El Parlamento catalán comparecerá ante el Tribunal Constitucional

El Parlamento catalán acordó ayer comparecer, representado por su presidente, Heribert Barrera, ante el Tribunal Constitucional para contestar a una demanda de inconstitucionalidad relativa a la incapacidad sucesoria de los hijos nacidos «de trato sacrílego, adúltero o incestuoso», según establece la compilación de Derecho civil especial de Cataluña, en vigor por ley de 21 de julio de 1960.La demanda fue planteada por un juez de primera instancia de Barcelona. Francisco Rivero, como consecuencia de un pleito civil en trámite. Infinidad de demandas sobre posible inconstitucionalidad de determinadas normas vigentes ,de Derecho de familia serían también posibles en cualquier lugar de España, sea su Derecho civil común o foral. La Constitución estableció unos derechos -entre ellos la igualdad de trato a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales- que aún están pendientes de reconocimiento formal mediante la correspondiente ley.

Diversas fuentes parlamentarias criticaron la acción del citado juez, mientras un diputado de Convergencia indicaba en la sesión plenaria de ayer que por lo menos éste se equivocó al dirigir su petición al Tribunal Constitucional y no al Parlamento catalán.

Entre 1960 y 1975 pudo afirmarse que el Derecho civil catalán era más avanzado que el común, pese a la supervivencia formal de instituciones impresentables desde un punto de vista moderno, como la presunción muciana. Pero la comisión compiladora que debía actualizar el Derecho catalán incumplió el mandato que establecía la ley de 1960, relativa a la elevación de una memoria cada diez años, al tiempo que tampoco entraba en vigor en Cataluña la reforma de 1975 sobre derechos de la mujer. Más grave es la situación creada con la aprobación de la Constitución, cuyo contenido obviamente supera en liberalidad y progresismo.

El Gobierno de la Generalidad, y en concreto la Consejería de Justicia, también puede ser considerado responsable de la no adecuación del Derecho civil, ya que, pese a las promesas electorales del partido de Pujol, no existe aún un proyecto de reforma del Derecho civil catalán, a promulgar por el Parlamento catalán, constitucionalmente competente de forma exclusiva en esta materia.