Salvar la democracia

La Prensa diaria y los semanarios de nuestro país se han visto inundados, estos últimos días, de multitud de artículos, interpretaciones y propuestas relacionados con los sucesos de los días 23 y 24 del angustioso mes de febrero.En todos ellos salta a la vista, como elemento más importante, la reiterada llamada a la gravedad de la situación; en definitiva, la sensación de que es necesario actuar y urgentemente.

Sin embargo, resulta sorprendente que una gran parte de dichos artículos presentan análisis, a través de los cuales se deduce que hay que acomodar los ritmos del cambio político a la prudencia y sensatez que la nueva situación requiere.

Sería impensable que dando tiempo al tiempo y frenando las reformas pendientes para tranquilidad de determinados estamentos militares vamos a encontrar mayores perspectivas de estabilidad. Hacerlo así sería no comprender las causas y el contexto del golpe militar.

Al margen de factores importantes de la psicología social, creo que se puede afirmar que el intento de golpe militar tiene su explicación en la confluencia de tres factores fundamentalmente: fracaso de la reforma militar, crisis de los partidos políticos como agentes de participación y representación popular y, por último, en la crisis de un determinado modelo utilizado para llevar a cabo la transición política (sin que hasta el momento hayamos sido capaces de desarrollar una nueva alternativa).

A mi juicio, ya ha sido suficientemente debatido el hecho de que los «supuestos motivos» que los ' golpistas esgrimían como móviles para su acción -terrorismo, país ingobernado, caos económico, etcétera- no iban a encontrar mejor solución en un Gobierno militar, que frente a estos problemas no tendría ni mejores instrumentos ni mayor capacidad real para enfrentarlos.

Coincido por tanto en señalar, como lo hacían Juan Luis Cebrián recientemente, que tales «razones para la sedición» son inventadas.

Lo ocurrido en nuestro país es -que no-existiendo razones políticas para un golpe militar se ha presentado una coyuntura política que lo ha hecho posible. En situaciones de crisis política, cuando ésta afecta la capacidad de representación de los partidos y al deterioro de las instituciones, se multiplican las posibilidades de que los impulsores de grupos descontrolados o los intentos de golpes de mano puedan verse coronados con el éxito.

Desde esta perspectiva cabe afirmar que, en gran parte, el deterioro que afecta a las instituciones viene dado por el fracaso de la reforma militar. Una reforma débil y aplicada con una desmentida calma.

El excesivo protagonismo que han tenido los altos jefes militares en momentos de conflictividad política (negociación con el PNV para la aprobación de la Constitución, amnistía para militares de UMD, Código de Justicia Militar) han mermado de manera importante la autoridad moral del poder civil, que no supo ejercerse con la debida firmeza cuando las condiciones eran más propicias.

Si por un lado parece obvia la necesidad de corregir este error, tampoco debe pensarse que una actuación unilateral (que como medida aíslada podría incluso resultar contraproducente) sería suficiente si no se acompaña de un verdadero programa de salvación de la democracia.

Ha de ser precisamente en el segundo factor, en la solución de la progresiva crisis de identidad y participación de los partidos políticos, donde se encuentra la verdadera clave para acabar con la situación de debilidad que permite actuar a grupos sediciosos.

Aun cuando resulte duro reconocerlo, pese a que en ocasiones optemos por no pensar en ello, se va haciendo cada vez más evidente que existe un progresivo alejamiento de los partidos políticos con respecto a los ciudadanos en general. Partidos políticos, todos ellos con un funcionamiento superestructural donde las iniciativas personales desde abajo son cada día más difíciles.

Partidos políticos donde desgraciadamente se abandona con frecuencia la lucha por impedir que se ahonden las diferencias entre la clase política y el ciudadano normal.

Como resultante de los anteriores factores, llegamos por fin al punto clave en la explicación de la crisis. Este no es otro que el agotamiento de una determinada forma para llevar a cabo la transición. Ha terminado, en definitiva, una transición efectuada desde el protagonismo directo de unas pocas personas.

El Rey hizo posible la transición, Adolfo Suárez dirigió, demasiado en solitario, sucesivos Gobiernos que la concretaron. El consenso fue excesivamente protagonizado por la negociación entre la cúpula de los partidos políticos, cuando no por sus respectivas cabezas.

Este es el modelo que hoy entra en crisis y que necesita de un recambio en la fortaleza de las opciones políticas, en su plena democratización y transparencia.

Para afianzar la democracia necesitamos incrementar la participación popular, la confianza y corresponsabilidad de los ciudadanos.

Porque lo que más demuestra que el actual modelo ha terminado es la constatación de que la delicada-situación política ha podido salvarse a través de la actuación del Rey. Un país no puede permitirse el riesgo de depender de una persona, por mucho que ésta haya demostrado una firmeza y autoridad que todos los demócratas aplaudimos.

En conclusión, no es este momento para la inactividad ni para el silencio, no se puede incitar a la pasividad de todos los ciudadanos, mediante llamadas a la tranquilidad que no vayan acompañadas de hechos concretos. Es necesario formular un programa urgente de salvación de la democracia si no queremos vivir instalados en un golpe permanente, a través del miedo y de la inercia.

Ni mucho menos es momento este de dar marcha atrás y paralizar el proceso autonómico, entre otras cuestiones. No se debe procurar la tranquilidad de determinados estamentos militares a costa de la frustración de la ilusión de mayor participación del ciudadano en la vida local.

Al contrario, nos encontramos en la ineludible necesidad de dar un paso adelante en la consolidación de la democracia, y esto no será posible si no contamos:

1. Con la realización de un pacto autonómico, no «para aplazar la aplicación de las autonomías hasta el año 2000», sino para acelerar su puesta en marcha inmediata, garantizando al mismo tiempo un funcionamiento responsable de las instituciones autonómicas.

2. Una mayor atención a la iniciativa popular, haciendo directamente partícipe al ciudadano en el. más amplio número de decisiones posible. Para ello sería conveniente recurrir con más frecuencía al referéndum popular para la decisión de grandes cuestiones nacionales (Mercado Común, OTAN ... ), a la vez que se concrete de manera definitiva la urgente reforma de nuestra ley de Régimen Local, demasiado tiempo paralizada.

3. Regenerando verdaderamente la vida de nuestros partidos políticos, no como algo únicamente deseable p4ra los militantes de dichos partidos, sino como forma de acrecentar la confianza de los ciudadanos, que ven así reflejado su liderazgo, ante el que no caben involuciones.

4. Intensificación de la lucha antiterrorista; pero no necesariamente a través de nuevas medidas de excepción (terreno en el que las posibilidades se encuentran prácticamente agotadas), sino mediante una más efectiva aplicación de las medidas existentes.

5. Puesta en marcha de todas aquellas medidas que impidan una nueva intentona golpista, mediante la aceleración de la reforma militar y que acabe con la situación de impunidad en la que determinados sectores civiles de carácter ultraderechista alientan los golpes militares.

Quedaría finalmente por resolver el interrogante de si desde esta perspectiva el Gobierno monocolor de Unión de Centro Democrático es la respuesta adecuada a la situación de urgencia que el país tiene que afrontar.

Si no aprovechamos esta ocasión para establecer las bases de un compromiso que suponga un gran paso adelante en la superación de los problemas actuales, habrá, sin duda alguna, un gran número de personas que en el futuro no podremos aceptar una disciplina ciega, ya que entre instalarnos en el golpe y consolidar definitivamente la democracia no existe camino intermedio.