"Las acciones subversivas de ETA y las medidas represivas del Gobiemo son especialmente preocupantes"

Los obispos de San Sebastián, Bilbao y Vitoria hicieron pública ayer una pastoral conjunta sobre la situación política, cuyo telón de fondo es el fallido golpe de Estado, el terrorismo de ETA, y las secuelas de miedo e inhibición que tales circunstancias han creado en buena parte del pueblo. El documento insta a todos a optar por la defensa de la democracia. Para ello, los gobernantes, legítimamente elegidos, deben ser los resortes de la vida política, el Gobierno autonómico vasco tiene que poner todo su peso moral para la erradicación del terrorismo y las Fuerzas Armadas no deben hacerse eco de los sectores inmovilistas que no han aceptado la reforma. La Iglesia, en este momento, tiene que anteponer el bien común a sus propios intereses. La carta, contra lo que es habitual, no ha sido firmada por el obispo de Pamplona.

La carta pastoral dice textualmente lo siguiente:«Queridos hermanos:

Estamos atravesando uno de los momentos más delicados y trascendentales de nuestra historia reciente. La estabilidad democrática y la pervivencia misma de sus instituciones corren un grave peligro.

La situación es especialmente preocupante entre nosotros. Las acciones

subversivas de ETA y las medidas represivas del Gobierno central tienen aquí su escenario principal. Nuestro régimen autonómico, apenas iniciado, puede quedar bruscamente interrumpido.

El ánimo colectivo percibe esta situación y sufre de un creciente quebranto. Las ilusiones de ayer se desvanecen. El desencanto se convierte en miedo y éste llega en muchos al umbral de la desesperación.

Esta sombría situación interpela con apremio a la conciencia cristiana. Muchos diocesanos esperan una palabra que aporte claridad y esperanza en medio de la confusión y desaliento del momento presente. Los obispos nos sentimos impulsados por nuestra responsabilidad pastoral a recoger esta interpelación. No podemos callar en las actuales circunstancias.

Juan Pablo II ha dicho recientemente: "Sin un respeto profundo y generalizado de la libertad, la paz escapa al hombre". Desde nuestra condición de pastores deseamos contribuir a salvar esta libertad, sin la cual es imposible la paz verdadera. Con este propósito formulamos unos criterios para promover una lectura cristiana de la situación y unas reflexiones para confortar la esperanza de muchos y suscitar la respuesta activa que requieren las actuales circunstancias.

1. Los graves riesgos del momento presente

1. ETA persiste obstinadamente en acciones militares orientadas en buena parte a hostigar a las Fuerzas Armadas. A partir del intento de golpe de Estado del 23 de febrero, ha intensificado su actividad provocadora, como lo había anunciado. Los últimos asesinatos son triste prueba de esta calculada estrategia.

Todo hace pensar que esta conducta pretende al menos colocar al país al borde de una situación límite de confrontación, si es que no intenta directamente provocar un golpe de Estado que implante la dictadura y lleve a cabo la ocupación militar del País Vasco, generando de ese modo en la población un malestar favorable a su proyecto político revolucionario.

Algunos sectores de la población vasca Comparten y apoyan en modos y niveles diversos el proyecto y la estrategia de estos grupos subversivos. Al propio tiempo, otro grupo de signo contrario, el Batallón Vasco Español, se les opone frontalmente con muertes y acciones violentas igualmente reprobables.

2. La misión de las Fuerzas Armadas en todo Estado de derecho consiste en servir a las instituciones que el pueblo se ha dado. No les corresponde dictaminar sobre la legitimidad de su proceso democrático. Las posibles modificaciones de las leyes básicas en que se funda la convivencia política deben ser el resultado de un debate en el seno de las citadas instituciones. Cuando las Fuerzas Armadas se erigen en juez de dicho proceso y se sienten tentadas a intervenir, constituyen un serio peligro más que una auténtica defensa del pueblo.

A la luz de estos principios, ha de reprobarse cualquier intervención militar que intente suplantar un orden legal aprobado por el pueblo, implantando otro por la fuerza. Esta condena se toma aún más severa e imperiosa si el nuevo orden instaurado consiste en una dictadura más o menos encubierta. La vida política ha de conservar siempre su independencia respecto de las Fuerzas Armadas y no debe estar sometida a la presión de ellas.

3. La seguridad individual y cívica es un valor necesario para el desarrollo de la libertad. Pero la seguridad a cualquier precio rebaja al ser humano. Los abusos contra la libertad no se subsanan renunciando a ella, sino mediante un esfuerzo colectivo difícil, pero posible, dentro del orden legal justo.

Tampoco la pasividad ante los problemas cívicos es una actitud responsable. El futuro de los hombres y de los pueblos se labra paciente, activa y solidariamente. Cuando ese futuro está en peligro, la postura verdaderamente humana consiste en defenderlo y promoverlo con espíritu magnánimo. Esta promoción activa por la libertad nos es urgida a los creyentes desde la entraña misma de nuestra fe. El miedo a la libertad, verdadera tentación de nuestro tiempo, no es coherente con el proyecto cristiano de hombre nuevo que participa de la libertad del Resucitado, y está llamado a hacer efectiva en todos los niveles de la vida humana. Inhibirse de las responsabilidades cívicas no es actitud digna de un discípulo de Jesús, que ha recibido de. su Señor la tarea de ser fermento activo de la historia.

El momento presente reclama de creyentes y no creyentes unas posiciones netas y generosas. Es preciso que unos y otros sepamos estar a la altura de nuestra condición humana y nuestra fe cristiana.

II. Consolidar la libertad, tarea de todos

Nuestra frágil democracia necesita para asentarse establemente el concurso de toda la sociedad. Todos somos, en un grado u otro, responsables de la delicada situación presente. Ella nos urge a individuos y grupos a un examen retrospectivo de nuestros criterios, actitudes, acciones y omisiones. Apremia a decidirse netamente a favor de la libertad del pueblo para decidir un proceso democrático y autonómico y en contra de toda intervención violenta que ponga en peligro dicha libertad.

No basta que retiremos a cualesquiera fuerzas de desestabilización nuestro apoyo y simpatía. Es preciso un rechazo positivo y práctico de sus acciones.

La comunidad cristiana y sus pastores no podemos quedar al margen de este esfuerzo colectivo. Muy al contrario, hemos de insertarnos decididamente en él. La Iglesia ha de mostrarse, especialmente en estas circunstancias, más preocupada por la defensa de los derechos del hombre que por la salvaguardia de los suyos propios. Ningún cálculo táctico, ningún temor a perder poder o seguridad debe frenar la libertad de nuestra palabra y acción proféticas. Una tarea eclesial nos parece primordial en estos momentos: la educación cristiana de las actitudes sociopolíticas de los creyentes. Hay una ética de la actividad y de la confrontación política que le es absolutamente necesaria a la sociedad. Este aliento ético debe humanizar la pasión política, tantas veces ciega, intransigente e insolidaria. En este terreno, los cristianos, si somos fieles al Evangelio, podemos y debemos prestar a nuestro pueblo un inestimable servicio.

Algunos grupos y estamentos sociales tienen por su papel especial en la vida pública una responsabilidad peculiar de cara a nuestro próximo futuro:

1. Los gobernantes del Estado tienen el derecho y el deber de adoptar ante la violencia armada las medidas que sean necesarias para defender a la sociedad. A la hora de dictarlas y de aplicarlas han de mantenerse, con exquisito cuidado, dentro de los límites exigidos por los derechos fundamentales de las personas, de los grupos sociales y de los pueblos.

Las medidas excepcionales temporales que, en razón del bien común, pudieran justificarse deberán, en todo caso, ser fruto de una libre decisión del poder político. En su aplicación, habrán de respetarse los derechos inalienables de las personas y deberá restablecerse cuanto antes la normalidad. (cfr. Gaudium el Spes, número 75).

Asimismo, cualquier discriminación en el ejercicio del poder judicial que haga a éste severo para con unos y débil para con otros degrada el noble oficio de lajusticia y provoca la rebeldía de los menos favorecidos.

Sólo los representantes legítimamente designados están llamados a ejercer las funciones de gobierno. Toda presión coactiva de otras fuerzas o poderes fácticos en el ejercicio de estas funciones constituye un atropello a la libertad democrática. El pueblo, que ha elegido a sus gobernantes, tiene derecho a exigirles que eviten al máximo cualquier injerencia de otros estamentos en cícumplimiento de su mandato.

2. Nuestro pueblo tiene igualmente derecho a esperar del Gobierno autonómico actuaciones firmes y netas ante toda amenaza a su libertad y a su voluntad autonómica.

La carencia de las atribuciones legales necesarias no lo eximen del deber de poner en juego, al servicio de la erradicación del terrorismo, todo el peso moral que posee ante amplios sectores de la población vasca. Los ciudadanos vascos esperan que, con una entereza semejante, sepa oponerse a todo intento müitar de interrumpir o recortar el proceso democrático. Y, puesto que es respoasable de garantizar la aspiración autonómica de nuestro pueblo, es justo esperar que, en su diálogo con el poder central, sepa defenderla ante toda presión que intente desvirtuarla.

3. Sectores inmovilistas de la sociedad española no han aceptado la reforma del régimen político ni se han resignado a perder definitivamente su hegemonía. La democracia recién instaurada es, en su opinión, la raíz de los problemas mayores del momento presente.

Este grupo social encuentra un eco favorable en importantes sectores de las Fuerzas Armadas, que, hostigados por la acción de ETA y penetrados en una peculiar concepción de la unidad de España, no son insensibles a las voces que les invitan reiteradamente a una intervención militar que controle el proceso político español.

El íntento de golpe de Estado del 23 de febrero último, y su notable influencia en la marcha ulterior de la vida política española, son prueba evidente de la realidad y gravedad de esta tentación.

4. Aumenta el número de ciudadanos que, decepcionados o asustados por los abusos que se cometen bajo la cobertura de la democracia, se encuentran cada vez más dispuestos a renunciar a la libertad en aras de la seguridad. Identificando la paz con el mero orden público, añoran un sistema de gobiemo fuertemente autoritario. Son tal vez más numerosos los que asisten con una pasividad cómoda, indiferente o afligida al curso de unos acontecimientos que comprometen el futuro de todos.

III. Criterios para una valoración cristiana de la situación .

1. Hemos de condenar una vez más, con voz neta y dolorida, las amenazas, los secuestros, el "impuesto revolucionario", los asaltos a bienes ajenos e instalaciones públicas perpetrados por los grupos armados. Sobre todo, no nos cansaremos de alzar insistentemente nuestra voz en contra de las muertes causadas en nombre de una supuesta justicia o estrategia revolucionaria. Estas muertes envilecen a sus autores, avergüenzan o exasperan a los ciudadanos, deterioran el sentido ético del respeto a la vida y manchan la imiagen de nuestro pueblo.

2. Las innegables deficiencias del actual modelo sociopolítico, la dureza de algunas leyes, que no garantizan suficientemente los derechos fundamentales de la persona, los abusos cometidos por Fuerzas del Orden Público, no justifican estas muertes ni invalidan la legitimidad de un proceso democrático respaldado por la voluntad mayoritaria de nuestro pueblo en sucesivas consultas electorales. Por ello, los grupos armados, que dicen actuar en nombre del pueblo vasco, no pueden aducir en favor de sus acciones mandato ni consentimiento popular.

Quienes de este modo ignoran la voluntad del pueblo y ponen en peligro su supervivencia misma se comportan como enemigos de ese pueblo al que dicen querer y defender.

3. Los partidos y agrupaciones políticas tienen la responsabilidad de anteponer el bien común del pueblo y del Estado a los intereses de partido, por legítanos que éstos sean. Este principio ético, siempre válido, cobra especial actualidad en la situación presente, y se concreta en la renuncia a aquella estrategia y comportamientos que ponen hoy en peligro la libertad democrática y el proceso autonómico (cfr. Gadium el Spes, número 75).

Salvar la libertad para salvar la paz requiere de todos nosotros un inmenso esfuerzo de reconstrucción. Tal esfuerzo exige un caudal de esperanza y de fortaleza que nos haga transformar el desencanto y el miedo en compromiso realista. Cuando el ánimo colectivo de un pueblo decae, paralelamente se debilitan su capacidad de trabajo y de sacrificio. Nuestro pueblo no puede permitirse el lujo de sucumbir al desaliento que amordace las energías que necesita para rehacerse. Las dificultades son para vencerlas, no para quedar atrapados en ellas.

Nada puede ayudamos a los creyentes tanto como nuestra fe cristiana a la hora de generar esta esperanza, a la vez paciente y activa, que nace de la resurrección de Jesús. Sisabemos extraer de nuestra fe el suplementó de aliento que necesita nuestro pueblo, y logramos hacerlo presente y operante en el corazón de las personas, de los grupos y de las instituciones de la sociedad, habremos hecho verdad las palabras del Concilio Vaticano II « El gozo y las esperanzas, las tristezas y angustias del hombre de nuestro tiempo..., son también gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo». (Gaudium et Spes, número l).