En el estado de sitio, la autoridad militar asumirá las facultades extraordinarias de la civil

La declaración del Estado de sitio -cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o algún acto de fuerza, contra la soberanía, dependencia, integridad territorial u ordenamiento constitucional de España- implicará que la autoridad militar asuma las facultades extraordinarias que legalmente corresponden a la civil en lo estados de alarma y excepción. Este fue uno de lo acuerdos más importantes adoptados ayer por la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que concluyó el dictamen sobre el proyecto de ley que regula los tres estados citados y que se tramita por procedimiento de urgencia.

La importancia de este acuerdo viene dada porque el texto aprobado mejoró sustancialmente las redacciones iniciales, tanto del Gobierno como de la ponencia. El proyecto de ley establecía que la declaración del estado de sitio implicará «automáticamente la asunción, por la autoridad militar, de las facultades que corresponde a la civil en los estados de alarma y excepción». En el informe de la ponencia, aunque se había suprimido el término automáticamente, continuaba subyaciendo, a juicio de los grupos de izquierda y nacionalistas, el peligro de que la autoridad militar (el comunista Sole Tura resaltó el hecho de que esta autoridad figurara en el informe con mayúscula, mientras la civil constaba con minúscula) asumiera en el estado de sitio todos los poderes de la civil, no sólo los excepcionales o extraordinarios.En el debate de este artículo, el diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés advirtió de los peligros de que, a través del mismo, se produzca el suicidio colectivo de los demócratas y el fin de la democracia. Recordó que en algunos países del Cono Sur, entre ellos Chile, para militarizar la vida civil y conculcar las libertades no ha habido más que aplicar de una determinada forma las leyes elaboradas ingenuamente por los demócratas. Pidió que sólo pueda declararse el estado de sitio en los casos de «agresión exterior o inminente guerra». La enmienda fue rechazada con un solo voto favorable, dieciocho en contra y diecisiete abstenciones.

Una enmienda comunista que solicitaba que se especificara el carácter armado de la insurrección que pudiera dar pie a la declaración del estado de sitio, fue rechazada por seis votos a favor (PCE, PNV, Minoría Catalana, andalucista y Bandrés), dieciocho en contra (UCD y CD) y doce abstenciones (socialistas). El socialista Félix Pons explicó la posición favorable al texto transacional propuesto por UCD para los artículos 32 y 33, porque no significaba, según dijo, «una militarización indiscriminada», sino que establecían la plena subordinación de las autoridades militares a las civiles, «con atribuciones tasadas».

El estado de excepción

La Comisión Constitucional inició ayer sus trabajos con el debate del artículo 23, relativo al estado de excepción, que establece que la autoridad gubernativa podrá prohibir «las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión de los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución». El comunista Jordi Sole Tura se negó a dar un cheque en blanco a la autoridad gubernativa y pidió que se añadiera que tal prohibición habría de realizarse «en los términos especificados en el decreto». La enmienda fue rechazada.

En el artículo siguiente, el socialista Félix Pons defendió que los extranjeros, transeuntes, residentes, apátridas y refugiados queden sujetos «a las mismas medidas que los españoles», así como que el estado de excepción no suspenda el derecho de asilo. Por UCD, Lorenzo Olarte aseguró que no se puede equiparar los extranjeros y transeúntes con los españoles. El artículo fue aprobado según el informe de la ponencia, con el empate a dieciocho votos (UCD y CD frente a los demás grupos), resuelto mediante el cómputo de los votos representados por cada grupo, a favor de quienes votaron afirmativamente el artículo.

En relación con el artículo 27, Marcos Vizcaya propuso que para el emplazamiento de puestos armados en los lugares más apropiados para asegurar la vigilancia, se excluyeran los domicilios. Razonó su propuesta en que el derecho a la inviolabilidad del domicilio puede suspenderse para efectuar un registro, pero no para instalar un puesto armado.

Olarte propuso una enmienda transaccional consistente en introducir una frase según la cual se procurarían «no afectar a la intimidad familiar». Esta propuesta suscitó un rechazo generalizado, ya que de alguna manera se agravaba el precepto al consagrar legalmente la posibilidad de instalar puestos armados dentro de los domicilios. El socialista Peces-Barba ironizó diciendo que parecía quererse excluir la vigilancia armada «sólo en las alcobas matrimoniales«. A propuesta del diputado de CD Antonio Carro, se aprobó introducir al final del artículo la referencia siguiente: «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18.1 de la Constitución», que es precisamente el que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Por el PNV, Marcos Vizcaya solicitó atribuir al Gobierno, en lugar de al ministro del Interior, las facultades que el artículo 28 confiere para ampliar a las medidas del estado de excepción las del estado de alarma. La enmienda fue derrotada con el único apoyo de las minorías nacionalistas, y la comunista con la abstención socialista.

El papel del juez

El artículo 30, que prohibía al juez levantar la prisión provisional decretada «mientras dure el estado de excepción, salvo petición en contrario del ministerio fiscal» produjo la petición de Bandrés y del socialista Leopoldo Torres de que fuera suprimido.

El artículo fue finalmente aprobado, con la oposición de todos los grupos, salvo UCD y CD, con un texto que mejora el de la ponencia, ya que establece que la prisión provisional decretada por el juez, oído el ministerio fiscal, será mantenida «según su arbitrio, durante la duración (sic)» del estado de excepción.

Los últimos artículos del proyecto de ley y las disposiciones derogatoria y final fueron aprobados por unanimidad. Durante la sesión, Juan María Bandrés advirtió que había presentado un escrito a la Mesa del Congreso, solicitando que se anularan todas las actuaciones de la comisión, por no haber sido tramitada su enmienda a la totalidad.