Los médicos de la Ciudad Sanitaria Provincial decidirán mañana en asamblea si acuden a la huelga

Los médicos de la Ciudad Sanitaria Provincial celebrarán una asamblea mañana, jueves, en la que se decidirá si acudirán o no a la huelga, aunque no están claramente definidos los motivos de ésta. Algunos facultativos consultados por EL PAIS mencionan una confluencia de motivos, como son su reivindicación de negociar un convenio colectivo aparte del resto del personal, exigir que se retiren los expedientes sancionadores incoados contra dos de ellos y recuperar el prestigio profesional puesto en duda por las manifestaciones de María Gómez de Mendoza y José Borrell, diputados provinciales socialistas.

La asamblea ha sido denegada, en principio, por la dirección del centro, con el argumento de que no se ha pedido en la forma debida, y hay ya otras solicitadas relativas a las negociaciones del convenio de toda la casa. La asamblea de médicos será autorizada, pero respetando el turno de prioridad. Los médicos, sin embargo, han acordado realizarla fuera del hospital, por la tarde, y han anunciado que a su término se responderá adecuadamente a «la campaña difamatoria desatada contra ellos».Ayer, en una extensa reunión mantenida por el director técnico del hospital, doctor José Luis Barros, con un grupo numeroso de facultativos de distintos servicios, se acordó sacar a concurso-oposición el puesto de médico adjunto en anestesiología y reanimación. El puesto en cuestión se limita a un contrato administrativo por un año, improrrogable, y hace un mes fue adjudicado directamente a un profesional de reconocida solvencia, según fuentes de la dirección del hospital, quienes insistieron en que es un procedimiento absolutamente legal que se utiliza con bastante frecuencia en cualquier centro hospitalario. Sin embargo, los anestesistas primero, y con la adhesión de la mayoría de los médicos restantes, denunciaron tal contratación como antidemocrática. La semana pasada, el profesional en cuestión contratado prefirió renunciar a su cargo, por lo que ahora se saca a concurso-oposición, «no porque la contratación directa fuera irregular, sino precisamente para dejar a los médicos sin pretexto que esgrimir», según la dirección del hospital.

Por su parte, José Borrell, diputado provincial socialista, expuso que los datos recogidos sobre la Ciudad Provincial ponen de manifiesto las prerrogativas que gozan un sector de médicos para atender enfermos privados utilizando el laboratorio, los distintos servicios del centro y las consultas en horas de trabajo, lo que les suponía unos fuertes honorarios que sólo en parte reintegran a la Ciudad Sanitaria, y sin que ésta ejerza el más mínimo control. Poner coto a estas anomalías implica afectar directamente a la comodidad y la economía de un sector de médicos, de gran influencia en el conjunto del colectivo, y la reacción en contra es lo que, en último término, explica la contestación que sufre la gestión de María Gómez de Mendoza.

No existe móvil gremialista, según los médicos

Al contrario, los médicos niegan totalmente que en el fondo de su protesta lata algún móvil gremialista o político. En un comunicado repartido ayer en el hospital, y que no se facilitó a los medios de información, se afirma obedecer sólo a razones estrictamente profesionales. Una de ellas es su deseo de quedar excluidos del convenio colectivo del conjunto del personal y regirse por un convenio exclusivo para su sector. Para lograr este objetivo se constituyó hace un año una comisión, compuesta de ocho médicos. Asimismo, el comunicado declara que el problema de la clínica privada es fundamentalmente de mala gestión, que no existe oposición alguna a que la Diputación adopte las medidas que crea convenientes, e insiste en que no están en contra de la mayoría de izquierdas de la Diputación, sino que desean participar en la gestión del hospital.

El comunicado cita que, a pesar del nulo caso que se ha hecho hasta ahora a la comisión negociadora, los médicos no han adoptado medidas de presión, y piden al comité de empresa que deje de interferir en sus asuntos y les reconozcan el derecho a negociar su propio convenio particular.

Sin embargo, las medidas decretadas por María Gómez de Mendoza de que las camas libres de la clínica privada se pusieran a disposición de los enfermos, y poco después la orden de que los médicos recibieran a sus enfermos privados fuera del horario laboral, no han podido por menos que suscitar reacciones en contra. En este contexto es cuando surge la protesta por la contratación directa del anestesista, como han señalado fuentes de la Diputación, quienes añaden que es lógico pensar que el siguiente paso, una vez quemado el anterior incidente como espoleta, sea trasladarlo a la reivindicación de que se anulen los expedientes contra dos médicos, como efectivamente ocurrió ayer. Estos son los doctores Díaz Peñalver, jefe encargado del servicio de anestesiología y reanimación, y Pereira, ginecólogo, que según la Diputación, mantuvieron en una asamblea realizada el jueves actitudes muy graves. El doctor Pereira pidió públicamente iniciar acciones que congestionarían el hospital, con grave quebranto hacia los enfermos y al mismo prestigio del centro. El doctor Díaz Peñalver se negó a informar en la asamblea general del motivo de los paros laborales de la semana pasada.

El expediente sancionador puede ser uno de los motivos que lleve a los médicos a solicitar declaración de huelga legal.

UCD toma cartas en el asunto

Por su parte, el grupo de diputados provinciales de UCD solicitó el lunes un pleno extraordinario en el que se debata la situación actual del hospital, las circunstancias que han influido en la conflictividad que atraviesa y las medidas que piensan adoptarse. UCD denunció que no ha sido informada oficialmente de nada, y solicita conocer los resultados de la auditoría y todos los documentos que guarden relación con el tema.