La investigación judicial se extiende a destacados miembros de Fuerza Nueva
Tres meses después de la reapertura del sumario sobre el asesinato de la joven Yolanda González, ordenada por la Audiencia Nacional, tras haber sido concluido aquél el 29 de octubre de 1980 por el juez instructor, Ricardo Varón Cobos, la investigación judicial sobre el caso apunta a un amplio campo de complicidades como consecuencia de las nuevas declaraciones y datos aportados por Emilio Hellín. Al igual que en el caso Atocha, el tesón y la capacidad profesional de los abogados de la acusación particular han conseguido que un caso que parecía, por la pasividad de unos y el interés de otros, ceñido a los presuntos autores materiales comience a mostrar su entramado y algunos trazos de la infraestructura del terrorismo de extrema derecha en España.
Desde que a mediados del pasado mes de febrero la Audiencia Nacional ordenó la reapertura del sumarlo y la práctica de diversas pruebas solicitadas por los abogados de la acusación particular, José Mariano Benítez de Lugo y José María Mohedano, entre ellas una nueva declaración de Emilio Hellín han declarado o han sido citados a declarar ante el juez instructor en fechas próximas José María Otaegui, jefe provincial de Fuerza Nueva en Madrid, Fernando García Gómez y Pedro Herraiz, Jefe de información nacional y, ex jefe de seguridad, respectivamente, del mismo partido, y José Antonio Assiego, dirigente del sindicato Fuerza Nacional del Trabajo (FNT).La declaración de Hellín efectuada los días 9 y 10 del pasado mes de abril puede significar un giro de 180 grados en la línea de investigación sobre el asesinato de Yolanda González, ya que aquel mantiene ahora que él no fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de la joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores, sino que ésta fue entregada, tras raptarla en su domicilio, en la calle de Tembleque, de Madrid, a los ocupantes de un Renault 5, uno de ellos apodado El Chino, militante de Fuerza Nueva, y el otro llamado Antonio, funcionario de Policía. La autoridad judicial está haciendo gestiones sobre estas dos personas, aunque los datos aportados por Hellín parece que son insuficientes para lograr su identificación.
Cambio fundamental
Cuando se le pregunta a Hellín el motivo de este cambio tan fundamental en sus declaraciones, responde que sus amigos le aconsejaron que se atribuyese la muerte de Yolanda, ya que la pena que le correspondía por este hecho no iba a aumentar sustancialmente la que le sería impuesta por la acumulación de varios delitos de depósito de armas y explosivos, y por otra parte ya habría forma de sacarle de la cárcel.En su nueva declaración, Hellín asegura que David Martínez Loza, del que sigue afirmando que recibía órdenes, y Ricardo Prieto y Félix Pérez Ajero, quienes tuvieron a su caro la vigilancia exterior del domicilio de Yolanda, estuvieron escondidos en la finca que posee un grande de España en Extremadura, el primero, hasta el día 26 de febrero de 1980. en que se presentó al juez instructor, y los otros dos durante varios meses, tras desaparecer a raíz de descubrirse el crimen.
En la misma declaración, Hellín confiesa que en julio de 1979 cobró un talón de medio millón de pesetas contra una cuenta corriente de Fuerza Nueva. La existencia de ese talón cobrado ha sido confirmada por el banco mediante la correspondiente diligencia judicial. El destino de esa cantidad sería la compra de armas en Verín (Pontevedra).
Hellín ha dado los nombres de la persona que le entregó el talón y de quien lo firmaba. La existencia de ese talón y el destino dado a esa cantidad je dinero han motivado la comparecencia ante el juez de Otaegui, García Gómez y Assiego.
Por otra parte, Pedro Herraiz, ex jefe de seguridad de Fuerza Nueva, también ha sido citado a declarar en relación. al parecer, con una visita que hizo a Hellín en la cárcel, que ha sido debidamente comprobada.
La nueva declaración de Hellín constituía una de las pruebas solicitadas por los abogados de la acusación particular, denegadas por el juez instructor al concluir el sumario, y, ordenadas por la Audiencia Nacional al decidir la reapertura de aquél, pero había otras, en concreto la transcripción de las veinticuatro cintas magnetofónicas intervenidas a Hellín en la academia de electrónica de la calle de San Roque, con identificación de las voces que aparecen en las mismas, y el dictamen pericial sobre el ordenador marca Pet 2001, serie Comodore. instalado en esta aca demia, por el que Hellín emitió el tele,y en el que reivindicaba el ase sinato de Yolanda en nombre del Batallón Vasco Español. La primera prueba ha podido ser practicada, pero no así la segunda, ya que, cuando el juez ha intentado llevarla a cabo, el ordenador había desaparecido.
La CEOE, vigilada
El contenido de las cintas magnetofónicas (las voces todavía no han sido identificadas) muestra que quienes las manipulaban tenían acceso a la intervención de teléfonos y la posibilidad de colocar micrófonos ocultos en despachos. Gran parte de las cintas contienen conversaciones de personas en la sede de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), tanto en el interior de la propia sede como conversaciones telefónicas con personas del exterior, entre ellas varios ministros económicos. Otra cinta contiene la voz de una persona que graba fichas policiales, y otra recoge una conversación telefónica en la que uno de los comunicantes habla desde los archivos de la antigua DGS y pide, como premio de la información que facilita, que se le envíe una fotografía dedicada de Blas Piñar.
