El INI y la empresa pública

LA LEY de Defensa de la Industria Nacional fue promulgada en 1939 con miras a «redimir a España de la importación de productos exóticos», y la ley de 25 de septiembre de 1941 justificó la creación del Instituto Nacional de Industria por la necesidad de acometer proyectos que rebasaran las posibilidades de la iniciativa privada y resolvieran los imperativos de la defensa nacional. El INI dispuso desde un comienzo de fondos abundantes, procedentes de las aportaciones presupuestarias y de la financiación barata nacida de los circuitos privilegiados de crédito. Así se fue construyendo un pequeño imperio industrial que cubría también sectores en los que la empresa privada tenía una significativa presencia. Esa coexistencia, aunque a veces produjo roces, nunca suscitó conflictos que amenazaran seriamente a la iniciativa privada, debido a la falta de competitividad del sector público. La moderna planta de Ensidesa vegetó sin complicaciones al lado de Altos Hornos y no fue capaz siquiera de situar a nuestra industria siderúrgica de base en una zona de costes competitivos equiparable a la de otros países.La empresa pública, en nuestro país, nació débil y necesitó de un fuerte proteccionismo arancelario y de constantes subvenciones para sobrevivir, pese a sus favorables canales de financiación. El INI no consiguió beneficios suficientes para autofinanciarse y se lanzó a un endeudamiento creciente. Pese a que los costes de los créditos de las empresas públicas son inferiores a los del sector privado, la carga total ha crecido de tal forma que el peso del conjunto de sus gastos financieros es ya superior al de las empresas privadas. La industria del área estatal terminó por entrar en barrena. Sin contar con las aportaciones del Tesoro, las pérdidas del grupo del INI rebasaron en 1978 los 27.000 millones de pesetas. Y los recursos drenados a los presupuestos por el conjunto de las empresas públicas, entre subvenciones de explotación y transferencias de capital, ascendieron a los 200.000 millones de pesetas en 1979. y a los 260.000 millones en 1980.

El déficit, que ha venido creciendo a buen ritmo durante los años de la crisis del petróleo, es resultado, en buena parte, de los programas de López de Letona y Claudio Boada. Proyectos como Altos Hornos del Mediterráneo o Astilleros Españoles, tan carentes de futuro como sobrados de riesgos, caminaron de la mano con la decisión, todavía más perturbadora, de hacerse cargo de empresas privadas ineficientes o sin posibilidades de recuperación. La transformación del INI en una casa de beneficencia para industrias privadas en dificultades o en un hospital de enfermos incurables no sólo altera el papel inicial del INI, sino que amplía las incertidumbres acerca de sus cometidos reales. La abusiva utilización de las nóminas de las empresas públicas para enchufar en elevados cargos a políticos en paro, practicar el nepotismo o proteger a paniaguados y a clientes (los fondos de reptiles han tenido de ordinario en muchas de esas empresas un excelente zoológico) ha terminado por desprestigiar hacia fuera al área estatal y de carcomer hacia dentro su eficacia.

Pero todo ello no anula la importancia real del INI en un país que, salvo Cataluña y el País Vasco, carecía en 1939 de tradición industrial. Si no fuera por las funciones que el refranero atribuye a los consuelos derivados del mal de muchos, los resultados de Alfa Romeo, en Italia, o de British Leyland, en el Reino Unido, son igualmente desastrosos. El INI ha adquirido, pese a los defectos enunciados, con el paso de los años, cierta experiencia industrial., y el control que en un sistema democrático puede ejercer el Parlamento sobre la corrupción puede constituir una salvaguardia contra los abusos. De otra parte, el nombramiento como presidente del INI de Carlos Bustelo es quizá una oportunidad para que ese torpe elefante deje de ser un holding con pérdidas inmanejables y se convierta en un instrumento eficaz de política industrial. Esto es, para que el INI sea un promotor de empresas sanas y eficazmente gestionadas, cuyos directivos sean tan responsables -o más responsables, ya que manejan dinero público- como los de las empresas privadas.

La tarea no va a resultar fácil y exige una serie de requisitos. El nuevo presidente debe disponer de una razonable independencia y de la libertad necesaria para formar un equipo de colaboradores técnicamente capacitados y empapados de los problemas del mundo industrial. Cada empresa del INI debería ser tratada como una unidad financiera autónoma, responsable de su propia gestión y no sometida a condicionantes extraños. De otro lado, esas empresas no deberían recibir privilegios en su financiación y tendrían que ser clausuradas cuando arrojaran pérdidas, a menos que el Parlamento se pronunciara en otro sentido por razones extraeconómicas. Finalmente, las subvenciones y las transferencias deberían ser congeladas, con vistas a su paulatina reducción y a su eventual eliminación.

Sólo así podrán ser desmontados esos tinglados que se han ido acumulando a lo largo de un período en el que la economía ha estado al servicio de una determinada política. Sólo así podrá ser barrida la basura de la corrupción y cortada la sangría del despilfarro. Sólo así podrá convertirse el INI en precursor industrial en nuevos sectores que requieren alta tecnología. Y sólo así estará el INI en condiciones de negociar con las multinacionales proyectos conjuntos para fortalecer nuestra estructura industrial con vistas al ingreso en Europa.

Todo esto requiere el respaldo de una estrategia gubernamental coherente y de una política económica de conjunto. Por esa razón, la decisión del Gobierno de crear un Ente Nacional de Hidrocarburos, independiente del INI y desconectado de la minería del carbón y de la energía eléctrica, debe ser contemplada con algún ánimo crítico. La razón de¡ divorcio es, al parecer, de naturaleza contable, a fin de evitar que los elevados beneficios del Ente procedentes del gas natural de Cádiz y de Sabiñánigo resultaran asfixiados por las pérdidas de las empresas enfermas. Ahora bien, si la gestión de cada empresa, incluido el Ente, fuera independiente, tales riesgos desaparecerían. Corresponde, en todo caso, a los diputados y senadores decidir, cuando se soliciten sus votos para la convalidación del decreto-ley, si ese argumento contable tiene fuerza suficiente como para justificar la medida tan dramática y cargada de consecuencias como la división del INI y de la gestión de la política industrial del sector público en nuestro país.