El sindicato UGT toma posiciones ante los actuales problemas de la información

La comisión ejecutiva de la federación estatal de información, papel y artes gráficas del sindicato socialista UGT ha hecho público un extenso comunicado en el que transmite su posición y valoración de algunos de los puntos clave referidos a la libertad de expresión, acceso y acreditación de los informadores y relaciones de los periodistas con el Estado y con las empresas.

«Históricamente», señala UGT, «la libertad de expresión ha supuesto una conquista frente al Estado; no obstante, este peligro, todavía no superado, no puede hacernos perder de vista otros riesgos. Hoy, los poderes económicos, públicos u ocultos, ponen en peligro la independencia de los medios de comunicación y de los informadores, tanto como el propio poder político».A pesar de estos peligros que acechan a la libertad de Prensa, para UGT la libertad de expresión y opinión de los informadores no debe ser considerada como un privilegio de esta profesión, ya que es inseparable de las libertades que afectan a los ciudadanos en su conjunto.

Respecto al informador profesional, la federación de información de UGT ha adoptado la acuñada por la Federación Internacional de Periodistas, a la que UGT está afiliada. Según esta definición, el principio básico que determina la profesionalidad es que la actividad informativa constituya la ocupación principal, regular y retribuida del profesional de la información. Estas tres características marcan la distinción entre los profesionales y los que colaboran ocasionalmente con los diversos medios. «En ningún caso», señala UGT, «una definición del periodista profesional debe implicar un monopolio en su favor para la expresión en los medios de comunicación de masas».

La consecuencia del libre acceso a la profesión de periodista es, según UGT, la necesidad de regular la profesión a través de entes paritarios constituidos por organizaciones sindícales, profesionales y empresariales, sin olvidar que la aparición de los medios la hacen posible no sólo los trabajadores que tienen título. El ejercicio de la profesión es indispensable para adquirir la plenitud profesional.

UGT rechaza, por otra parte, el carné profesional del periodista como se concibe actualmente, «por ser más una carta exclusivista de derechos otorgados que una verdadera acreditación profesional. Esta acreditación debe tener un carácter declarativo, constata una función profesional y no constituye un derecho. Los propios profesionales de la información son los más cualificados para extender la acreditación». UGT apoya, naturalmente, la vía de la acreditación sindical, aunque se declara abierta a otras variantes con participación de editores y de entidades profesionales, siempre que se excluya a la Administración pública.

Aunque UGT se manifiesta, por otra parte, en favor de la supresión del actual Registro Oficial de Periodistas, cree necesaria, en cualquier caso, la existencia de un órgano registral abierto y con plena garantía jurídica.

En cuanto a la legislación, UGT rechaza una jurisdicción especial para los Pretendidos delitos de Prensa, pero es partidaria de unas normas que armonicen la práctica democrática de principios constitucionales que a simple vista pueden entrar en choque con la práctica de la libertad de expresión. Entre esta normativa debería encontrarse el estatuto profesional del informador, el estatuto de la empresa periodística y el reglamento de los consejos de redacción. Estos consejos de redacción son concebidos por UGT corno un ente con personalidad propia subsidiaria de la personalidad jurídica de los órganos sindicales de la empresa. El consejo de redacción sería, por tanto, un órgano sindical.

UGT termina manifestando su, preocupación por las consecuencias que pueden tener los cambios tecnológicos sobre los profesionales de la información en las empresas dedicadas a la comunicación.