Posible impugnación del congreso de Palma de Mallorca

El II Congreso de Unión de Centro Democrático (UCD) puede ser impugnado por los centristas de Badajoz, que estiman no ajustado a las exigencias constitucionales de funcionamiento democrático de los partidos la no elección de los cincuenta compromisarios que corresponden a los 4.500 afiliados pacenses. El secretario del comité local de Don Benito (Badajoz), Esteban Benítez, ha dirigido un escrito al comité de disciplina de UCD, pidiendo que se exijan responsabilidades al secretario general, al presidente, al consejo político y al comité ejecutivo de UCD.Según declaró a EL PAÍS Esteban Benítez, como consecuencia de la suspensión de militancia del presidente provincial de UCD de Badajoz, Enrique Sánchez de León, y del secretario provincial, Decoroso Tovar, entre otros cargos, producida en diciembre pasado, las elecciones de compromisarios no fueron convocadas, ya que la convocatoria es competencia del presidente y secretario provincial. Benítez indicó también que el secretario general del partido, Rafael Calvo, tiene facultades para convocar la elección, y asimismo recordó que el artículo 17 de los estatutos de UCD atribuye al consejo político «interpretar y suplir las lagunas de los estatutos».

En el escrito dirigido al comité de disciplina centrista se manifiesta que los órganos de dirección del partido son responsables de «no haber removido los obstáculos que impedían la celebración de las asambleas locales y provinciales correspondientes a Badajoz, a fin de que los 4.500 afiliados de UCD pudiesen elegir a los cincuenta compromisarios pacenses».

Un grupo de militantes centristas pacenses estudian la interposición de una acción judicial contra UCD, de acuerdo con la Constitución y la vigente ley de Partidos Políticos, que podría alcanzar a la suspensión o disolución de UCD, por no responder al funcionamiento democrático legalmente exigido. El artículo 15 de los estatutos de UCD establece que son miembros del congreso del partido «los compromisarios elegidos en cada asamblea provincial». Por su parte, el artículo 9 considera que todos los afiliados son iguales en derechos y deberes. La imposibilidad de ejercer determinados derechos y deberes -como los de elegir compromisarios, presentarse a la elección de los órganos de dirección del partido o votar y participar en el congreso- conculca la igualdad entre los afiliados y evidencia un funcionamiento no democrático de UCD, según los citados militantes centristas.

Mientras tanto, el ex ministro Enrique Sánchez de León, uno de los sancionados con suspensión de militancia, ha requerido notarialmente al secretario general de UCD, Rafael Calvo, para que le informe sobre su situación disciplinaría.