La tortura
Como policías profesionales y como encargados de velar por el cumplimiento de la ley, queremos hacer llegar a la opinión pública nuestro punto de vista sobre unos hechos que han convulsionado a la sociedad española.Pudiera parecer que la campaña tan intensa realizada por la mayoría de los medios de comunicación social, y que ha logrado llevar el tema de la tortura al ánimo del hombre de la calle, ha supuesto una catarsis interna en los miembros de los Cuerpos de Seguridad, y que junto a la resuelta actuación del ministro Rosón y las medidas cautelares acordadas por el juez se podría afirmar que hemos sufrido una vacuna que inmuniza de posibles tratos inhumanos.
Es una visión errónea. No hay vacuna sin anticuerpos. Los anticuerpos que los Cuerpos. de Seguridad necesitan no van a surgir espontáneamente a partir de estos acontecimientos.
Lo primero que hay que preguntarse es si la policía es capaz de cumplir su misión, la que le encomienda la Constitución, sin recurrir a vejaciones y tortura física y mental.
La sociedad tiene conocimiento de los servicios que los Cuerpos de Seguridad realizan: detención de delincuentes, recuperación de objetos sustraídos, esclarecimientos de homicidios, detención de terroristas, pero desconoce, o no quiere conocer, cómo se ha conseguido la información precisa que permita que la investigación salga adelante, Incluso, no sin cierto triunfalismo, se habla, por los responsables de la policía, de que los Cuerpos de Seguridad son eficaces.
Volviendo a los anticuerpos que la policía necesita, el primero y principal es el derecho que la sociedad española tiene de conocer cómo es la policía que está pagando de su bolsillo. Una confusión grave, y no por ello infrecuente, es considerar lo accesorio como fundamental, y lo que es esencial como accidental.
Lo esencial, lo que define a los Cuerpos de Seguridad y su razón de existir, es la defensa de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Obviamente esta misión tiene una amplia perspectiva de carácter preventivo que trata de proteger el ejercicio de los dere chos y de impedir o dificultar la comisión de actos delictivos. Otra vertiente es la represión de aquellos conductos autosociales que atacan a los derechos individuales o colectivos.
La confusión viene de la mano de la función represiva de los Cuerpos de Seguridad. ¿Se pueden vulnerar los derechos que la Constitución reconoce en su artículo 15: «Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes», y que no hace exclusión ni de los delincuentes ni de los terroristas? ¿Es permisible, en aras de la eficacia, transgredir estos derechos con tal de evitar, por ejemplo, un secuestro o un homicidio o un atentado?
La historia de la humanidad ha sido muy larga, hasta llegar a nuestros días, ha sido preciso el derramamiento de mucha sangre inocente, hasta conseguir que la ley recoja el derecho a la vida y a la integridad física y mental. El camino ha sido arduo y lleno de dificultades. Que la Constitución recoja un derecho, no significa que se cumpla, en muchas ocasiones, como es el derecho al trabajo, se trata más bien de un deseo, de una meta a la que hay que llegar. Para resolver los problemas, lo primordial es partir de la realidad, sin ambajes ni eufemismos; y la realidad es que existe la tortura.
Sabemos que hacer esta declaración va a suscitar crispaciones y no pocos problemas a muchos policías. No somos chivatos ni hienas, como se nos acusa; simple y llanamente queremos que la tortura no exista. Conocemos mejor que nadie el colectivo policial, porque formamos parte de él, y en razón de esta posición privilegiada nos manifestamos.
Deformación profesional
Existe una gran deformación profesional, debida a la deficiente preparación que los policías hemos recibido. Los policías no somos torturadores; por supuesto que habrá unos elementos psicópatas, pero a ello no es ajena ningún otro cuerpo de la Administración del Estado. La existencia de estas personas enfermas no es razón suficiente para que exista la tortura, son precisas otras circunstancias, jamás en nuestra preparación como policías ni en nuestra experiencia profesional se nos ha dicho que debemos ser los primeros en respetar la ley, que en lo que se refiere al trato que se debe dar a los detenidos, es imprescindible el respeto a todos los derechos que la ley señala, que una persona es inocente en tanto no recaiga sobre ella sentencia firme en contrario. Esta es una de las raíces de lo que ocurre.
Por otra parte, y somos muchos los policías que hemos prestado servicios en el régimen anterior, se nos ha inculcado, con un alto contenido político, un adoctrinamiento en el que no tenía cabida gran parte de los derechos hoy reconocidos: libertad de expresión, libertad política, derecho de manifestación y de huelga, derecho a no declarar, derecho a la asistencia letrada.
Que nadie se llame a engaño, la promulgación de estos derechos no implica que se cumplan. Es necesario arbitrar unos mecanismos para conseguir su cumplimiento. Lo primero y que aún no se ha realizado es adecuar las estructuras policiales a esta nueva situación. No se comprende cómo pueden servir las mismas estructuras si, por ejemplo, cualquier detenido tiene el derecho a no declarar.
Si no se adaptan las estructuras y se sitúa en los puestos. clave de responsabilidad a profesionales que han asumido la Constitución, pueden suceder dos cosas, o que la policía deje de ser eficaz -el primer día que entraron en vigor las normas que posibilitaban la asistencia letrada, sólo pasarán a disposición judicial tres personas en Madrid-, o bien que, poco a poco, se vaya transgrediendo aquellas normas que dificultan la labor policial, lo que de hecho ha ocurrido. No nos podemos asombrar, y menos que nadie los responsables de la seguridad ciudadana.
Por favor; lo que no podemos aceptar es que nos digan, por que es desviar el temaque la policía ha prestado grandes servicios a la democracia. ¿A qué se refiere el señor ministro? ¿A que se logró detener a los responsables de la matanza de Atocha, por ejemplo? De nuevo se confunde lo accesorio con lo fundamental. El primer servicio que la policía tiene que prestar a la democracia es que su actuación sea en todo momento constitucional, que sea la primera en respetar y hacer respetar la Constitución.
Por eso, porque estamos viviendo continuamente el problema, es por lo que solicitamos de una forma pública que se llegue al fondo del problema. Corresponde al Parlamento exigir del Gobierno que se adopten todas las medidas necesarias para conseguir que la policía pueda ejercer su función dentro del ámbito de la Constitución. En la situación actual, o se incumplen las normas o los Cuerpos de Seguridad serán claramente ineficaces con los medios actuales.
Creemos que hasta aquí llega nuestro deber como españoles y como policías a partir de este momento la palabra está en el Parlamento, y, por cierto, ya no, se puede alegar ignorancia.
