El alcalde de Valencia, citado a declarar en el sumario del golpe

El alcalde de Valencia, Ricardo Pérez Casado, ha sido citado a declarar por la autoridad militar que investiga el frustrado golpe de Estado de los días 23 y 24 de febrero. A tal efecto, se le remitió fechas atrás un detallado cuestionario cuyo contenido no se ha revelado en medios municipales. Las preguntas irían encaminadas a reconstruir las incidencias de las diez horas que Valencia estuvo ocupada por los tanques.

La autoridad militar podría haber remitido igualmente a otros cargos de la Administración valenciana un cuestionario para conocer el desarrollo del frustrado golpe en la demarcación regional, si bien sólo se tiene conocimiento, por ahora, de la declaración del alcalde de Valencia.Pérez Casado fue testigo de excepción de la conducta sediciosa del teniente general Milans del Bosch al convocar a los concejales en la madrugada del día 24, contraviniendo el mando de Capitanía General, que prohibió el ejercicio del poder político a las corporaciones civiles mediante un bando.

La casa consistorial valenciana se convirtió ese día en centro neurálgico de enlace con el Gobierno en funciones de Madrid y otros alcaldes, ya que el gobernador civil, José María Fernández del Río, estuvo discretamente vigilado por la autoridad militar.

Recursos de varios abogados

Por otra parte, varios de los defensores de los jefes y oficiales procesados en relación con el fallido golpe de Estado han presentado recurso ante la autoridad judicial militar por haber sido denegada la vista del sumario. El abogado López-Montero, defensor de Tejero, ha sido uno de los prirneros en presentar recurso de alzada (véase EL PAIS de ayer).Estos abogados basan su recurso en los artículos 1 y 24 de la Constitución, ya que, en su opinión, los militares no pueden ser considerados como «ciudadanos de segunda clase» y la declaración de secreto del sumario «perjudica notablemente al derecho de defensa».

El juez Diaz de Aguilar, encargado del casó en la I Región Militar (Madrid), concluyó días pasados sus investigaciones y remitió la causa al Consejo Supremo de Justicia Militar. En esta causa están incluidos los procesamientos de los cuatro jefes y diecinueve oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil, cuyas defensas han sido encargadas a estos abogados.