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II Congreso de Unión de Centro Democrático

"Los objetivos han sido fielmente cumplidos, aunque no en su totalidad"

El secretario general de UCD, Rafael Calvo Ortega, detalló en un prolijo informe la actividad del partido, que resumió en la conducción del proceso de transición, en cuanto fuerza, mayoritaria, y su conversión en la primera de las fuerzas políticas españolas. Calvo Ortega aseguró que esta actuación ha respondido a cuatro objetivos principales: consideración de la persona como fundamento primario de la sociedad, consolidación del sistema democrático constitucional, defensa de una concepción pluralista y progresista de la vida y corrección de desigualdades.El extenso informe de Calvo Ortega -más de ochenta folios de poco contenido político- advierte de entrada que su texto fue distribuido en su día a los miembros del Comité Ejecutivo y ha recogido sus observaciones. Divide su contenido en tres apartados, referidos sucesivamente a la labor de gobierno, los grupos parlamentarios y la actividad interna del partido.

De la acción de gobierno se resalta que ha sido en solitario, aunque con apoyos de otras fuerzas en ocasiones, y que se ha adecuado a los objetivos marcados por el primer congreso, que han sido fielmente cumplidos, aunque no algunas metas, en su totalidad. Añade el informe que la tarea de gobierno se ha encaminado a consolidar un modelo de sociedad progresista moderna y occidental, iniciando al mismo tiempo el cambio hacia el Estado de las autonomías.

Tras la elaboración de la Constitución, UCD ha colaborado también en su desarrollo: el Gobierno centrista ha enviado a las Cortes las veintiocho leyes orgánicas previstas, diecisiete de las cuales ya están aprobadas. El desarrollo constitucional podrá estar terminado así en dos años más.

El informe enumera a continuación la serie de medidas que resumen la acción del Gobierno, sector por sector. Así, en cuanto a la construcción del Estado democrático, se destacan la creación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, el Estatuto del Ministerio Fiscal, la toma en consideración de la proposición de ley (socialista) sobre el Defensor del Pueblo, el proyecto de nuevo Código Penal, ya enviado a las Cortes, y las reformas de las leyes de enjuiciamiento.

Libertades públicas y divorcio

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En el capítulo de libertades se cita la proposición de ley por parte de los senadores centristas del Estatuto de las Libertades Públicas, la ley sobre Libertad Religiosa, la de Protección a la Intimidad y la reforma del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico matrimonial.

Sobre el divorcio afirma el informe que hay que esperar «un texto final ajustado a nuestros postulados de estabilidad del matrimonio y la familia, al tiempo que prevé soluciones jurídicas modernas y occidentales para las situaciones matrimoniales de crisis».

Después se enumeran acciones de gobierno en defensa, orden público -donde se citan «aceptables resultados parciales»-, política laboral y de seguridad social, educación -«armonización de los principios de libertad de enseñanza y de igualdad de oportunidades»-, cultura y libertad de expresión, sanidad y pensiones, política económica y reforma fiscal -«necesaria, aunque se afirma que ataca a nuestro electorado»-, agricultura y pesca, industria y energía, vivienda, política exterior y autonomías.

Respecto de estas últimas, el informe reafirma los principios de generalidad, homogeneidad y solidaridad, así como de funcionalidad del Estado, de modo que «los poderes de éste no sean simplemente un resultado de las propias comunidades autónomas». Según

"Los objetivos han sido fielmente cumplidos, aunque no en su totalidad"

Rafael Calvo, el proceso autonómico ha significado hasta ahora un desgaste para el partido, debido a su política de responsabilidad y al desconcierto que supuso el retraso de la decisión de reconducir el proceso por la vía del artículo 143 de la Constitución, además de la falta de coordinación. También reconoce que en Andalucía «transmitimos una imagen centralista y antiandalucista». El Gobierno asume su responsabilidad, dejando claro que UCD es un partido autonomista, el único que tiene un esquema nacional de las autonomías para toda España y que anunció y asumió con responsabilidad el coste de impopularidad de la reconducción del proceso.Grupos parlamentarios descoordinados

La coordinación con el Gobierno no ha sido todo lo completa que se deseaba, y la situación no es satisfactoria. Entre otras medidas, se propone buscar esa coordinación incorporando parlamentarios a la preparación de proyectos de ley y establecer un seguimiento conjunto de los proyectos. Del acuerdo con la Minoría Catalana se dice únicamente que ha dado resultados satisfactorios.

Se detallan a continuación los resultados de los distintos procesos electorales a que ha acudido UCD, y entre ellos la mejora de las elecciones generales de 1979 respecto a las de 1977, la obtención del 49,40% de alcaldías democráticas y la pérdida de posiciones en las elecciones autonómicas de Cataluña y el País Vasco.

De la actuación de los órganos del partido se reconoce el incumplimiento de los estatutos en lo dispuesto para las reuniones del Consejo Político, que deben ser cada cuatro meses, mientras que sólo se han celebrado tres sesiones en dos años y se anuncian medidas estatutarias para corregir esto.

Por último se explican las actividades de las distintas secretarías y se ofrecen datos comparativos sobre la situación del partido: 144.097 afiliados, 2.846 comités provinciales y más de mil locales, cifras que, junto a las de cargos obtenidos en las elecciones arriba citadas, configuran a UCD como el primer partido desde cualquier punto de vista, según Calvo Ortega.

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