Crisis política en Canadá por la ruptura del último lazo colonial con el Reino Unido

La provincia de Alberta, al Oeste, tiene grandes recursos de petróleo y gas natural. Su Gobierno provincial, irritado porque debe vender su crudo al resto de Canadá a precios inferiores a los fijados por la OPEP, se opone a que el poder central en Ottawa incremente, del actual 10% al 28%, su participación en las rentas procedentes del petróleo de Alberta, y considera lógico guardarse el 90% de esos beneficios. El enfrentamiento basado en la riqueza que abriga el subsuelo ha llevado a Alberta a amenazar con reducir su producción petrolera anualmente, a partir de 1981, en un 5% como represalia contra el Gobierno central. El mes pasado, el tribunal de apelación de Alberta falló que el Gobierno de Ottawa no tiene el poder constitucional de imponer impuestos sobre las exportaciones de gas natural de la provincia.Otro ejemplo del sentimiento centrífugo provocado por la riqueza se da en la costa oeste, en la provincia de Terranova, una región hasta ahora muy pobre, que vivía de la pesca del bacalao y que se siente fuerte con el descubrimiento, a más de cien millas de sus costas, de hidrocarburos. Ahora, el Gobierno de Saint John, capital provincial, quiere garantías constitucionales de que el control de esos campos petrolíferos estará en sus manos. El Gobierno federal dice que los recursos naturales son nacionales y pertenecen a Canadá, aunque Ottawa está dispuesta a llegar a cierto compromiso sobre la administración de los mismos.

No hay consenso

Este es uno de los grandes temas a debate en la actual crisis constitucional, que impide que Trudeau solicite la repatriación de la Constitución (la British Northamerica Act, de 1867), con el consenso de las provincias. Ocho de las diez provincias -sólo le apoyan Ontario y Nueva Brunswick- se oponen a la propuesta constitucional del primer ministro. Lo mismo que con los hidrocarburos ocurre con el tema de la pesca: las provincias atlánticas (Terranova y Nova Scotia) quieren controlar no sólo las aguas costeras, sino también la pesca en la zona jurisdiccional de las doscientas millas.El argumento de las provincias es simple y no está exento de lógica: sólo controlando nuestros recursos naturales podremos despegar económicamente. Para el este atlántico significa el final de la dependencia de los subsidios federales (la mitad del presupuesto de Terranova lo proporciona el Gobierno federal mediante transferencias directas), y para el Oeste -los nuevos ricos del petróleo- supone el final de su subordinación histórica de las provincias de Ontario y Quebec. Ottawa reacciona diciendo que necesita participar en la riqueza de las provincias, ya que esas fuentes de ingresos son indispensables para hacer las tranferencias a los presupuestos de las provincias más pobres (sólo este capítulo supone un 20 % del gasto federal). Esta política de igualación (equalization) es un elemento clave para mantener la unidad de un país con unos desequilibrios de riqueza tan resaltados.

«Hoy en día el deporte nacional en este país no es el hockey sobre hielo, sino las querellas continuas interprovinciales», nos decía un empresario en Montreal. La negociación constitucional que Trudeau trata de sacar adelante está sometida -en su opinión- al continuo chantaje de las provincias. El primer ministro acusa a éstas de obstruccionismo parlamentario y amenaza con actuar unilateralmente -como representante de la federación- y pedir a Londres la «repatriación» de la Constitución.

La supervivencia de Canadá está en juego: los conflictos entre el Este y el Oeste -fundamentados en las diferencias económicas- y entre anglófonos y francófonos -basados en la cultura y en la historia- son suficientemente serios -según los expertos constitucionalistas de la Queens University, de Kingston, para romper el país en pedazos. Existen muchas visiones de cómo debe ser Canadá, y el primer ministro Trudeau y los diez premiers de las provincias no han logrado ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser la Constitución para todos. Ante esta falta de consenso, Trudeau está luchando por sacar adelante una resolución parlamentaria que pida al Reino Unido la devolución de la British Northamerica Act, a la que se añadiría una Carta de Derechos, incluyendo los lingüísticos y la libertad de residencia y movilidad, que vinculen a todas las provincias; que establezca el principio de equalization que permita al Gobierno federal redistribuir la riqueza nacional y forjar así una identidad canadiense, y que se concedan a Ottawa los poderes necesarios para que Canadá sea una unidad económica sin barreras aduaneras y tarifarias interprovinciales.

Violación del federalismo

Ocho Gobiernos provinciales estiman que este proyecto es una violación del espíritu del federalismo; algunas provincias han decidido llevar el tema al Tribunal Supremo y hacen su lobby particular en Londres, para persuadir al Parlamento de Westminster a que diga no a la propuesta de Trudeau. Este afirma que el Parlamento de Ottawa es soberano y que la Cámara de los Comunes, llegado el momento, deberá limitarse a devolver la Constitución a Canadá enmendada según los deseos del legislativo de Ottawa. Sin embargo, los políticos británicos están preocupados por la falta de consenso de los canadienses, y el resultado de esta batalla, que puede parecer anacrónica, pero que es muy real, podría deteriorar las relaciones entre el Reino Unido y Canadá, que forma parte de la Commonwealth de naciones y tiene a la reina Isabel II como jefa de Estado. La geografía tampoco ayuda a la idea de una sola nación canadiense. Entre Halifax, en el Atlántico, y Vancouver, en la costa del Pacífico, hay más de 5.000 kilómetros de distancia, más de los que separan a Halifax de París. El sistema electoral (mayoritario) tampoco estimula el sentimiento de identidad nacional. Sólo dos provincias, Ontario y Quebec, con unos catorce millones de habitantes, de los veinticuatro millones que integran el país, eligen 175 diputados de los 282 que componen el Parlamento federal.Los vastos territorios del Este y el Oeste, con poca población (ocho provincias), precisamente donde están apareciendo los hidrocarburos, envían únicamente poco más de cien diputados a Ottawa. No se sienten representados efectivamente a nivel federal y su capacidad de presión política es prácticamente nula. No existen grandes partidos nacionales: al oeste de Winnipeg, el Partido Liberal -actualmente en el poder- no cuenta con ningún diputado. La introducción de algún correctivo proporcional al sistema electoral es una de las soluciones posibles a este desequilibrio.

El gran vecino del Sur

Si la existencia de dos culturas claramente diferenciadas, la inglesa y la francesa, y ochenta grupos étnicos, más las ya citadas distancias geográficas y diferencias económicas, hacen difícil la percepción de la identidad canadiense, la presencia del gran vecino del sur, Estados Unidos, viene a agravar este problema.Canadá comparte con EE UU los ríos y la televisión -nueve canales norteamericanos se pueden ver en Canadá-, y los prefijos telefónicos de la provincia son prolongaciones numéricas de los de los Estados norteamericanos. El 70% del comercio se realiza con Estados Unidos, que exporta hacia el Norte su way of life, la forma más sutil de colonización de nuestros tiempos.

«Es dificil dormir con un elefante», dijo en una ocasión Trudeau. La aplicación de una política energética canadiense (Canadá pretende controlar el 50% de su petróleo y gas antes de 1990) o internacional propia choca siempre con los intereses de Washington. Sin embargo, los habitantes de los que algunos llaman el «ático de Norteamérica» empiezan a darse cuenta de que sus intereses nacionales no coinciden necesariamente con los de EE UU, y no desean perpetuar su status de colonia favorecida de la gran nación del Sur.

Pero esta larga batalla de dejar de ser «seudoamericanos» para convertirse en «canadienses» no ha hecho más que empezar. Canadá es un país mosaico -por oposición al melting pot norteamericano, cortado en dos Este-Oeste y con una mayor comunicación Norte-Sur, que posiblemente se mantiene unido gracias a la flexibilidad de su «federalismo de ida y vuelta», que cuando las tensiones interprovinciales son muy grandes cede hasta límites inconcebibles para un europeo, pero que todavía es capaz de mantener al país unido. El año pasado fracasó el intento «separatista» de Quebec, con su fórmula soberanía-asociación» con Canadá.