A todo gas
EL CONSEJO de Ministros aprobó recientemente la construcción en la provincia de Huelva de una planta de prerreducidos, destinada a la concentración de unos minerales muy pobres en hierro del sureste de la Península. El aprovechamiento de esos recursos no utilizados será realizado, así, en una zona cercana con elevado desempleo y mínima industrialización. De añadidura, el elevado consumo de energía que necesita este proceso industrial podría ser suministrado por la puesta en explotación del yacimiento de gas en el golfo de Cádiz. Las avanzadas negociaciones para conseguir un crédito kuwaití a largo plazo, con probable garantía estatal, podrán garantizar la financiación del proyecto, previamente estudiado por dos firmas internacionales que dieron su visto bueno bajo la condición de obtener algunas subvenciones y, sobre todo, energía a bajo coste.La sustitución de importaciones de mineral de hierro o de chatarra, la creación de empleo en una zona castigada por el paro y la utilización de un recurso energético local son poderosos argumentos en favor del proyecto. Ahora bien, la forma de aprovechar el gas del golfo de Cádiz puede dar lugar a graves servidumbres para el diseño de una política energética coherente y sensata.
Como es sabido, el gas natural se emplea en España como fuente de energía en proporciones mucho más modestas que en el resto del mundo. Solamente el 1,4% de la energía consumida en nuestro país procede del gas natural, frente al 18% en el conjunto de las demás economías. Las causas, han sido no sólo la escasa producción nacional, sino también una política encaminada a mantener un alto consumo de gases derivados del petróleo (butano y propano). Los recientes descubrimientos de yacimientos en Cádiz, Huesca y el Cantábrico pueden, sin embargo, modificar ese panorama.
Dadas sus características de alto contenido energético, rápida disponibilidad y baja contaminación, el gas natural se suele destinar a usos nobles: consumo doméstico directo, generación de electricidad en puntas de demanda, transformación en procesos químicos (fertilizantes, sobre todo) y usos industriales con alto valor añadido o en áreas muy contaminadas. Por contra, el empleo del gas natural en procesos industriales pesados (como la siderurgia o la fabricación de cemento) suele ir acompañado de fuertes subvenciones, ya que esos productos no pueden soportar los altos precios pagados por los usuarios nobles de esa energía. Mucho nos tememos, por consiguiente, que la planta de prerreducidos de Huelva sólo podría ser viable con una fuerte subvención del gas natural que utilice.
Ahora bien, Andalucía es una región muy deficitaria en energía, incluso en comparación con el resto de España. No se adivina, en consecuencia, la razón de no destinar prioritariamente el gas natural del golfo de Cádiz a los usos domésticos y a la industria química, que constituirían su mercado natural a precios no subvencionados. Ciertamente, esa decisión obligaría a la instalación de una infraestructura adecuada, hoy inexistente, para la distribución del gas en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla. Pero esas obras indispensables crearían, a corto plazo, más empleo que cualquier otro proyecto industrial y, a largo plazo, las bases para la implantación de una importante industria ligera en la región.
El despropósito de desviar el gas natural de Cádiz de sus usos a precios de mercado hacia aprovechamientos forzosamente subvencionados da pie para sospechar que, tras esa sorprendente decisión, se hallen grupos interesados en disminuir los costes de su primera materia a través de una energía barata subvencionada. La disparatada e inviable cuarta planta siderúrgica del Mediterráneo puede ilustrar excelentemente sobre la capacidad de influencia de ese tipo de presiones que sacrifican los intereses de la colectividad a los beneficios de unos cuantos.
Parece evidente que el gas natural se debería emplear en España para la sustitución de petróleó, no para la sustitución de mineral de hierro o de chatarra, como parece ser el caso de la planta de Huelva. No hay ninguna razón, por lo demás, para suponer que los precios relativos futuros del petróleo y de los productos siderúrgicos sean favorables a estos últimos. La vieja falacia de que la industrialización debe buscar la sustitución de las importaciones y el aprovechamiento integral de nuestros recursos sirvió en su día para levantar el absurdo tinglado de las pizarras bituminosas de Puertollano, cuyos resultados fueron tan nulos como costosos. Ahora, el fantasma del proteccionismo a ultranza puede salir de nuevo del armario para justificar el despilfarro de energía, implícito en las subvenciones, con el argumento patriótico de que ese dispendio es necesario para aprovechar minerales nacionales de muy bajo contenido. ¿Tal vez el recién creado Instituto Nacional de Hidrocarburos, encargado de fijar la política en esta materia se propone iniciar sus tareas con la decisión de subvencionar el gas natural para usos siderúrgicos? De ser afirmativa la respuesta, sólo cabría comentar que para ese viaje en pos del redescubrimiento del Mediterráneo -o de Puertollano- no hacían falta tantas alforjas.
