La normativa jurídica española sobre derechos humanos del refugiado es incompleta

Insuficiencia de la legislación de acuerdo con las normas internacionales, mínima incidencia de los refugiados en el problema del paro y la necesidad de favorecer desde la Administración una relación cultural simétrica entre latinoamericanos y españoles, fueron las principales conclusiones a que se llegó durante las Jornadas sobre los Derechos Humanos del Refugiado, celebradas en Madrid el viernes y sábado pasados.

Las jornadas -que fueron inauguradas por el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván- estaban organizadas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), institución presidida por el senador Justino de Acárate. El objetivo de las mismas, según un miembro de CEAR, era promover una discusión amplia sobre tres puntos fundamentales que afectan a los refugiados: las cuestiones jurídica, laboral y cultural. Asimismo se espera que estas jornadas sirvan para concienciar a la opinión pública sobre el drama de los refugiados y una realidad relativamente reciente en este país: haberse convertido en tierra de asilo.A lo largo de los debates, ponencias y grupos de trabajo estuvieron presentes representantes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Justicia y Trabajo, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), partidos políticos, sindicatos, iglesias, colonias de refugiados, agencias voluntarias -como Cruz Roja y Cáritas- y delegados de organismos extranjeros que se ocupan de la protección de refugiados. Estos últimos coincidieron en señalar que existe, ante la crisis económica, una tendencia restrictiva en los países europeos a otorgar asilo.

Sin incidencia en el paro

Las conclusiones que se extrajeron durante las jornadas no resaltan del todo halagadoras: el profesor Joaquín Ruiz-Giménez y el grupo de trabajo jurídico consideran que la normativa actual en España, con respecto a los refugiados, es seriamente defectuosa y contrasta con la Constitución de 1978. «Las normas no son suficientemente acordes con la Convención de Ginebra de 1951 y sus protocolos», se afirmó. Además, si bien el derecho de asilo está reconocido en la Constitución, el proyecto de ley, correlativa presentado en dos oportunidades por el Partido Socialista Obrero Español se encuentra trabado en las Cortes. Por otra parte, se señaló que existen muchos problemas burocrático- administrativos para obtener permisos de trabajo, residencia y nacionalidad.Serafín Aliaga, de Comisiones Obreras; Manuel Simón, de la Unión General de Trabajadores, y Antonio Luna Roldán, del Ministerio de Trabajo, coincidieron en que los 45.000 refugiados que, aproximadamente, se estima que hay en España -procedentes de América Latina, Africa, Europa del Este y el sureste asiático- no suponen un peligro para la tasa de paro. A la vez, Aliaga y Simón enfatizaron que la acogida de refugiados es una cuestión solidaria, humanitaria y que no puede estar supeditada a la coyuntura económica. Los problemas surgen al buscar trabajo: unos no encuentran, ante otros se levantan los muros de los colegios profesionales, excesivamente celosos, e infinitos problemas para convalidar títulos universitarios y estudios. Y muchos que eligen la venta ambulante para sobrevivir son perseguidos.

Una de las intervenciones más aplaudidas fue la del escritor Manuel Andújar, quien vivió exiliado en México durante casi tres décadas. A través de un sutil e irónico texto, Andújar planteó la necesidad de crear una Universidad Hispanoamericana basada en un espíritu de cooperación y no de competitividad. Habló de una necesaria utopía cultural simétrica, alejada de la retórica hispanista, y dijo que, con la presencia de latinoamericanos en España, la coordinación y cooperación culturales se encuentran ante una oportunidad excepcional.