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El Gobierno quiere reducir la presencia de técnicos soviéticos en las islas Canarias

El Gobierno estudia nuevas expulsiones de funcionarios soviéticos por supuestas actividades de espionaje, así como la reducción de súbditos de la URSS residentes en las islas Canarias en calidad de equipos de mantenimiento de la flota pesquera soviética que faena en la zona. Estas medidas se articularán con una serie de decisiones político- administrativas que el Gabinete de Calvo Sotelo quiere poner en vigor para reducir la presencia de extranjeros en España regulando, a la vez, un rígido estatuto del refugiado político.

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El tema de los emigrantes extranjeros y también los problemas pesqueros serán cuestiones a debatir en Madrid el próximo martes por el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Mohamed Bucetta, que es esperado en la capital española para firmar el acuerdo de pesca hispano-marroquí.En las últimas semanas han sido expulsados de nuestro territorio dos funcionarios de la URSS acusados de atentar contra la seguridad nacional, y no se descarta la posibilidad de que, en los próximos días, salgan a la luz nuevos casos actualmente en estudio.

En fuentes próximas al Ministerio de Asuntos Exteriores no se, oculta la preocupación ante la posibilidad de que la URSS interprete estas medidas como una política antisoviética, tras el cambio de jefe del Gobierno (se recuerda ahora la alusión que Calvo Sotelo hizo a la URSS en su discurso de investidura, en relación con la candidatura España-OTAN), y ante la llegada de la Administración Reagan a la Casa Blanca. En las mismas fuentes se señala que no se trata de realizar esta política frente a la URSS, sino el exigir a las autoridades de Moscú el más estricto cumplimiento de sus actividades diplomáticas y comerciales en España.

En Madrid se considera desbordado el ámbito de las relaciones pesqueras hispano-soviéticas, que ha permitido a la URSS contar en las islas Canarias con bases técnicas para reparación de sus buques de pesca, en las que se instalan intermitentemente cerca de novecientos hombres, supuestamente destinados a solucionar las averías y problemas administrativos de los pesqueros de la URSS que faenan por dichas latitudes. En algún informe confidencial del Gobierno se ha considerado esta presencia de soviéticos en las islas como excesiva e incluso como estratégica, por lo que las autoridades de Madrid están decididas a un control estricto del movimiento y situación de los soviéticos en Canarias, así como a la reducción de este personal.

En el terreno del espionaje en España -aún no sabemos, porque el Gobierno no lo ha explicado, ¿qué es lo que hacen exactamente los espías en territorio español?, ¿qué les interesa?- destaca el problema de los refugiados políticos. En el Ministerio de Asuntos Exteriores están convencidos que en organizaciones de: refugiados políticos de distintos orígenes se han filtrado activistas políticos al servicio de organizaciones internacionales. Es por ello por lo que desean la redacción: final de un estricto estatuto del refugiado político, para lo que encuentran críticas y obstáculos por parte de la oposición parlamentaria socialista-comunista, que desean una generosa normativa en este tema.

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También en medios de esta oposición surge la interrogante de si en España sólo existen espías soviéticos. Se recuerda ahora el amplio reportaje editado por la revista

Cambio 16, en el pasado otoño, donde se publicaba una amplia lista de agentes de la CIA en España. Por el momento se desconoce la expulsión de alguno de estos funcionarios norteamericanos y se espera aún alguna reacción oficial del Gobierno sobre el tema. En el plano oficioso sí que hubo reacción, porque, ante la protesta norteamericana por la publicación de estos datos, se ha sabido que se inició una investigación interna en el Ministerio de Asuntos Exteriores en busca de las fuentes que, según ciertos medios, habrían surgido del palacio de Santa Cruz, lo que demostraría que el informe de la CIA de la citada revista incluía algunos datos importantes y contrastados.

En relación con los permisos de residencia y trabajo que la Administración piensa recortar se conoce que han de afectar a muchos latinoamericanos, al llamado contrabando de sirvientes orientales y, por supuesto, a la emigración fronteriza de portugueses y marroquíes. A este respecto se sabe que el tema de los trabajadores marroquíes será una de las cuestiones que serán abordadas en Madrid, muy probablemente el próximo martes, durante la visita del ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Mohamed Bucetta, quien vendrá a la capital española para firmar, por fin, el acuerdo de pesca, que tendrá una vigencia de un año de duración, si en las horas inmediatas se cierran los trámites en curso.

En Marruecos existe un cierto malestar por la expulsión de marroquíes residentes en Melilla (véase crónica de Rabat), y es por ello que el tema se incluirá en las conversaciones que Bucetta mantendrá en Madrid con su homólogo español, José Pedro Pérez-Llorca. En este diálogo ha de surgir, una vez más, el tema del Sahara, a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en la zona y ante la recuperación diplomática de las posiciones de Rabat en la escena europea y la reciente crisis abierta en las relaciones entre Marruecos y Mauritanla a raíz del intento de golpe de Estado en Nuakchot.

Mozambique e Israel

El tema del Sahara ha sido una de las cuestiones tratadas en Madrid por el ministro de Asuntos Exteriores de Mozambique, Joaquín Chissano, quien ayer fue recibido por el rey Juan Carlos. La presencia e influencia de Mozambique en el sector progresista de la OUA interesa a España en lo que al debate sobre las Canarias y el Sahara se refiere. Chissano no ha entrado nunca frente al tema canario y sí en favor del Frente Polisario, como quedó claro en el discurso político que el ministro de Mozambique pronunció en el curso de una cena en el palacio de Santa Cruz.

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