El Consejo de Castilla y León defiende su gestión económica

El gabinete de Prensa del Consejo General de Castilla y León ha remitido por télex a distintos medios de información un escrito en el que sale al paso y critica duramente las acusaciones formuladas días atrás (véase EL PAIS del 8 de abril), por el senador socialista vallisoletano y vicepresidente del ente preautonómico, Juan Antonio Arévalo, sobre los presupuestos del Consejo General para 1981.En la nota se califica de falta de base, intento de descalificación personal del presidente y promoción del descrédito de la institución regional las citadas declaraciones, y se asegura que «las apreciaciones sobre la cifra a disposición del presidente son una insinuación maliciosa, ya que en las bases de gestión se dice que los gastos serán satisfechos previa justificación, por lo que nunca pueden ser considerados como remuneración personal».

En la aclaración del Consejo General de Castilla y León se indica que el presidente, García Verdugo, sólo percibirá por todos los conceptos un 2% más que en 1980, y que en la junta de consejeros celebrada en Zamora renunció expresamente al incremento reglamentario del 12% que le correspondía. Asimismo se asegura que no cobra, ha cobrado ni piensa hacerlo cantidad alguna por asistencia a reuniones o desplazamientos.

El escrito acusa al PSOE de no haber presentado alternativa alguna a los presupuestos, «sino que se ha limitado a rechazarlos sin presentar una contraoferta», y señala que frases como «quien se lleva los beneficios», utilizada por Arévalo, «no tiene más explicación que la de que el PSOE entiende su participación en el Consejo como un reparto de beneficios». «La plantilla de personal, en contra de lo manifestado por Arévalo», añade la nota, «está integrada por veinte cargos directivos y 55 funcionarios; la proporción, por tanto, es plenamente aceptable».

En varios párrafos se hace constar también que el presupuesto está confeccionado dentro de las normas legales, y que su desarrollo se efectuará bajo el control del pleno de la junta de consejeros y de unas comisiones delegadas. En la parte final del escrito, la presidencia del Consejo pide al PSOE que entre a formar parte de todos los órganos del ente preautonómico y que anteponga los intereses de Castilla y León a cualquier otra consideración.