La RAI suspende indefinidamente el programa sobre la prostitución

Los italianos tampoco verán hoy el programa televisivo sobre la prostituta francesa Veronique, que, además de haberse convertido en un «caso político», ahora abre un caso judicial largo y complejo.

La nueva suspensión del Firograma A. A. A. ofrécese, censurado ya el jueves pasado por las presiones del democristiano Mauro Bubbico, presidente de. la comisión parlamentaria de vigilancia de la RAI (televisión estatal italiana), ha sido esta vez decidida por el Consejo de Administración de dicha televisión, después de una sesión borrascosa que duró doce horas. Votaron contra la proyección del programa los democristianos, los republicanos y socialdemócratas. Los comunistas abandonaron la sala del consejo en el momento de votar como gesto de protesta, mientras que los socialistas se dividieron: dos votaron en contra, y tino, Walter Pedullá, a favor.Según fuentes bien informadas, la RAI se asustó cuando el juez romano Giancarlo Armati notificó que la justicia está investigando sobre un posible reato en. el asunto de este programa nada menos que de cinco importantes dirigentes de la televisión estatal, entre ellos el vicedirector, Massimo Fichera, y el director del segundo canal, Pío de Berti. La misma notificación ha si do enviada a las cinco autoras del programa y a la prostituta.

Los jueces, que se habían presentado en la RAI para el secuestro no del programa, sino de la documentación del contrato, han pedido. también el material original (al parecer, trece horas de filmado), pero volvieron con las manos vacías porque en realidad la RAI posee sólo la hora de transmisión, más los diez minutos que habían cortado al programa. Las autoras del colectivo femenino que ha producido el programa aseguran, por su parte, que ese material no existe porque lo han quemado.

Las autoras del programa podrían ser acusadas por la justicia de otro delito. Si es verdad que el policía que aparece en el programa obligó a la prostituta a hacer el amor gratis, gracias a su pistola, las autoras tenían la obligación de denunciarlo, bajo pena de colaboración en la corrupción de un funcionario. Según la magistratura, estas feministas que habían firmado el contrato con la RAI podrían salvarse de la cárcel sólo si declaran que todos los personajes del programa son «inventados o ficticios». En este caso deberían responder de un delito menor: de estafa a la RAI, con la que se comprometieron a hacer un programa «real» y no un producto «falsificado».