La negociación con Europa

EL CONSEJO de Ministros de las Comunidades Europeas acordó el pasado día 16, en Bruselas, «intensificar» el proceso negociador para la adhesión de España a la CEE. Días antes, el Parlamento Europeo aprobó, una resolución -con la sola excepción de gaullistas y comunistas franceses- en la que se recomendaba una «aceleración» de dichas negociaciones en pos de la pronta incorporación de España al Tratado de Roma. Ambas declaraciones, con sus respectívos matices, incluyen dos ideas esenciales: el reconocimiento, por una parte, de que hasta el momento el ritmo y la intensidad de las conversaciones hispano-comunitarias ha dejado mucho que desear, y la íntención del Consejo y del Parlamento comunitarios de rectíficar esta morosa y equívoca actitud de los diez en favor de su ampliación hacia la Península.En general, el comportamiento político europeo ante el intento de golpe de Estado de España ha sido, hasta el momento, claro y decidido. Todos los paises comunitarios hán reaccionado rápida y solidariamente en favor de la Espaiía democrática y han reiterado su compromiso de incorporar la nación espafíola en la construcción política europea sin que la reciente amenaza a la democracia hispana se considere como un problema más a incorporar en la negociación.

Las instituciones comunitarias, Consejo, Comisión y Parlamento, han reaccionado puntualmente en favor de España. Ahora, y una vez Conocido el veredicto último de¡ Consejo Europeo, falta por ver cómo se materializan los verbos acelerar o intensificar en lo que a las negociaciones propiamente dichas se refiere. Para ello, y ante todo, no nos queda más remedio que esperar el veredicto último de las elecciones presidenciales francesas, en las que la candidatura hispana a la CEE figura como uno de los temas centrales del debate político, al menos en lo que se refiere a los programas de gaullistas y comunistas. Es una ventaja el que los seguros finalistas, giscardianos y socialistas, no incluyan en sus proyectos políticos posiciones diferenciadas sobre esta cuestión, por lo que, una vez terminados los comicíos, se espera que la negociación Madrid-Bruselas pueda reemprender el camino perdido hace ya un año.

De todas maneras, permanece la excusa formal que el Gobierno de París impuso al ritmo negociador para ocultar la campaña electoral. Se trata de las reformas en curso de las políticas agrícolas y presupuestarias de la CEE. nacidas de los problemas actuales de la Europa verde, de los que se le avecinan con la futura incorporación de España y Portugal y de las exigencias que el Gobierno de Margaret Thatcher impuso a sus colegas europeos en favor de una nueva y más justa redistribución de las cargas presupuestarias de la CEE. Dos importantes reformas de la estructura del Mercado Común, a las que podrían sumársele algiínas matizaciones institucionales de cara a la segunda ampliación comunitaria. Dos importantes reestructuraciones y unas posibles matizaciones sobre las que, al parecer, y afortunadamente, no serán necesarias rectificaciones en los tratados europeos.

La incógnita que surge ahora es la de ¿qué pasaría si estos dos problemas intracomunitarios se retrasan sin solución? En principio, el espíritu del parón negociador impuesto a España por Francia decía que las negociaciones no podrían avanzar en los capítulos agrícola y presupuestario (lo que quiere decir en sus temas más importantes, con el industrial y aduanero) mientras los proble mas internos de los diez no quedaran zanjados. España, por el contrario, intentó sin éxito otra solución: la de proseguir la negociación con el vigente acquis communautaire (nivel actual de los compromisos y políticas comunitarias) y adaptar, a la vista del desarrollo de las reformas internas de la CEE, la negociación iniciada y equilibrada. Se dijo entonces que habría que esperar el informe de la Comisión Europea sobre agricultura y presupuestos (que luego debe ser aprobado y ratificado en las capitales de los diez) para reanudar las negociaciones entre Madrid y Bruselas.

Pues bien, para julio deben estar concluidos ambos informes y, por tanto, en la capital española se espera que en elotoño entrante la negociación pueda entrar de lleno en sus temas cruciales. Y aquí está la incógnita clave de la situación hispano-comunitaria. ¿Qué pasará si la Comisión retrasa sus trabajos?, ¿qué pasará si uno o varios países de la CEE se oponen con firmeza a las propuestas del colegio de comisarios? El riesgo de que la reforma de la CEE persista más allá de los plazos inicialmente previstos es grande y nos coloca, una vez más, en situación similar a la que sirvió de argumento a Francia para provocar su parón. ¿Qué garantías hay de que esto no vuelva a ocurrir? ¿Sería demasiado pedir que la cumbre de Maastricht diera respuestas concretas a estas interrogantes?

En todo caso, la posición española es y debe seguir siendo la misma. España desea la pronta reanudación de las negociaciones, sin prisas ni presiones políticas y económicas de ningún tipo, pero sin trabas ajenas a la vocación política y continental de la Europa comunitaria. España deberia ver reanudadas en el plazo previsto las negociaciones perdidas, con o sin reformas agrícola y presupuestaria, que tanto han de afectar algún día a nuestra economía, por lo que tampoco estaría de más que Madrid fuera consultada, al igual que el resto de las cap¡tales comunitarias. Debemos negociar con la CEE actual y adaptarnos después a las reformas en curso. Si éstas concluyen antes que la negociación, mucho mejor; pero si se retrasan, ello no debe repercutir sobre nuestras conversaciones, porque, visto lo apretado del calendario, corremos el riesgo de caer de nuevo en otros vaivenes políticos -las elecciones legislativas francesas de 1983, por ejemplo- y, en consecuencia, en un segundo y desalentador retraso.

La CEE tiene en este proceso la llave y la responsabilidad. Al Gobíerno español, que cuenta con el apoyo de todos los grupos parlamentarios españoles, le corresponde, por su parte, el demostrar que Europa es la primera meta de la diplomacia hispana. La vuelta de esta política al palacio de Santa Cruz debe significar su ubicación en la cabeza de las prioridades exteriores en un momento político como el actual, en el que la política exterior, como política de Estado, debe desarrollárse en aquellos sectores que no provoquen el conflicto.