La Guardia Civil justifica el levantamiento del arresto a once participantes en el golpe

La Dirección General de la Guardia Civil difundió ayer una nota para clarificar su postura sobre el levantamiento del arresto a once guardias civiles que participaron en el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero -las primeras informaciones hablaban de trece afectados-. Señala el escrito que todos los suboficiales, cabos y números que intervinieron en el intento de golpe de Estado fueron sancionados por el director general de la institución, en uso de sus facultades gubernativas, con arresto militar hasta de dos meses, «que es el máximo de privación de libertad que puede imponerse por las infracciones de esta naturaleza».Agrega la nota que, en la Administración militar, lo judicial y lo gubernativo no se excluyen, sino que se complementan. En consecuencia, la Dirección General de la Guardia Civil precisa que «sin perjuicio de la referida sanción impuesta y cumplida por infracciones gubernativas, se encuentran a disposición del excelentísimo señor juez especial que instruye causa para depurar las responsabilidades dimanantes de los sucesos presuntamente constitutivos de delito, quien, a la vista de lo actuado, normalizará o regularizará la situación procesal de los implicados y sin que la libertad acordada constituya un juicio que prejuzgue el contenido y el alcance de las responsabilidades judiciales».

Paralelamente, el abogado Guillermo Salva, defensor civil del teniente de la Guardia Civil César Alvarez Fernández, uno de los procesados por la ocupación del Congreso, solicitaba ayer, a través de la agencia Europa Press, los criterios que se han seguido para levantar el arresto a los suboficiales y números y por qué no se ha dictado auto de procesamiento contra ellos. Señala el letrado que «en los números y cabos de la Guardia Civil no procesados y liberados ha debido concurrir al menos una de las doce circunstancias eximentes de responsabilidad que taxativa y excluyentemente enumera el artículo 185 del Código de Justicia Militar».

Entre las tres eximentes que el abogado estima que podrían haberse aplicado a los guardias puestos en libertad figuran «obediencia debida» y «cumplimiento del deber», eximentes que, a su juicio, también podrían aducirse en relación con algunos procesados.

Benegas: "Decisión alarmante"

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Euskadi, Txiki Benegas, declaró el domingo, en Gijón, en réplica a la afirmación del presidente Calvo Sotelo de que la situación política española había vuelto a la normalidad, que el 23 de febrero «sigue pesando seriamente en determinados sectores, y no se hacen grandes cosas para desactivar el golpe, en este sentido es sintomático y alarmante que se ponga en libertad a los guardias civiles implicados en el asalto al Congreso de los Diputados. Hay que desarticular definitivamente el golpe y lanzar una ofensiva para fortalecer la democracia», informa José Manuel Vaquero.Los roces protagonizados por algunos militares destacados en Navarra para impermeabilizar la frontera con Francia producen, en opinión de Benegas, «un enorme retroceso en la política de erradicación del terrorismo. Hay que evitar, cortar de raíz, cualquier desmán cometido por sectores aislados, o más bien individualidades del Ejército o, la policía. Otro tanto puede decirse de las medidas que se adopten amparándose en la ley Antiterrorista. Hay que extremarlas al máximo y hacer todo lo posible para que no se utilicen mal o en sentido distinto al que se pensó».