Encierro de funcionarios judiciales para protestar sobre sus problemas profesionales
El Sindicato Independiente de la Administración de Justicia, que agrupa a la mayor parte de los 8.000 funcionarios judiciales que existen en España, debatió ayer en asamblea general la adopción de diversas medidas de presión de cara a resolver sus problemas de carácter profesional y laboral.
Estos problemas pueden verse agravados todavía más, según se manifestó en la asamblea, si prosperan en el Parlamento ciertos artículos del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial que les afectan y algunas modificaciones a dicho proyecto contenidas en el informe sobre el mismo elaborado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial.Tras un largo debate entre los miembros de las once delegaciones de toda España presentes en la asamblea, se acordó protagonizar un encierro en Madrid en fecha no determinada, pero que no deberá aplazarse más allá del presente mes. La decisión sobre el encierro se adoptó como una medida excepcional que pueda llamar la atención de los poderes públicos y, en concreto, del poder judicial, así como de la opinión pública sobre la situación profesional y laboral del personal auxiliar y sobre los males que aquejan a la Justicia española. Refiriéndose en concreto a la situación profesional y laboral de los cuerpos auxiliares de la Administración de Justicia, los reunidos denunciaron diversos artículos del proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, cuya discusión en el Parlamento se iniciará próximamente, entre ellos los que contemplan la movilidad del funcionario por decisión de la junta de jueces., la no integración del personal auxiliar en el sistema retributivo de jueces y magistrados y el no reconocimiento de las funciones propias que realiza este personal.
Los reunidos insistieron en la situación de desesperanza en que se encuentran los miles de funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, cuyas reivindicaciones son una y otra vez desatendidas, y convinieron en la necesidad de reforzar el sindicato y de realizar una acción que sirva de revulsivo ante los poderes públicos y la opinión pública. La medida del encierro fue adoptada como inicio de otras acciones que serían adoptadas posteriormente, según las circunstancias. Dentro del debate general, se tocó el tema de las corruptelas existentes en la Administración de justicia, mostrando los reunidos su enérgico rechazo de las mismas, si bien insistiendo en que la solución de este problema debe abordarse en todo el ámbito judicial y con medidas que tiendan a una justa retribución del personal.
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