Campsa cerrará numerosas instalaciones en toda España y reducirá unos 500 puestos de trabajo

La puesta fuera de servicio de numerosas instalaciones de toda España, la potenciación de los oleoductos y la reducción del total de transportes por carretera y ferrocarril en un 25%, son los aspectos más destacados del Plan de Reestructuración de Campsa. El Plan, según la respuesta del Gobierno a una pregunta del diputado socialista José Alvarez de Paz, está dividido en cuatro fases, que culminarán en 1984, y afectará a cuatro cientos o quinientos empleados.

La pregunta del diputado socialista, realizada un mes antes de la aprobación por el Consejo de Ministros del pasado viernes del Instituto Nacional de Hidrocarburos, decía, en su fundamento, que «dentro de un supuesto plan de reestructuración de Campsa, el consejo de administración decidió cerrar las dependencias de Alava, Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, El Ferrol, Albolote y Chinarral (Granada), Guadalajara, Huesca, Recajo (Logroño), Manresa, Orense, Palencia, Ponferrada, Segovia, Talavera, Vich, Zafra y Zamora». Todo ello supone, según informaciones recogidas del consejo de administración, que sobran de 450 a 495 trabajadores (el 10% de los mismos en edad de jubilación) en Campsa y cuarenta titulados superiores.El diputado socialista, tras afirmar que no se ha consultado a los representantes de los trabajadores afectados y manifestar que se estaba hablando de cerrar instalaciones en las que se está invirtiendo en la actualidad, pregunta por la veracidad del citado plan y su posible extensión.

La respuesta del Gobierno, efectuada por Hacienda el pasado día 4 y que va a provocar la solicitud de comparecencia en las Cortes de los responsables de la compañía, confirma el amplio plan de remodelación de Campsa. El objetivo del mismo, según la respuesta gubernamental, es «garantizar los suministros con el mínimo coste, lo que lleva consigo una mayor seguridad de las instalaciones y una reducción de los recorridos en el transporte».

Las consecuencias más importantes del plan se centran en la potenciación de los oleoductos (su participación en el conjunto total de los transportes terrestres de Campsa pasará de ser el 37%, en 1980, al 45%); en la reducción de los transportes por carretera y ferrocarril (en torno al 25 %); y en la concentración de las actividad de Campsa pasará de ser el 37%, más modernas y mejor dotadas de medios.

La respuesta gubernamental, por otra parte, justifica el que no se haya facilitado información sobre la reestructuración al comité nacional de representantes de los trabajadores, en que éste no se había constituido legalmente hasta el 17 de marzo.

El desarrollo específico del plan se extenderá a lo largo de cuatro períodos, con una duración de seis a doce meses cada uno, para culminar en su conjunto en 1984.

En una primera fase se desactivarán los centros de Vich, Manresa, Guadalajara, una parte del de El Ferrol (continuará suministrando a las actividades marítimas) y Toledo, que quedará con almacenamiento exclusivo de fuel.

En la segunda fase se ponen en marcha los centros de Miranda y de Santovenia (Valladolid), lo que afectará a instalaciones de Avila, Segovia, Zamora, y quizá Palencia y Logroño.

En una tercera fase se pondrán fuera de servicio las instalaciones de Orense, Talavera y Cáceres, que están condicionadas a las mejoras de Vigo y Mérida. También concluirán los estudios que está realizando Campsa sobre Zafra, Granda, Ponferrada y Huesca.

Finalmente, en una cuarta fase, se pondrá en servicio al ramal del oleoducto Mora-Alcázar de San Juan, que supondrá la desactivación de las instalaciones de Albacete, Ciudad Real y Cuenca.

También será puesta fuera de servicio la subsidiaria de Vitoria al ponerse en servicio la nueva instalación de Miranda, que está servida por oleoducto.