Satisfacción en el sector socialdemócrata de UCD por la aprobación del proyecto

Tras una serie de sobresaltos y constantes fugas de votos, el proyecto de ley de Divorcio ha sido por fin aprobado en el Congreso de los Diputados. Los debates que han exteriorizado con más virulencia la división interna del partido del Gobierno terminaron ayer entre la euforia de los socialdemócratas: «Hemos ganado, esto hay que celebrarlo», comentaban camino del bar, y el estoicismo y la advertencia de los democristianos: «Hemos callado por disciplina, pero en el Senado entenderemos lo que aquí se ha aprobado y no concuerda con lo que acordó nuestro grupo parlamentario», eran las palabras de su portavoz, Oscar Alzaga.La actitud disciplinada de los democristianos de UCD tiene varias explicaciones: en primer lugar, no pueden hacer otra cosa que testimoniar su postura. En un cálculo optimista, sus votos sobrepasarían en poco los sesenta y, con toda la izquierda en contra, carecen de capacidad para modificar una ley. No obstante, hasta al testimonio renunciaron ayer, y en el espinoso tema del procedimiento (disposición adicional sexta) optaron por una silenciosa abstención.

En segundo lugar, la pieza clave, el diputado José Antonio Escartín, les traicionó, según la expresión empleada por un democristiano a EL PAIS, al retirar su voto particular a esta disposición adicional sexta, que recogía las aspiraciones democristianas sobre el papel que el juez debe desempeñar en una separación por mutuo acuerdo: constatar la veracidad de las causas alegadas por los cónyuges. Sin embargo, en el último momento «y tras una profunda reflexión», Escartín decidió retirarla.

Oscar Alzaga declinaba cualquier manifestación sobre el resultado final del proyecto de ley, mucho más progresista de lo que dictaminó en su día la Comisión de Justicia: «No voy a comentar nada sobre este tema». Lo que sí hizo Alzaga fue salir al paso de la tesis más firme de cuantas se han barajado para buscar explicación a su postura: que los democristianos han utilizado la ley de Divorcio como plataforma de lanzamiento político. «Eso es absurdo», manifestó. «En 1981 nadie puede pensar en crear un partido confesional». También rechazó las acusaciones de que han estado manteniendo posturas de fuerza: «Nosotros, ¿verdad? Ahora resulta que hemos sido nosotros los que nos hemos plantado, y no aquellos que no han aceptado las decisiones del grupo parlamentario y del comité ejecutivo». Obviamente, se refería a los socialdemócratas. «Ya me gustaría a mí», finalizó, «haber visto la reacción de ellos si se les hubiera sustraído la voluntad de la mayoría de los diputados».

Lógicamente, y en contraste con estas declaraciones, el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, estaba verdaderamente contento: «El Congreso de los Diputados», señaló al finalizar la sesión de ayer, «ha aprobado un proyecto de ley que responde, como prometí, al texto aprobado por la Comisión de Justicia. Es un texto moderado y aceptable, que significa, como he dicho muchas veces durante esta larga lucha, el mínimo que se puede presentar a la sociedad española en 1981».

Y previendo la tormenta del Senado, el ministro adelantaba: «Cualquier retroceso en esta ley, alargando los plazos, o complicando inútilmente los procedimientos, -cuando hay acuerdo entre los cónyuges están garantizados los derechos de los hijos-, supondría un peligroso salto atrás que sólo serviría para añadir gastos, amargura e inseguridad a quienes quieren resolver civilizadamente sus angustiosas situaciones de fracaso matrimonial».

Mientras todo esto sucedía, el presidente de UCD, Agustín Rodríguez Sahagún, continuaba diciendo muy sonriente: «En nuestro partido no hay divisiones, hay una gran transparencia y un muy rico e intenso debate interno».