Castilla y León seguirán perdiendo habitantes y recursos financieros a pesar de la autonomía

El fenómeno de la despoblación de las provincias castellano-leonesas fue abordado en las jornadas por Salustiano del Campo, sociólogo y catedrático de la Complutense, en una serie de «consideraciones» que lo presentan como un fenómeno irreversible. A comienzos de siglo, la región contaba con 2,3 millones de habitantes, prácticamente los mismos que tiene ahora (2.6 millones), lo que arroja un crecimiento anual de apenas 4.000 habitantes para el conjunto de las nueve provincias que la integran. «Si la población hubiera crecido de acuerdo con la tasa media nacional. Castilla tendría que tener ahora 4,2 millones de habitantes, por lo que puede decirse que en el siglo XX ha perdido más de un tercio de sus recursos humanos».

La paradoja de los años del desarrollo del franquismo no lo es menos que la que produce la actual época de crisis: el paro y la ausencia de oportunidades para la emigración están frenando el despoblamiento de la región castellano-leonesa, aunque para los sociólogos esto es poco más que una tregua La emigración hacia las regiones ricas no podrá corregirse a corto y medio plazo, -«salvo que aparezca un recurso nuevo». Los sociólogos se refieren a esta posibilidad con escepticismo no exento de ironía, aventurando que unos cuantos pozos de petróleo podrían salvar momentáneamente la situación.

Millones en fuga

Treinta y siete bancos privados, trece cajas de ahorro y nueve cajas rurales son los protagonistas de una importante fuga de recursos financieros, cuantificada en no menos de 240.646 millones de pesetas por el catedrático de Economía y Hacienda de la Universidad de Valladolid. Avelino Villarejo. Esta es, sin embargo, una estimación sobre «mínimos», a falta de información oficial. «Es de lamentar la falta de colaboración del Banco de España para desentrañar la verdad de un fenómeno que el propio Banco de España debería ser el primer interesado en conocer. Cuando uno se acerca a él pidiendo información sobre este tema, siempre se le saca a relucir la cuestión del secreto bancario, que fue impuesto con otros objetivos muy diferentes y además en una época en la que no había mucho interés en dar información sobre este tema. A falta de ello, uno tiene que recurrir a una especie de piratería informativa, de la que son culpables personas que, desde luego, actúan con procedimientos poco democráticos».

El silencio oficial, sin embargo, no ha impedido al profesor García Villarejo realizar su propio estudio en base a una encuesta entre directores de banca patrocinada por el Banco de Bilbao y el MOPU. De acuerdo con esta encuesta, en la región castellano-leonesa operan un total de 59 entidades —cuatro bancos privados tenían su sede en la región, frente a doce en 1959—, que se reparten un total de 1.534 sucursales (casi doscientas en cada provincia).

El grupo que, según el informe, evade mayor cantidad de recursos regionales es la banca: 139.514 millones, sobre unos depósitos de 223.617 millones de pesetas, lo que equivale al 62.39%. La siguen las cajas de ahorro, con 183.000 millones en depósitos, de los que salen fuera más de 96.800 (alrededor del 52.6%): por último, sólo las cajas rurales parecen garantizar que el ahorro captado se reinvierta en sus respectivas provincias, a pesar de lo cual unos 4.325 millones, de los más de 15.000 que controlan (28%), van a parar, como en los casos anteriores, a las regiones más industrializadas. En conjunto, se calcula que las entidades financieras evaden 57 de cada cien pesetas que recaudan.

Por otra parte, la distribución que estas entidades hacen de los escasos recursos reinvertidos en la región de origen perjudica a una sociedad mayoritariamente campesina, como es la castellano-leonesa. Los bancos privados »atienden de una forma especial al comercio y a la industria y, en muy escasa medida, al sector agrario». De los datos globales del país se infiere que sólo un 5% de los recursos obtenidos por los bancos se destina al sector agrícola, frente al 60% destinado al sector industrial.

Una crítica aún más dura se hace a las cajas de ahorro en el mismo informe por cuanto la mayor parte de sus depósitos procede del medio rural. En principio, se les exime de una parte de su responsabilidad en la fuga del ahorro regional, en base a la propia legislación del Estado y. muy en concreto, a los llamados «coeficientes de inversión obligatoria», que hacen derivar una parte de los recursos hacia empresas del INI, además con una rentabilidad mínima. Pero, en contrapartida, se les acusa directamente de dedicar más del 50% de los créditos al subsector vivienda, frente a sólo un 10 al sector agrario: se menciona también la ayuda financiera a las edificaciones de lujo y a los grupos promotores en vez de a los inquilinos: «Las cajas han venido dedicando atención a la construcción de un tipo de vivienda que nada tiene que ver con el carácter benéfico-social de estas instituciones. El crédito concedido, en gran medida, no ha ido a parar a los usuarios de las viviendas, sino que de él se han aprovechado los promotores, quedando de esta forma en entredicho el la carácter social incluso de aquellas viviendas que por sus características podían tener este calificativo».

Las posibilidades de arbitrar medidas realistas que pongan fin a la depauperación de las regiones subdesarrolladas son muy remotas. Para García Vilariño incluso las cifras apuntadas anteriormente sobre la fuga de recursos financieros han crecido de forma notable desde que se realizó, la encuesta: «Póngale usted 500 millones de pesetas en total. Sólo a través de los bancos privados la diferencia que existe entre sus depósitos, que seguramente ahora superan ya los 300.000 millones, y los créditos que conceden en la región es de unos 200.000 millones de pesetas».

Según los expertos, el déficit público en Castilla y León tiende a compensar el éxodo del ahorro regional, que se seguirá manteniendo sin solución, a pesar de las autonomías. «El proceso autonómico», ha dicho Salustiano del Campo, «no va a arreglar nada, porque además no se plantea esta cuestión. El proceso autonómico está planteado en términos políticos y no económicos, y, aunque tenga unas repercusiones importantes en este último campo, es seguro que no va a resolver el problema, ni se lo propone».

En estas circunstancias, el llamado Fondo de Compensación lnterregional, que figura en la ley Órgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA), carece de credibilidad para los estudiosos: «La verdad es que el Fondo de Compensación debe ser un instrumento muy importante para lograr una mayor equiparación de las rentas dentro de las regiones españolas. Pero mucho me temo que a la hora de rellenar ese fondo, los países que tienen unas rentas altas van a ser muy reticentes, más que cuando no existían las autonomías, a aportar sus propios recursos en favor de los demás».

Para algunos economistas, como Juan Muñoz, profesor agregado de Estructura Económica de la Complutense y ponente en las jornadas, una de las gran oportunidades de industrializar Castilla y León se ha perdido hace tan sólo dos meses con la regulación por el Parlamento del llamado «canon de producción de energía eléctrica», paradójicamente concebido para compensar a las regiones productoras de la exportación de recursos energéticos que realizan a las más industrializadas.

Para los expertos, esta regulación del canon representa una doble trampa, no valorada suficientemente por los partidos políticos. Por una parte, el coste del impuesto se añadirá al valor de los productos industriales que las nueve provincias se ven obligadas a importar de las mismas regiones que, sobre el papel, pagan el canon, siguiendo un proceso similar al de los países subdesarrollados con respecto a las grandes potencias económicas. Por otro, supone mantener unas tarifas unificadas para la energía eléctrica que incentivan la localización de la industria en las regiones tradicionalmente más favorables a la inversión, es decir, en las ya industrializadas.

Frente a esta regulación oficial, los expertos hubieran preferido una desgravación de los costes de la energía en las provincias de origen —sistema de tarificación regionalizado—, que actuaría como incentivo para la captación de industrias en las zonas productoras de energía, atraídas por su menor coste.