Reacciones al dictamen de las autonomías

Acuerdo Gobierno-PSOE sobre el documento autonómico de los expertos

20 may 1981 - 00:00CEST

El Gobierno y el PSOE llegaron ayer a un acuerdo prácticamente completo sobre la viabilidad del informe García de Enterría, para encauzar de nuevo la construcción del Estado de las autonomías. Se respetarán totalmente los estatutos ya vigentes y no habrá una negativa radical a las autonomías uniprovinciales, sino fórmulas para agregarlas a otras comunidades en caso de que fueran inviables. La voluntad de acuerdo entre el Gobierno y el primer partido de la oposición es muy grande, y el paso siguiente será convencer a los demás partidos de la conveniencia de apoyar estas soluciones. Antes de recibir a los socialistas, Calvo Sotelo se entrevistó con el portavoz de la Minoría Catalana, Miguel Roca.La reunión de la comisión política Gobierno-PSOE se prolongó algo más de cuatro horas, y a una parte de la misma asistió también el profesor García Enterría, presidente del comité de expertos que ha elaborado el informe autonómico. Felipe González, que encabezaba la delegación del PSOE, anunció a la salida que el texto completo será publicado en el plazo de 48 horas, «a fin de que sea conocido en su integridad y puedan corregirse las interpretaciones erróneas o precipitadas que se han hecho a partir de filtraciones verbales».

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El dictamen de la comisión de expertos elogia el titulo VIII de la Constitución

Felipe González coincidió prácticamente con el ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, en la valoración del informe de los expertos: «Debe calificarse de bastante positivo», dijo el líder socialista; «es extraordinariamente positivo», aseveró el ministro Martín Villa. Ambos trataron de tranquilizar plenamente a los nacionalistas catalanes y vascos respecto al futuro de sus autonomías.

El calendario anunciado por ambos, en declaraciones separadas, es el mismo: entrega del informe a las demás fuerzas políticas y a la opinión pública, contactos bilaterales de UCD y PSOE con el resto de los partidos y reunión final de la comisión Gobierno-PSOE para tomar decisiones definitivas respecto al problema autonómico.

El informe elaborado por el comité de expertos consta de tres partes fundamentales. La primera está dedicada a realizar un análisis de la actual situación del proceso autonómico de España; en la segunda, se hace una propuesta de ley para articular y clarificar aspectos del título VIII de la Constitución, y en la tercera, se establecen sugerencias de compromiso político, encaminadas a conseguir la «armonización» del Estado de las autonomías. Una parte del informe García de Enterría contiene propuestas normativas concretas.

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Pueden producirse decisiones definitivas en un plazo de dos semanas

Viene de primera página

Además de Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González, que presidían las respectivas delegaciones del Gobierno y del PSOE, estuvieron presentes los ministros Pío Cabanillas y Rodolfo Martín Villa, y los dirigentes socialistas Alfonso Guerra y María Izquierdo. Felipe González y Rodolfo Martín Villa, que actuaron como portavoces de las correspondientes delegaciones, aseguraron que no hay intención alguna de producir un frenazo autonómico.

Algunos de los asistentes manifestaron a EL PAIS que el PSOE había elaborado unos motivos de desacuerdo con el texto de García de Enterría, y que probablemente serán tenidos en cuenta en futuras conversaciones. Al parecer, el papel otorgado a las diputaciones provinciales -que se incrementa, de acuerdo con el texto de los expertos- sería una de las principales cuestiones que los socialistas desean clarificar.

Todo parece indicar, sin embargo, que la voluntad política de llegar a un acuerdo respecto al Estado de las autonomías puede ser más fuerte que los problemas específicos analizados hasta el momento. Por otra parte, es evidente que se trata de limar asperezas en las comunidades uniprovinciales, a base de dejarles en libertad para tomar la iniciativa autonómica que deseen, pero con la previsión de que en el futuro puedan incorporarse a otras comunidades si se comprobara que su existencia es poco viable. Las decisiones principales pueden estar adoptadas en dos semanas.

El ministro de Administración Territorial insistió especialmente en que «no hay posibilidad de reformar los estatutos en vigor, ni siquiera por ley orgánica».

Por su parte, Felipe González respondió a una pregunta sobre el sentido que tenían sus declaraciones del día anterior sobréla necesidad de evitar «una nueva guerra civil». El secretario general del PSOE precisó que esa es una expresión de voluntad que lógicamente ha de tener todo el que crea en la democracia, y que con ello no se refería a ningún tenia puntual, «sino al clima que se está creando en algunos sectores de cierto acoso a la democracia. Y parece claro que hay que hacer todo lo posible por evitar que ese acoso ponga en peligro inminente al Estado democrático».

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