El Parlamento defenderá su ley de diputaciones

El Pleno del Parlamento catalán acordó ayer personarse ante el Tribunal Constitucional y defender la constitucionalidad de la ley sobre transferencia plena y urgente de las diputaciones catalanas a la Generalidad. La citada ley fue aprobada por la Cámara catalana el pasado 17 de diciembre, y ha sido objeto de un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.El acuerdo fue tomado tras la presentación de una moción de tres puntos por parte de todos los grupos parlamentarios, a excepción de Centristas de Cataluña-UCD. Este partido ya se opuso a la ley en el momento de su aprobación. Ayer, Centristas de Cataluña-UCD se mostraron favorables a que el Parlamento catalán se persone ante el Tribunal Constitucional, pero votaron en contra del punto que hacía referencia a la defensa de la constitucionalidad de la ley.

En las explicaciones de voto, socialistas, comunistas, Izquierda Republicana y Convergencia y Unión coincidieron en señalar la existencia de una campaña antiautonómica y en la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la ley de transferencia de las diputaciones a la Generalidad como un ingrediente más de esta campaña.

«La presentación del recurso», manifestó el diputado comunista Jordi Borja, «es demostrativa de la voluntad antiautonómica del Gobierno de UCD. Según el Estatuto, tenemos competencias claras en este tema. No es un problema de técnica jurídica, sino uno de los hechos más graves de la ofensiva antiautonómica, que existe contra Cataluña, donde existe un principio de poder político».

Más adelante, el citado diputado señaló que el Parlamento catalán, legislando sobre la ordenación del territorio de Cataluña, contribuiría a la consolidación del Estado de las autonomías.

Para el diputado, sin esta contribución sólo se lograría una «España que no sirve, que produce aburrimiento y rabia». Citando a Cánovas, señaló que se haría realidad aquello de que «es español el que no puede ser otra cosa».

Socialistas y Convergencia y Unión aludieron a la tradición política del catalanismo de rechazar la ordenación territorial basada en las provincias.

«Siempre que ha habido posibilidades de ejercer la acción de gobierno por parte de Cataluña», manifestó Maciá Alavedra, portavoz de Convergencia y Unión, «ha habido vacío de las diputaciones. Así ocurrió en la Mancomunidad, en la Generalidad de 1931 e incluso durante la Generalidad provisional, en cuyo período la comisión mixta aprobó el traspaso de las diputaciones a la Generalidad y a ello no se opuso el Gobierno».

Por su parte, el diputado socialista Lluis Armet insistió en la tradición política de acabar con las diputaciones. «Autonomía», dijo, significa poder político y voluntad de organización del territorio». Señaló la ordenación de Cataluña en comarcas y veguerías (regiones) como una ordenación ideal, fruto de una reivindicación histórica.

El portavoz centrista Vicente Capdevila explicó el sentido del voto de su grupo recordando que, cuando la discusión de la ley que suprime las diputaciones, ellos ya expresaron la opinión de que vulneraba la Constitución. Rehusó que existiera una campaña antiautonómica y aludió a que su postura de no defender la constitucionalidad de la ley venía dada por la voluntad de llevar adelante el proceso autonómico «con rigor».

La Mesa del Parlamento catalán, oída la Junta de Portavoces, formulará las alegaciones oportunas ante el procedimiento iniciado en el Tribunal Constitucional.

Malestar por las críticas de Pujol

Respecto a las duras declaraciones de Jordi Pujol sobre el proyecto de ley de Bases de la Administración Local, una fuente gubernamental manifestó que en él se reconoce autonomía de las corporaciones locales, consagrada en la Constitución, favorece la gobernabilidad de ayuntamientos y diputaciones y facilita la suficiencia de las haciendas locales con el objeto de lograr la existencia de unas corporaciones locales fuertes, entendidas como factor de solidaridad.«Por tanto», añadió la fuente, «el citado proyecto no supondrá la eliminación de la Generalidad, como ha dicho su presidente, ni conllevará ningún tipo de estrangulamiento de las funciones de las comunidades autónomas».

Se insiste en medios oficiales que uno de los objetivos perseguidos por el Gobierno al elaborar el proyecto de ley ha sido el de respetar la autonomía de las corporaciones locales.