El Ejército protege las instalaciones de Iberduero en el País Vasco

Patrullas del Ejército participan desde el pasado sábado en tareas de vigilancia de las instalaciones de la empresa Iberduero en el País Vasco, según confirmó ayer el gobernador civil de Vizcaya, Juan José Izarra. La medida, que no dejó de suscitar cierta sorpresa y expectación en las zonas próximas a las numerosas subestaciones de la empresa eléctrica, se fundamenta en una disposición legal de 1976 que prevé la colaboración del Ejército con las Fuerzas de Orden Público en determinadas tareas de control y vigilancia.

El gobernador civil insistió a EL PAIS en el carácter totalmente normal de una medida que ha solido ser aplicada, dijo, «con ocasión de elecciones o referendos, cubriendo insuficiencias de personal de las Fuerzas de Seguridad del Estado», en base a lo dispuesto en el Real Decreto de 8 de abril de 1971 sobre «colaboración de las autoridades militares con las gubernativas en estado de normalidad».A su vez, la aplicación actual de dicha disposición legal se justifica por la oleada de atentados registrada en los últimos tres años contra diversas instalaciones de Iberduero, constructora de la central nuclear de Lemóniz, con unos daños que la propia empresa evalúa en unos 1.600 millones de pesetas. ETA militar reivindicó el domingo los atentados registrados la semana pasada en las subestaciones de Villabona y Oyarzun, ambas, en Guipúzcoa.

Por otra parte, transcurrido la mitad del plazo dado por la organización terrorista para la demolición de la central de Lemóniz, continúa sin tenerse noticias del ingeniero José María Ryan, secuestrado el pasado jueves y cuya suerte depende, según ETA, del inicio de dicha demolición. La esposa del ingeniero secuestrado, María Josefa Murúa, realizó ayer, a través de la televisión, un llamamiento público a los secuestradores, en el que pide la liberación de su marido y agradece el «apoyo recibido de tan gente».

Comité pro liberación de Ryan

Los trabajadores de Iberduero celebraron a primeras horas de la tarde de ayer una asamblea en las oficinas centrales de Bilbao, donde fueron informados le la creación de un comité pro liberación de Ryan, del que forman parte dirigentes de las principales centrales sindicales y al que serán invitadas a sumarse personalidades de la vida política y cultural y cuantos particulares lo deseen. Entre las posibles iniciativas mencionadas por el grupo promotor del comité figura la de intentar la mediación de antiguos miembros de ETA apartados hoy de la citada organización.Por su parte, las comisiones de derechos humanos y de encuesta sobre la central de Lemóniz, del Parlamento vasco, celebraron sendas reuniones extraordinarias en Vitoria, en las que condenaron el secuestro del ingeniero de Iberduero.

Este pronunciamiento coincide con los realizados por la mayoría de los partidos parlamentarios vascos, que han condenado el secuestro, y a los que ayer se sumó Euskadiko Ezkerra con un duro comunicado.

Por último, la Federación de Ingenieros Industriales de España difundió ayer una nota en la que condena el secuestro de su compañero José María Ryan, «porque atenta gravemente contra los más elementales derechos humanos y contra los derechos que cualquier profesional tiene en una sociedad democrática».

En otro orden de cosas, Iberduero ha evaluado en unos dos millones de pesetas los daños causados por el asalto, en la noche del domingo, de las oficinas de dicha empresa en la localidad vizcaína de Durango por un grupo de personas que poco antes había intentado manifestarse tras la prohibición de los actos programados en homenaje a Goyo Olabarría, militante de ETA muerto hace un año en el curso de una emboscada contra una patrulla de la Guardia Civil en Ispáster (Vizcaya).