"Absoluta prioridad" para las leyes de defensa de la Constitución y de regulación de los estados de excepción

La decisión gubernamental de solicitar la tramitación «con absoluta urgencia y prioridad» de la llamada ley de defensa de la Constitución, así como de la regulación de los estados de alarma excepción y sitio -ambas normas requerirán la mayoría absoluta, por tratarse de leyes orgánicas-, encauza, a través del Parlamento, la iniciativa del Gobierno de afrontar, en sus aspectos- legislativos, la escalada terrorista de los últimos días. La decisión fue estudiada por el presidente del Gabinete, Leopoldo Calvo Sotelo, con el presidente del Congreso, Landelino Lavilla, previamente a la reunión gubernamental.En la reunión entre Calvo Sotelo y Lavilla se abordaron las medidas legislativas que sería conveniente abordar para atajar la ofensiva terrorista. Como consecuencia de esta reunión y del ulterior acuerdo de los siete miembros del Gobierno, la Junta de Portavoces de la Cámara baja estudiará hoy la mecánicaparlarnentaria para dar respuesta a la petición de urgencia absoluta solicitada, y para proponer probablemente al Pleno del Congreso, esta misma tarde o en la próxima sesión, un calendario legislativo acorde con la petíción gubernamental y la necesaria respuesta a los problemas actuales, según la propia perspectivá de la Cámara.

Oposición del PNV al estado de excepción.

Respecto a las resistencias que en otros momentos, ofreció el Grupo Parlamentario, dél Partido Nacionalista Vasco (PNV) a la regulación de los estados de, excepción y sitio, fuentes gubernámentales conceden gran importancia a la entrevista que mañana mantendrán el presidente Calvo Sotelo y el presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea, en la que se estudiará la conveniencia de contar con los instrumentos legales precisos, dada la continuidad y escalada reciente de la acción terrorista en Euskadi.

En cuanto a la príoridad de los proyectos de ley a tramitar, en la reunión celebrada por Calvo Sotelo con los ministros de Asuntos Exteriores, Presidencia, Justicia, Defensa, Interior y Administración Territorial, el titular de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, defendió la utilidad del proyecto de ley que reforma el Código Penal en relación con los delitos de rebelión y de terrorismo. En párticular, destacó la especial penalización que dicho proyecto prevé para los comandos informativos de organizaciones terroristas.

Otros miembros del Gobierno resaltaron, por su parte, la conveniente coyuntura para regular los estados de alarma, excepción y sitio, en cumplimiento del mandato constitucional. Se estudió la posíbilidad de retirar el proyecto de ley de seguridad ciudadana y sustituir la regulación que contiene sobre los estados citados por un nuevo proyecto de ley, cuyos trabajos están muy adelantados en el Ministerio de Justicia. En principio se acordó adoptar como base de la tramitación legislativa el texto existente en el Parlamento.

Finalmente, los miembros del Gobierno citados decidieron solicitar urgencia para la tramitación de ambas leyes. De acuerdo con el reglamento de la Cámara, la Mesa y la Junta de Portavoces estudiarán un acortamiento de los plazos habituales del procedimiento de urgencia.