La comisión de expertos entregó ayer parte del dictamen sobre el desarrollo autonómico

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el líder de la oposición, Felipe González, recibieron ayer tarde de manos de Eduardo García de Enterría un avance del informe sobre las autonomías que bajo la dirección de este último está elaborando un equipo de administrativistas. El documento, que ha sido entregado de forma absolutamente reservada, consta de algo más de cien folios y será completado con otra entrega, que se efectuará probablemente el lunes próximo.

En fuentes competentes se había informado que el dictamen sería entregado en los primeros días de esta semana, pero en la última reunión de la comisión de expertos quedaron algunos temas pendientes de redacción final, por lo que parecía que el dictamen no sería entregado hasta la semana próxima. Sin embargo, el retraso que algunos temas autonómicos concretos venían sufriendo, a la espera de que la comisión de expertos se pronunciara, debió aconsejar esta entrega parcial efectuada ayer. La paralización en la Comisión Constitucional de la tramitación de los estatutos de autonomía de Asturias y Andalucía es debida al hecho de que el Gobierno quiere conocer previamente la opinión de los expertos.Durante este mes largo en que ha estado trabajando la comisión presidida por el profesor García de Enterría se han producido contactos a distintos niveles entre miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE con el fin de superar algunas de las diferencias existentes entre ambas partes y que no pueden ser resueltas en instancias técnicas, sino políticas.

Fruto de estas negociaciones es el acuerdo logrado entre Gobierno y PSOE para constituir una subcomisión, también presidida por Eduardo García de Enterría, que tendría como objetivo elaborar dictámenes sobre cuestiones económicas relacionadas con las autonomías.

Esta comisión estará formada por cuatro técnicos del Ministerio de Hacienda, dos a propuesta del PSOE y otras dos a propuesta del Gobierno. La creación de la comisión se producirá posiblemente el lunes. Las personas que formarán parte de ella son: Francisco Fernández Marugán, inspector financiero y tributarlo, director del programa para la reforma de las Haciendas Locales; José Sevilla, también inspector financiero, uno de los padres de la reforma fiscal; Miguel Angel Fernández Ordóñez, economista del Estado, encargado del programa de Inversiones Públicas del Ministerio de Hacienda, y Jaime Trebállez, inspector financiero, director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales.

El Gobierno había pensado inicialmente en Miguel Martín, en lugar de Trebállez, pero el PSOE exigía previamente su dimisión como subsecretario de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Las dificultades encontradas para sustituirle en este cargo parecen haber sido determinantes de la elección de Treballez.

En una reciente reunión de alto nivel entre dirigentes del PSOE y altos cargos del Gobierno, éstos se comprometieron a proceder de inmediato a la constitución del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que tiene canceladas importantes atribuciones, y cuya creación condiciona a su vez la puesta en marcha del Fondo de Compensación Interterritorial.

Los socialistas han presionado al Gobierno para la constitución de este Consejo por considerar que es la pieza clave que garantiza el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas. A este Consejo, le corresponde, entre otras cosas, efectuar la valoración de los criterios de distribución de los fondos de compensación y algo muy importante: la revisión de los métodos utilizados para el cálculo de los costes de los servicios transferidos a las comunidades autónomas. Según fuentes parlamentarias, la falta de un método de valoración de servicios transferidos ha sido aprovechado en su favor por la Generalidad de Cataluña.

Precisamente uno de los temas a estudiar por la subcomisión que se va a crear serán las consecuencias que tendrá la aplicación generalizada de los criterios utilizados para determinar el cupo atribuido a la comunidad autónoma vasca. En opinión de algunos técnicos del Ministerio de Hacienda, los conciertos están inflados en más de 15.000 millones de pesetas en favor de la Hacienda vasca. La aplicación de esos mismos criterios a Cataluña inflaría esa cantidad en unos 50.000 millones de pesetas y daría lugar a una situación privilegiada precisamente en las regiones más desarrolladas.