El fiscal general del Estado termina su visita a Euskadi

El fiscal general del Estado, José María Gil-Albert, dijo ayer, en Vitoria, al término de su visita al País Vasco, que ningún funcionario de justicia se ha planteado un problema de miedo. «La actividad fiscal tiene como deber promover la acción de la justicia, y si se corre un riesgo cumpliendo cada uno con nuestro deber, hay que arrostrar ese riesgo».

Gil-Albert se entrevistó, durante su último día de estancia en Euskadi, con el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, y con el consejero de Justicia, Carmelo Renobales. En un encuentro posterior con los periodistas, el fiscal general calificó sus contactos en el País Vasco de «cambio de impresiones», e indicó que en sus conversaciones con Renobales se repasaron. problemas pendientes «que, sin dejar de tener carácter nacional, tienen alguna singularidad en el País Vasco».Según el fiscal general, en esta reunión se trató la situación de algunos procedimientos penales que están en trámite y que afectan a inculpados vascos. «La situación que tenemos planteada en estos momentos, antes de que se inicie el estudio del proyecto de ley que desarrolla la prevención constitucional del artículo 17-3, ha sido también motivo de esta conversación.. Hemos hablado de esa ley que config urará en nuestro país, de una manera completa y moderna, el derecho de asistencia al detenido».

Otro de los temas abordados en el encuentro entre Gil-Albert y Renobales fue uno referido a denuncias formuladas y a actuaciones judiciales donde tiene intervención el ministerio fiscal. «Estas denuncias contemplan actuaciones bastante heterogéneas y, electivamente, hay algunas sobre torturas -y malos tratos, delito que está sancionado en el artículo 204 bis del Código Penal».

El consejero de Justicia del Gobierno vasco explicó que le había planteado al fiscal general del Estado los problemas que trae consigo la lentitud en el tratamiento de los sumarios que afectan fundamentalmente a los detenidos vascos.

«En este sentido», dijo, «se ha puesto de manifiesto la falta de impulso existente, que viene dada por la limitación del tipo de juzgados que se ocupan en estos sumarios. Debería tramitarse por el procedimiento de urgencia y arbitrarse además una limitación en el tiempo para que el proceso de estos sumarios no se alargara. Esto significaría también el traslado definitivo de los presos vascos a Euskadi».