El Gobierno francés puede rechazar la petición de extradición de Linaza

Durante esta entrevista, el ministro español, según se ha podido saber de fuentes próximas al Ministerio de Asuntos Exteriores, hizo saber al diplomático galo que el Gobierno consideraba este asunto de extrema gravedad y no aventuraba las gravísimas consecuencias que una decisión de este tipo podía tener en el desarrollo futuro de las relaciones de los dos países. El embajador francés tomó debida nota del contenido de la conversación y manifestó que transmitiría todos sus puntos al Gabinete galo.Posteriormente, José Pedro Pérez-Llorca mantuvo una reunión hasta altas horas de la madrugada con varios de sus colaboradores, entre los que se encontraban el subsecretario del departamento, Ortega, y el director general de la Oficina de Información Diplomática (OID), Inocencio Arias.

El ministro estuvo permanentemente en contacto con el presidentedel Gobierno, al que informó del desarrollo de los acontecimientos las medidas adoptadas.

Un portavoz de la OID manifestó a EL PAIS que el Gobierno español no había tomado todavía ninguna decisión, ya que las declaraciones de Mauroy no constituyen una sanción definitiva al tema, que deberá ser acordada por el Consejo de Ministros francés. No obstante, las declaraciones del primer mínistro del país vecino se han acogido con gran preocupación.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores declaró a Radio Nacional que el embajador francés desconocía el asunto cuando fue convocado al palacio de Santa Cruz y que no quería hacer un pronunciamiento definitivo hasta que no existiera también una decisión definitiva del Gobierno francés. «Lo que sí he hecho saber», dijo Pérez-Llorca al embajador, «es que una decisión de no extradición sería enormemente grave».

EL PAIS ha podido saber también que esta mañana el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, celebrará una reunión con varios colaboradores de su departamento para estudiar la posible revisión del tratado de extradición con Francia.

Conocida la noticia en España, algunos políticos manifestaron a la agencia Europa Press diversas reacciones, si bien se reservaron su juicio hasta que la decisión definitiva sobre el caso no sea adoptada por el Consejo de Ministros francés. Para Jaime Ballesteros, del PCE, la extradición se debía de haber concedido porque este caso no es un asunto político, sino de terroristas asesinos que atentan contra vidas humanas, contra la democracia, y no tiene ningún tipo de justificación. El anuncio de que se tomarán medidas en el País Vasco francés para impedir la libertad de movimientos de los miembros de ETA puede ser de gran efectividad. Guillermo Galeote, del PSOE, no se quiso pronunciar sobre el. tema hasta que se conociera la decisión oficial del Consejo de Ministros francés. Por su parte, Jorge Verstringe, secretario general de Alianza Popular, manifestó que, de ser cierta la negativa de la extradición de Linaza, no se pueden augurar buenos presagios de la intención del Gobierno francés de colaborar seriamente con las autoridades es pañolas en la erradicación del terrorismo.