grupo importante de estos últimos han pagado ya, a través de las retenciones, parte de su impuesto sobre la renta de las personas físicas, por lo que únicamente les falta la cuota residual resultante de la declaración.

Dos métodos de actuación contra los infractores

Con respecto a los 24.535 infractores, la Hacienda de Navarra va a actuar de dos maneras, según tenga o no constancia de sus ingresos. De una parte, los inspectores de Hacienda de la Diputación Foral redactarán un acta de prueba preconstituida a todas aquellas personas de las que tengan constancia de sus ingresos -fundamentalmente trabajadores por cuenta ajena cuyas empresas declaran anualmente el número de empleados, sus sueldos y retenciones-, mientras que, por otra, los inspectores visitarán a aquellos de quienes el fisco no tenga datos suficientes, con el objeto de determinar su situación por medio de un acta.Comoquiera que puede haber personas que se nieguen a facilitar datos o simplemente a recibir la visita de los inspectores, está previsto que los defraudadores puedan ser denunciados por un delito fiscal si la cuota ocultada resultante superase los dos millones de pesetas. De igual modo, la agencia ejecutiva de la dirección de Hacienda tiene capacidad para embargar, fundamentalmente cuentas corrientes, sueldos, etcétera, a todas aquellas personas que se resistan de forma manifiesta y repetida a realizar su declaración. Por el momento, la Inspección de Hacienda de Navarra se ha limitado a comprobar las declaraciones presentadas por cien personas significativas en la vida de la provincia -en las que la cuota final a pagar supone alrededor de cincuenta millones de pesetas- y a levantar las correspondientes actas.

Por otro lado, han sido 65.000 las personas que han presentado sus correspondientes declaraciones durante 1980, con una deuda tributaria neta de ochocientos millones de pesetas. Es decir, la cuota final total de estos contriyentes supone ochocientos millones. Sin embargo, la Diputación de Navarra ha recaudado en concepto de IRPF y patrimonio un total de 7.100 millones de pesetas, de los que ha devuelto trescientos por cuotas finales negativas.

Según los datos obtenidos por EL PAIS, la cuota final más elevada que ha recaudado la hacienda de Navarra por el IRPF en una sola declaración ha sido de seis millones de pesetas, mientras que por el impuesto sobre el patrimonio ha sido de 7,5 millones de pesetas.

Partidos y coaliciones de la izquierda abertzale y radical habían indicado el año pasado su negativa a presentar la declaración sobre el IRPF y patrimonio, ya que, en su opinión, los trabajadores son los más afectados por las nuevas medidas fiscales. De esta forma, en las listas de no declarantes o infractores simples aparecen dirigentes de Herri Batasuna, Amaiur y Euskadiko Ezkerra, aunque también figura un concejal de Unión del Pueblo Navarro del Ayuntamiento de Pamplona, partido ideológicamente cercano a Alianza Democrática.

Los grupos políticos partidarios de no presentar la declaración, que el año pasado propusieron de forma pública en diversos actos que se realizara un boicoteo a esta forma de contribución fiscal, han expresado su opinión, en repetidas ocasiones, de que, los trabajadores no tienen opción en este tipo de impuestos, ya que en las empresas les retienen una parte del sueldo en concepto de IRPF.

«Sin dinero no hay autonomía, ni fueros ni nada», declaró ayer a EL PAIS Angel Lasunción. La acción de gobierno de la Diputación Foral de Navarra se lleva a cabo, fundamentalmente, desde los presupuestos generales de la provincia y éstos se financian principalmente con la recaudación de nuestra hacienda. Por eso considero que es imprescindible que se demuestre una eficacia en la gestión, de tal forma que el contribuyente navarro pague sus impuestos si no con alegría sí al menos con poco dolor. Se trata de construir una imagen real de la Hacienda para que no se la vea como una «sacaperras-antipática-ineficaz».