Sobre el papel de la Iglesia

Creo que las reflexiones ante la declaración de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española sobre el proyecto de ley de modificación de la regulación del matrimonio en el Código Civil trascienden la cuestión concreta, por muy importante que sea, y plantean temas de conciencia moral, de filosofía general y de entendimiento de la sociedad, del derecho y del Estado. Me parece que reflejan un talante y una mentalidad que considero de interés poner de relieve.No tengo que decir que escribo estas líneas con el máximo respeto hacia ellos, pero desde fuera de su planteamiento institucional, o al menos como heterodoxo y disidente profundo, porque no puedo renunciar a pensar por mí mismo y tengo la sensación de que no salirse de sus esquemas lleva a no pensar libremente, al menos para mí.

Sin embargo, saliendo de la perspectiva más personal, hay que indicar cuáles son, en una cultura como la europea actual, las consecuencias del planteamiento de los obispos al presentar sus opiniones como reflejo de la verdad objetiva. Es evidente que tienen esa pretensión puesto que hablan de «iIuminar con la luz del Evangelio» y hacen todas sus afirmaciones como si fueran simplemente unos notarios que constatan una realidad «de derecho natural», es decir, tan cierta como la formulación de una ley física como la de la gravitación universal. Utilizan para ello un instrumento, el del derecho natural, que no resiste hoy críticas científicas serias, y que tiene como función legitimar, haciéndolas pasar como expresión de la verdad, lo que son opiniones tan discutibles como las de cualquier otro grupo social, aunque tengan todo el derecho a decirlas. Me parece que no se discute por nadie el derecho de los obispos a hablar, sino la forma que su opinión reviste, como si fuese la expresión de la verdad con mayúsculas. Y eso, en una sociedad moderna y pluralista, no es posible, sobre todo porque sigue confundiendo a muchas personas sencillas a las que crea problemas de conciencia. Si se tiene una suficiente formación y se conoce la historia de la cultura jurídica y política, del mundo moderno y la propia historia de la Iglesia, se sabe que también en otras muchas ocasiones la Iglesia ha pretendido hablar ex cathedra de otros muchos problemas sociales y políticos, e incluso científicos, como en el caso de Galileo. Y se sabe que esas presuntas verdades, presentadas también como expresión del derecho natural, están hoy arrumbadas en el museo de la historia, desde la defensa del absolutismo hasta la condena del liberalismo, de la socialdemocracia, del movimiento obrero e incluso de la propia democracia cristiana en sus orígenes históricos. Y se concluye, por consiguiente, relativizando, al nivel de las meras opiniones todos esos planteamientos que se pretendía sacralizar, sacándolos de su contexto histórico.

Por otra parte, la pretensión, en cualquier campo social y político, de defender opiniones que se afirman incompatibles con otras, absolutas, sin resquicio para el error; en definitiva, el defender el monopolio ideológico sin tolerancia, genera antítesis igualmente radicales e incompatibles y produce gérmenes patógenos, autoritarios y totalitarios. El enfrentamiento entre sistemas absolutos dificulta la convivencia y el pluralismo en la sociedad democrática. Cuando se infunde entre los ciudadanos sencillos, como ha hecho el documento episcopal en este caso, la idea de que se defiende una verdad indiscutible se están creando gérmenes de intolerancia que pueden tener el peligro de querer imponerse por la fuerza, sobre todo si germinan en personas con talante dogmático o simplemente que necesitan un sistema asegurador en el que creer ciegamente para no tener el riesgo de pensar por sí mismos. La influencia que documentos de este tipo pueden tener es grande, y eso sí que me resulta preocupante. Por eso, algunas personas que han reaccionado, en cartas a los pe riódicos, frente a mi postura inicial me dicen que, a pesar de querer quitar importancia al documento, en realidad se la doy, puesto,que me he preocupado mucho y he argumentado mucho sobre el mismo. Y es totalmente cierto, por este pe lígro que estoy señalando y por la involución que puede suponer para la convivencia en la sociedad española. Algunas de esas respuestas me confirman precisamente en mi preocupación.

Recién salidos de un régimen autoritario, que nos evitaba pensar, con la corrupción en las conciencias y en la responsabilidad moral que siempre producen las dictaduras, hay campo abonado para verdades a las que servir dogmáticamente y compatriotas que esperan ese tranquilizante y ese aseguramiento.

Háy que contar también con las reacciones antitéticas, igualmente dogmáticas, que se pueden generar, tan nocivas como ella para la convivencia, aunque en este caso no hayan tirado la primera piedra, pero que nos recuerdan un clima que no se puede repetir.

Como ampliación al texto del documento, escuché en un excelente programa de Radio Nacional el diálogo telefónico entre el señor arzobispo de Zaragoza y el periodista Jordi García Candau, y también me parece necesario referirme, en la línea de mis observaciones anteriores, a su opinión contraria a un referéndum en este tema.

Dice monseñor Yanes que un referéndum, con su campaña electoral, crearía un clima tenso y producirla enfrentamientos, porque, sea cual sea la buena voluntad de los dirigentes de los partidos, que él manifestó no poner en duda, las bases se iban a descontrolar. Y no puedo ocultar tampoco la significación muy negativa que doy a esas palabras por varias razones. En primer lugar, por lo que suponen de desconfianza en la madurez democrática de nuestro pueblo y en su capacidad para una participación razonable y sin excesos en el acto máximo de participación que es un referéndum. En segundo lugar, no parece tampoco excesivamente razonable exponer la opinión revestida de formas sacralizadoras como expresión de la verdad y tener después dificultades en que se pueda expresar la opinión en la forma que es habitual en el mundo moderno, a través de la formación de mayorías en consultas electorales, y el referéndum es exactamente eso. Sin duda se trata del mejor camino para saber lo que opina la mayoría de los ciudadanos si no basta con saber la de las Cortes Generales. ¿Por qué oponerse? ¿Por qué poner objeciones a ese sistema? Hay que reconocer que sería embarazoso para los obispos que la mayoría no coincidiese con su expresión de la verdad y estuviese de acuerdo con el divorcio, tal como lo quiere configurar la mayoría parlamentaria. Yo tengo que decir que si ganase en referéndum la tesis de los obispos, yo la aceptaría de buen grado, no como expresión de la verdad, sino de una mayoría, que es el único sistema de no acabar siempre a palos en la vida social.

En definitiva, la declaración episcopal sobre el divorcio sugiere muchas observaciones a este nivel, un poco distanciado del problema concreto, que se puede resumir en una pregunta general.

¿Han aceptado los obispos el sistema de reglas de una sociedad democrática moderna y han aceptado la secularización que en este campo reserva para el poder civil el monopolio de la regulación jurídica de los problemas sociales?

No estoy seguro de que sea así, y sería bueno saberlo en lo referente a España. Sabemos que en otros países europeos y en Estados Unidos lo han aceptado, y son un grupo social más, dignísimo y relevante, pero nada más, en una sociedad pluralista y democrática. Sería deseable que aquí también aceptasen ese papel.