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El debate sobre el divorcio

Los liberales dejan solos a los democristianos de UCDen la contestación a la "ley Ordóñez"

La continuación del debate sobre el proyecto de ley de Divorcio, iniciada en la mañana de ayer en el Congreso, fue seguida con evidente desinterés por los diputados, sólo una tercera parte de ellos, aproximadamente, ocupaban sus escaños, mientras el resto se dedicaba a comentar por los pasillos los efectos de la publicación en la Prensa del informe del ministro de Defensa sobre los sucesos del golpe de Estado del pasado día 23. El único elemento nuevo, además del rechazo de las enmiendas a la totalidad y la aprobación de los nueve primeros artículos del proyecto, se produjo fuera del hemiciclo, y fue el distanciamiento claro entre los liberales y los democristianos del partido del Gobierno en el tema del divorcio, hecho que coloca a estos últimos en una situación de mayor debilidad dentro de UCD.

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Según informaciones recogidas ayer entre los diversos grupos parlamentarios, parece ser que los diputados democristianos no tienen, hoy por hoy, otra salida que la de introducir la modificación del artículo 82.5 (equivalente al repudio, según su propia interpretación y la de los obispos), mediante el cual una pareja puede separarse tras haber cesado la convivencia conyugal durante seis meses libremente consentida. Esta modificación vendría dada, o bien alargan do el plazo hasta un año, o bien matizando la frase «Iibremente consentida». De todas maneras, en este tema ya se ha puesto de acuerdo no sólo el Comité Ejecutivo de UCD, sino también el propio ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez.Por lo demás, a los democristianos centristas no les queda otra vía de actuación que no sea el Senado, o las convocatorias -bastante improbables- de una reunión del Ejecutivo del partido o del grupo parlamentario antes del próximo martes, para cuya fecha está prevista la discusión en el Pleno de los primeros artículos realmente conflictivos del proyecto de ley.

En realidad, los democristianos están defendiendo sus posiciones en solitario dentro de UCD, ya que el aparato parece no oponerse, de momento, al texto de divorcio que aprobó la Comisión de Justicia (queda por ver lo que esta «familia centrista» tiene previsto hacer en el Senado). Los socialdemócratas, lógicamente, siguen defendiendo las tesis del ministro de Justicia, y los liberales, compañeros de fatigas de los democristianos en el congreso de Palma, se apresuraron ayer a recalcar sus diferencias con respecto a los seguidores de Oscar Alzaga.

Los liberales, a favor del actual proyecto

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El sector liberal de UCD, que engloba a cerca de veinte diputados, se ha manifestado sin ambigüedades en favor del actual proyecto de ley, al que califican de manera elogiosa, y lo único que desean es la modificación -ya acordada- del citado artículo 82.5. Una cena que mantuvieron en la noche del martes en un restaurante madrileño no fue ajena a su clara toma de postura hecha pública ayer, si bien entre los mismos liberales hay a su vez otro punto en el procedimiento de discrepancia: unos son partidarios de que la misión del juez se límite a constatar la voluntad de los cónyuges que desean separarse (Ignacio Camuñas, entre ellos), y otros, como Carmelo Casaño, preferirían que el juez homologue dicha voluntad mediante pruebas documentales. El valenciano Emilio Attard también apoya esta última postura, a pesar de que la gran mayoría de miembros del sector liberal no admite que se incluya el nombre de Attard entre los componentes de su grupo.

Pese a esta confrontación interna, Soledad Becerril aseguró ayer que «hasta por lo del procedimiento podríamos pasar si hiciera falta», porque lo que tienen bien claro los liberales es que no desean dar mayores facultades al juez ni incrementar la influencia de los acuerdos jurídicos con la Santa Sede, tal y como propone Oscar Alzaga, «ni aceptamos tampoco el papel del ministerio fiscal como defensor del vínculo matrimonial, por el que tanto aboga José Antonio Escartín».

En definitiva, los liberales aseguraban ayer que el discurso de defensa que hiciera en el Pleno del martes el ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, sobre el proyecto de ley de Divorcio era perfectamente asumible por ellos, y que, con. la salvedad ya citada del artículo 82.5, «no vamos a tener ningún problema a la hora de votar afirmativamente». La única duda en este sector la constituye el opusdeísta Antonio Fontán que si bien no discrepa esencialmente de sus compañeros de grupo, «va a tener mayores problemas de conciencia», según dijeron.

En una primera observación superficial podría afirmarse que los democristianos de Unión de Centro Democrático han perdido la batalla del divorcio. En la Cámara alta, este sector centrista podría conseguir modificaciones sustanciales a la filosofía del actual proyecto de ley, pero volvería a perder la votación cuando el texto de los senadores retornase a la Cámara baja.

Sin embargo, son muchos los que piensan que en realidad el posicionamiento de los democristianos en el tema del divorcio ha constituido el logro de los objetivos propuestos: darse a conocer a la opinión pública con una ideología perfectamente definida, con vistas a la futura creación de un gran partido político de derechas de matiz claramente confesional.

Areilza y Senillosa respaldan el texto de Ordóñez

Cuando se sometieron a votación los textos alternativos al proyecto de ley de Divorcio presentados y defendidos por Coalición Democrática, socialistas y comunistas, se produjeron dos hechos significativos: de una parte, el texto de CD sólo fue apoyado por siete de los nueve diputados, con que cuenta esta coalición. Antonio de Senillosa y José María Areilza prefirieron abstenerse, ya que ayer mismo anunciaron su propósito de respaldar, mediante su voto afirmativo, el proyecto de Fernández Ordóñez, por considerar ambos este texto como el mínimo aceptable en una sociedad moderna y con vocación de integración en Europa.

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