El Gobierno investiga a la extrema derecha

El Gobierno no tenía aún decidido, al cierre de esta edición, si su presidente comparecerá hoy ante el Pleno del Congreso para responder a las mociones presentadas por la izquierda sobre los sucesos de Barcelona o si lo hará el ministro del Interior. Para preparar esta respuesta, en base a la información policial obtenida en las declaraciones que durante toda la jornada de ayer les fueron tomadas a los asaltantes detenidos, el ministro del Interior permaneció ayer en contacto permanente con la Moncloa.Juan Martínez Gómez, uno de los que figuran en la lista oficial de detenidos como asaltantes al Banco Central de Barcelona, sería el numero uno o jefe del comando, según fuentes policiales de toda solvencia, que indicaron que Martínez Gómez contactaba con otro individuo, un tal Antonio Luis, que era intermediario entre los asaltantes y los que han dirigido y financiado su acción.

Según las fuentes, ambos se encontraron a mediados del pasado mes de marzo en la localidad francesa de Ille Surtet. El llamado Antonio Luis sería un hombre joven, de aproximadamente 1,75 metros de estatura, sin rasgos físicos destacados, que en aquella primera entrevista usaba gafas de sol.

El 25 de marzo se celebró una segunda entrevista, esta vez en Perpignan, ciudad francesa fronteriza con Cataluña, en la que Antonio Luis comunicó a Martínez Gómez los detalles del asalto al banco, la forma de proceder y la fecha de la acción. Esta se habría concretado en un tercer y último encuentro, celebrado el 12 de este mes en la cafetería de El Corte Inglés de Barcelona, en donde Antonio Luis dio al número uno las últimas explicaciones y las armas, en una bolsa de deporte.

En cuanto a las implicaciones con la extrema derecha con la operación, parece no existir dudas en medios policiales -y así habría sido asumido por el Gobierno- de tal extremo. De las declaraciones obtenidas a los detenidos, que «están dando muy buen resultado», se ha podido establecer que existe una trama organizada que ha sido quien ha diseñado y financiado la operación. Los asaltantes, según estos datos, eran simples mercenarios que habrían cobrado cinco millones de pesetas cada uno por su acción, encaminada tan sólo a «intoxicar la situación política con la implicación de la Guardia Civil en unos hechos que, una vez resueltos, dejaran en entredicho las suposiciones gubernamentales».

De las mismas declaraciones se ha podido establecer, siempre según medios policiales próximos a la investigación, que los asaltantes recibieron sus armas en Barcelona,

En medios gubernamentales se ha comentado el convencimiento de que la trama que diseñó y financió la operación de Barcelona es la misma implicada en el golpe de Estado del pasado 23 de febrero.

En este sentido, se ha desplegado una importante actuación policial en los medios de extrema derecha de todo el Estado.