Los inquilinos pagarán el impuesto del transporte

El Gobierno ha remitido al Congreso de los Diputados el proyecto de ley por el que se establecen medidas en relación con los déficit de las empresas municipales de transportes. El proyecto de ley ha sido largamente esperado por los ayuntamientos democráticos, ante el gravamen que para las haciendas municipales de algunos municipios importantes suponen los transportes urbanos. Sin embargo, las primeras reacciones de los ayuntamientos ante filtraciones parciales de este proyecto no son muy favorables.Como principio general, el proyecto establece que «los ayuntamientos que tengan servicio de transporte público colectivo urbano de superficie establecerán las tarifas autosuficientes para la financiación del servicio». Sin embargo, por causas excepcionales -no especifica cuáles-, los ayuntamientos podrán cubrir el déficit, si lo hubiere, mediante el establecimiento de un impuesto que se denominará «ímpuesto municipal para financiar el déficit de los transportes de superficie».

El impuesto recaerá sobre las viviendas y será sujeto pasivo del sino la persona que utilice la vivienda. En caso de arrendamiento, impuesto le será exigido al propietario de la vivienda, pero éste lo repercutirá íntegramente al arrendatario, incluso en los supuestos en que el arrendamiento hubiera tenido en vigor con posterioridad al de julio de 1974.

De acuerdo con el proyecto de ley, distribuido por la agencia Efe, base imponible será el valor catastral atribuido a la vivienda a efectos de contribución territorial urbana; el tipo de gravamen será único y podrá alcanzar un máximo del 0,50%; el período, impositivo y devengo serán los de la contribución territorial urbana.

El impuesto se gestionará en la forma y plazos de la contribución territorial urbana y se exigirá mediante recibo aparte. Cuando el transporte deficitario afecte a municipios limítrofes, éstos se pondrán de acuerdo sobre la configuración del impuesto.