Una política decidida de reconversión industrial / 1

Una vez más vuelve a hablarse de reconversión industrial. Es posible que pronto se haga público un anteproyecto de normas encaminadas a resolver este problema, que viene gravitando sobre la economía española desde hace algunos años, y cuya solución -que tanto preocupa a los empresarios- es ahora más necesaria que nunca. Creo por ello que, desde una perspectiva empresarial y con un planteamiento pragmático, vale la pena recordar alguna de las ideas que en torno a la reconversión industrial dentro de la economía de mercado tuve ocasión de exponer en una reciente mesa redonda, dedicada a los problemas económicos españoles.Parece necesario partir de la idea de que el modelo de libre economía de mercado es el que la sociedad española ha elegido, de entre todos los posibles, como el más idóneo para dar respuesta a sus problemas en un mundo en que la libertad de acción empresarial es sinónimo de eficiencia, la eficiencia es el instrumento disponible para afianzar la competitividad, y ésta es la garantía de creación de empleo y, consecuentemente, de riqueza y bienestar. Del mismo modo, parece que todos los agentes sociales y económicos de nuestro país aceptan la idea de una industria fuertemente dinámica, sometida a las leyes inexorables del mercado y llamada, por tanto, a una continua transformación.

No hay, pues, diferencias básicas en la definición de los objetivos últimos, ni de desacuerdo alguno con respecto a la necesidad indiscutible de la profunda transformación que a todos nos toca poner en marcha. Lo que ocurre, simplemente, es que el proceso ha de ser necesariamente gradual, y que el camino no puede estar exento de ciertas imperfecciones -obligadas concesiones, si se quiere- en relación con una línea de actuación plenamente ortodoxa. En el solidario entendimiento de la necesidad de tales desviaciones -siempre compatibles con el fin último que se persigue- radica, a mi juicio, el éxito de la empresa en común.

Dos condiciones, sin embargo, parecen necesarias: la universal aceptación de que han de ser temporales y no crónicas, y la conveniencia de que se presenten en paquetes. armónicamente construidos con cuotas homogéneas de sacrificio para todas y cada una de las partes implicadas..

Solicitudes de porte intervencionista

Y así, por ejemplo; en la medida en que la más completa flexibilización de plantillas en la industria se considere aún inalcanzable en base a su elevado coste social y, en definitiva, político, la liberación del sistema financiero habrá de ser igualmente incompleta, y ciertos esquemas de crédito privilegiado tendrán, a la fuerza, que subsistir. Asimismo, en tanto el Estado en su conjunto no asuma plenamente su papel, en términos de eliminación de cuantos obstáculos se oponen aún a la libre actuación de las fuerzas del mercado, no podrá legítimamente sorprenderse si a él siguen llegando -procedentes del mundo de la iniciativa privada- solicitudes de porte intervencionista, pese a la aparente carga de contradicción que tales comportamientos pueden entrañar.

No será fácil acertar con la más adecuada ponderación relativa de cuantos elementos intervienen en el problema. Instrumentar una política de reconversión eficaz no resulta sencillo en ninguna economía, debido, entre otras razones, a que los candidatos a la reconversión se encuentran normalmente en tal situación, por causas muy diversas, al tiempo que presentan distintos grados de gravedad y cuentan con distintas posibilidades de recuperación. En España, tal tipo genérico de dificultad viene complicado por la falta de tradición competitiva, pues la expansión económica de los años sesenta, que ha configurado, en lo fundamental, las características de estructura y funcionamiento del presente sector industrial español tuvo lugar, como todos sabemos, en un marco dominado por el intervencionismo y el proteccionismo.

Razones para la inquietud empresarial

Consecuentemente, lo que hasta ahora ha venido recibiendo en España el nombre de política de reconversión industrial presenta, en una perspectiva de conjunto, indudables debilidades de planteamiento y ejecución.

En el plano de lo concreto, muchas son, desde luego, las cuestiones que se convierten en frecuentes razones de inquietud para el empresario de la industria privada, enfrentado con el desafío de la necesaria reconversión industrial. Por razones obvias, ésta no es una enumeración exhaustiva, pero pueden destacarse las siguientes:

- Muchos son los sectores de actividad industrial en que ambas iniciativas, pública y privada, han de convivir forzosamente. Es absolutamente necesario que la reestructuración de estos sectores, cuando ello proceda, se lleve a cabo completamente al margen de las diferencias de clase y naturaleza de la propiedad. Que no se sienta nunca llamado el accionista público, en aras de un mal entendido espíritu de ejemplaridad social, al mantenimiento a ultranza de los puestos de trabajo en empresas estatales pertenecientes a sectores reestructurables.

- Es frecuente la denegación de un expediente de reconversión industrial si no se plantea con alcance sectorial. Y, sin embargo, si este criterio de actuación se mantiene con excesiva rigidez, puede, a la larga, producir efectos totalmente contrarios a los que se persiguen. Una empresa cuya necesidad de reestructuración es evidente y, pese a ello, no es atendida es, finalmente, una empresa llamada a ser protegida de forma permanente o incluso nacionalizada.

En tanto los programas de ayuda y subvención -cuando ello está justificado- deben, efectivamente, establecerse a nivel sectorial, los obstáculos que impiden toda reconversión necesaria deben, sin embargo, liberarse a cualquier nivel y, desde luego, a nivel empresa.

- Son también frecuentes los casos en que una empresa no es escuchada en sus propósitos de reestructuración -cuando ello implica, por ejemplo, la presentación de expedientes de regulación de plantillas-, bien sea en base a que la situación financiera de la empresa no se considera lo suficientemente desesperada, bien sea en base a que su programa último de viabilidad, cara al futuro, no haya quedado, a juicio de la autoridad sancionadora, lo suficientemente perfilado.

Ambos argumentos son, a nuestro juicio, difícilmente defendibles. De un lado, las empresas deben perseguir, por encima de todo, índices de rentabilidad suficiente, y si esperamos al necesario deterioro financiero antes de levantarle la barrera al tren de la reestructuración habremos ciertamente retrasado el trauma laboral correspondiente, pero, lo más seguro, habremos perdido la empresa toda en el camino. De otro lado, aun cuando la viabilidad futura de la empresa no pueda presentársenos totalmente despejada de incertidumbres, mucho más se condiciona y aun limita esta viabilidad cuando se opta por la vía de la no actuación en presencia de síntomas evidentes de desequilibrio que el paso del tiempo sólo puede acentuar.